La migración en el primer día de Trump: una incógnita entre promesas ambiciosas de mano dura

Los primeros 100 días de una nueva Administración suelen definir las prioridades del Gobierno que se estrena. Pero con Donald Trump esto se sabe desde antes: la política migratoria protagonizará sus primeras medidas. A lo largo de toda la campaña el presidente electo ha prometido una aproximación radical a la migración que incluye deportaciones masivas, cancelación de programas de acogida, cierre de la frontera y cambios legales que conlleven la expulsión de millones de migrantes, con y sin papeles, a quienes culpa de todos los males del país. “Esperamos que haga algo grande el primer día, pero no sabemos exactamente qué”, dice Douglas Rivlin, portavoz de la asociación pro migrantes America’s Voice, aunque podría estar hablando en nombre de millones y millones que miran con inquietud el 20 de enero en sus calendarios, el día que comienza la segunda presidencia de Trump.

En la campaña ya anunció, sin sonrojarse ante el estupor de tantos, que al llegar a la Casa Blanca sería “dictador por un día”. Y durante el gran evento a finales de la campaña en el Madison Square Garden de Nueva York, especificó que no esperaría para desplegar lo que ha sido el núcleo de su discurso y promesas en la contienda electoral: “El primer día lanzaré el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos para sacar a los criminales”, dijo. Con este historial de declaraciones, las órdenes que firme inmediatamente después de la inauguración de su mandato son fuente de incertidumbre, y temor, entre los expertos, las organizaciones que trabajan a favor de los migrantes y la población previsiblemente afectada.

El lunes pasado el presidente electo avanzó que declarará una “emergencia nacional” por el tema migratorio y usará a los militares para poner en acción sus planes, según publicó en su red social Truth. Sin embargo, no queda claro cómo funcionará eso, pues la legislación de Estados Unidos no permite que los soldados detengan directamente a la población civil. Por lo cual, dicen los expertos, lo más probable es que la declaración de emergencia lo que permita sea hacer uso de recursos militares, como edificios, computadoras, vehículos, etc...

Asimismo, declarar una “emergencia nacional” dotaría al presidente de ciertas autoridades extraordinarias, que es improbable que el Congreso limite dada la mayoría republicana en ambas cámaras. Junto con un poder judicial afín, con jueces nombrados por él, incluidos tres de los seis magistrados de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, anulan la posibilidad de una oposición similar a la que tuvo en su primer mandato cuando vetó temporalmente a personas de varios países de mayoría musulmana o buscó acabar con programas de protección para migrantes.

A pesar de tener viento a favor y mares tranquilos, la deportación de millones de personas —la cifra oficial de migrantes indocumentados que se encuentran en el país es de 11 millones, aunque Trump ha dicho muchas veces, sin pruebas, que él cree que son hasta 25 millones—, presenta grandes desafíos logísticos y presupuestarios. Si se aterriza en la realidad, es difícil que el republicano pueda solventar estos obstáculos rápidamente. “La mayoría de los migrantes indocumentados llevan en el país más de una década. Por ello, no se les puede deportar sin haber tenido antes una audiencia ante un juez, y con el atasco de casos que hay en los tribunales, una expulsión masiva no parece muy probable. Tendrían que contratarse cientos de jueces, lo que lleva tiempo”, explica Ahilan Arulanantham, profesor y codirector del Centro de Política y Leyes de Inmigración de UCLA. En la actualidad hay más de tres millones de casos pendientes en los tribunales de inmigración.

Otro problema que enfrentaría Trump es la colaboración de las autoridades locales. Muchos de los Estados donde hay un mayor número de migrantes, como California, Illinois y Nueva York, están gobernados por demócratas, que no permiten que sus agentes trabajen para la agencia federal de inmigración y han asegurado que no van a ayudar al presidente electo en su agenda migratoria. El martes pasado, Los Ángeles se declaró “ciudad santuario”, como ya lo son San Francisco, Nueva York, Chicago o Denver, entre muchas más, lo que implica que protege a los inmigrantes que viven en la ciudad, prohibiendo el uso de recursos y el personal local para llevar a cabo la aplicación de las leyes federales de inmigración. Las “ciudades santuario” también están en el punto de la mira de Trump, y con su control absoluto de las ramas legislativa y judicial, es muy previsible que las termine por ilegalizar.

