Detenidos en un centro de ICE en California cumplen una semana en huelga de hambre por las condiciones de su encierro

Una vez que ingresan en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), la vida cambia radicalmente para los inmigrantes indocumentados. Domina la zozobra porque pueden ser deportados en cualquier momento. Pero mientras tanto, están privados de libertad en unas condiciones que en el centro Golden State Annex, en McFarland, California, a unas 130 millas (210 km) al norte de Los Ángeles, han llevado a 42 detenidos a declararse en una huelga de hambre desde el pasado viernes 12 de julio. Los huelguistas han mantenido su protesta durante una semana para denunciar que no se cumplen los estándares de las autoridades en cuanto a cuidados médicos, alimentación o llamadas gratuitas y, además, se producen confinamientos en solitario.

La huelga de hambre sube así la intensidad de una protesta que empezó 10 días antes con un parón en los trabajos, que hacen a cambio de un dólar diario, por parte de 59 detenidos tanto en este centro como el de Mesa Verde, también en California, en la localidad de Bakersfield, a unas 26 millas (42 km) al sur de Golden State Annex. Ambas instalaciones están operadas por GEO Group, una organización con ánimo de lucro que declinó hacer declaraciones a este periódico y refirió los comentarios a ICE. Entre sus reclamos, los detenidos en huelga están demandando que se acabe el contrato que tiene ICE con esta corporación.

Jonathan Montes, de 31 años, es uno de los detenidos que participa en ambas huelgas. Ni come ni participa de labores esenciales dentro de la prisión que se “pagan” con una remuneración de un dólar por día. Montes, que llegó a Estados Unidos cuando tenía dos años y ahora es padre de tres hijos, lleva 13 meses detenido. Calcula que le queda por delante un periodo similar y explica que no están optando por esta forma de protesta por complicaciones nuevas. “Cuando llegué aquí ya había un buen número de problemas”, explica. “Soy lo que se considera un representante de dormitorios y hemos tenido reuniones mensuales con los administradores para hablar, pero los problemas que tenía el primer día siguen estando hoy”.

Montes admite que le cuesta pensar en qué es lo más apremiante que debe cambiar, pero la lista de sus reclamaciones contempla que además de acabar los contratos tanto de Golden State Annex como de Mesa Verde en diciembre de este año —”porque no hay una forma humana de gestionar estos lugares”—, se les conceda la libertad y se revise sus casos de forma justa, incluyendo los reportes semestrales de custodia por ICE. “El hecho de estar aquí, no entiendo por qué. Estoy encerrado por una cuestión civil, a la gente no se le detiene por una cuestión civil”, protesta Montes.

Las autoridades tienen programas alternativos a la detención desde 2004 que permiten a los no ciudadanos a permanecer en sus comunidades, seguir atendiendo sus obligaciones familiares y preparándose para los procedimientos de inmigración o partida.

Otras de las demandas es acabar los confinamientos en solitario. Estas medidas de aislamiento en cárceles y centros de detención en Estados Unidos llevan décadas siendo criticadas por el Comité Contra la Tortura de la ONU. Y es algo que se une a lo que consideran es una violación de los propios estándares del ICE, los cuales incluyen que se provea de una adecuada asistencia médica, incluida la salud mental, comida nutritiva y no caducada; la limpieza de las instalaciones; la vuelta a las llamadas gratuitas a las familias y abogados y el fin de las represalias contra los que protestan contra la violación de esos estándares.

Los huelguistas quieren llamar la atención de quienes pueden cambiar las cosas, en particular el director del ICE, Patrick Lechleitner, y Moises Becerra, el director de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) de San Francisco, entidad responsable de ambos centros.

Desde la organización California Collaborative for Immigrant Justice (CCIJ) se lamenta que en vez de escuchar las peticiones de los huelguistas, haya represalias contra ellos, como la cancelación o la limitación del tiempo al aire libre. Pero también que falte papel higiénico, agua fría, hielo o incluso aire acondicionado en medio de un verano con intensas oleadas de calor que azotan el Estado de California.

Montes dice que ahora hay más detenidos que cuando él llegó —en Mesa Verde hasta la semana pasada había 52 personas y en Golden State Annex el número oscila entre los 300 y 400—, por lo que los problemas, por ejemplo las largas esperas para el servicio médico, ahora son mayores. Además, cree que los detenidos de otros centros pueden estar experimentando las mismas dificultades.

El servicio de inspección del Departamento de Seguridad Nacional hizo en abril una visita no anunciada a Golden State Annex, como suele hacer a distintos centros, y emitió una serie de recomendaciones para cambiar y mejorar algunos aspectos del tratamiento de los detenidos y la gestión de su documentación. El informe reveló además que ICE había pagado 25.3 millones de dólares por camas que no se habían usado. CCIJ, que está trabajando de cerca con los detenidos, afirma que desde esa inspección ICE ha mandado más personas al centro Golden State Annex, lo que ha incrementado la población detenida en un 200% y ha complicado los problemas preexistentes. Desde enero de 2023 hasta marzo de 2024, se pasaron de 130 detenidos a alrededor de 400.

Montes dice que esos 25 millones de dólares le causan enfado. “¿Son 25 millones y no pueden darnos lo básico que necesitamos?”.

Consultado por este periódico, ICE no ha querido comentar sobre la situación de Golden State Annex debido a un “litigo abierto” e indicó que se contactase a GEO Group, la segunda mayor empresa operadora de prisiones privadas de Estados Unidos, quienes tampoco dieron una respuesta.

No se ha dado detalles de qué litigio se trata, pero sí hay varios abiertos. En 2021, un tribunal en Tacoma, Washington, sentenció que GEO Group debía a ex detenidos 17,3 millones de dólares por salarios no pagados al abonarles solo un dólar diario por trabajar en limpieza y cocinas en el centro de detención. Se dictaminó que esa compensación era una violación de la ley de salario mínimo del Estado.

En 2023, Social Justice Legal Foundation interpuso una demanda en nombre de varios detenidos y ex detenidos contra GEO Group por el presunto uso de químicos tóxicos para limpiar los centros de detención, en concreto el californiano de Adelanto. El producto, que lleva años usándose, se empleó con mucha más intensidad durante la pandemia y la exposición a este presuntamente causó problemas de salud a los reclusos.

Y más recientemente, el pasado mes de abril, la organización pro derechos humanos Robert F. Kennedy Human Rights, la red de abogados especializados en inmigración del National Immigration Project y la defensoría pública sin ánimo de lucro The Bronx Defenders demandaron a ICE y GEO Group en nombre del hondureño Ángel Argueta Anariba, quien ha vivido en Estados Unidos desde 1998 y ha estado en centros de detención durante siete años. Argueta participó en huelgas de hambre para protestar lo que consideraba maltrato y condiciones inhumanas y como represalia, según la demanda, se le castigó con confinamiento aislado en varias ocasiones, en una de ellas durante 43 días. Además, dijo haber sido objeto de abuso verbal y físico.

Según la organización Detention Watch Network la pérdida de minutos gratis para hablar por teléfono, que se puso a disposición de los detenidos en 2020, y el deterioro de otras condiciones de vida dieron lugar a mediados de junio a la declaración de otras huelgas de hambre en Moshannon Valley Detention Center (Pensilvania), Elizabeth Detention Center (New Jersey), Batavia Service Processing Center (Nueva York), Orange County Jail (Nueva York) y Desert View Annex (California). Según esta organización, en el centro de Moshannon, cientos de personas tuvieron que hacer frente a represalias por participar en la protesta y cuatro de ellos acabaron en confinamiento en solitario.

Desde Golden State Annex, Montes asegura que llegará hasta donde pueda con la huelga de hambre, que oirá a su cuerpo para determinar cuándo tiene que dejarla, pero también dice que ha oído a las personas que comparten detención con él y está sorprendido con el apoyo que está encontrando. “Son personas que pueden ser deportadas en cualquier momento, pero sienten que es una buena causa”.