De todas formas, esto puede terminar siendo un problema menor, pues otros Estados como Florida y Texas, gobernados por republicanos, ya han dicho que están dispuestos a colaborar en un programa de detenciones y deportaciones. De hecho, esta semana Texas se ha ofrecido como base de operaciones para las deportaciones masivas, poniendo un enorme terreno sobre la frontera a disposición del presidente electo, y señalando que es un lugar óptimo para construir centros de detención. El déficit de camas para albergar migrantes en espera de deportación es un gran obstáculo para los planes del republicano.

Halcones con gusto por el espectáculo al mando

El temor y la ansiedad que ha causado entre los migrantes la promesa de deportación se han visto avalados por los nombramientos de Trump para dirigir su política migratoria. Dos de ellos, Tom Homan y Stephen Miller, son viejos conocidos de la comunidad porque diseñaron y ejecutaron la política de “tolerancia cero” que se tradujo en la separación de familias durante el primer mandato del republicano, de 2017 a 2021. Homan fue director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y ahora recibirá el título de “zar de la frontera”. En una entrevista realizada en octubre en el programa 60 minutos, de CBS, la periodista le preguntó si existe alguna manera de llevar a cabo deportaciones masivas sin separar a las familias, a lo que Homan respondió: “Por supuesto que sí, las familias pueden ser deportadas juntas”.

Miller, por su parte, será el jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, papel desde el que supervisará las políticas de inmigración. Otro nombramiento crítico has sido el de la actual gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, férrea defensora de las políticas antiinmigración, como secretaria de Seguridad Nacional.

Trump y su equipo han asegurado que las primeras expulsiones se harán a las personas que ya tienen orden de deportación y a quienes cuentan con antecedentes criminales. “No necesita una orden ejecutiva para deportar a esas personas, pero es posible que lo haga por el teatro que supone”, explica Arulanantham. El Gobierno de Biden priorizó en las deportaciones a quienes tienen historial delictivo y casi iguala los 1,5 millones de expulsiones que llevó a cabo su antecesor. Trump, sin embargo, deportó de forma más indiscriminada, sin tener en cuenta si habían o no cometido delitos.

El cómo lo hará esta vez es la gran incógnita todavía, aunque Homan ya ha advertido de que habrá redadas en los lugares de trabajo. “Eso crea mucho espectáculo, pero son métodos muy ineficientes para arrestar gente y violan muchas normas de la Constitución”, explica Arulanantham. Las organizaciones de migrantes ya están preparándose para enfrentar todas las ilegalidades que la nueva política migratoria pueda suponer. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), ha presentado esta semana una demanda contra el Gobierno federal alegando que ICE no ha proporcionado la información básica sobre sus contratos existentes con compañías aéreas privadas, servicios de transporte terrestre, aeródromos y políticas que rigen los vuelos de deportación, incluyendo aquellos que llevan niños. ACLU sostiene la necesidad de obtener esa información ante la inminente llegada de Trump. Durante su primer mandato esta organización presentó más de 400 demandas contra su Gobierno.

Ilegalizar a quienes residen legalmente

Pero no solo los migrantes sin papeles están bajo la mira de la nueva Administración. Hay varios programas que permiten que extranjeros residan de forma legal, aunque temporal, en el país y que están amenazados con desaparecer. Uno de los primeros programas que cancelaría es el TPS (Estatus de Protección Temporal), creado en 1990 para permitir la residencia a las cuyos países de origen son considerados inseguros. Biden amplió su alcance e incluyó a haitianos y venezolanos. El grupo más grande de beneficiarios es el de El Salvador (195.000 personas), seguido de Honduras (57.000 personas) y Haití (50.000 personas). También estaría en la mira el Parole (permiso) Humanitario, que ha permitido que más de 500.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos entren a Estados Unidos y permanezcan legalmente por dos años si tienen en el país un patrocinador financiero.

Además, casi 600.000 personas podrían estar sujetas a la deportación si acaba, como ya pretendió en su anterior mandato, con el programa DACA. Aprobado durante la presidencia de Barack Obama, este programa concede el permiso para residir y trabajar a quienes llegaron de forma ilegal al país siendo niños. Los llamados dreamers son ya adultos que han echado raíces y formado familias en el que consideran su país. Este programa está actualmente paralizado por un fallo judicial que respondía a una petición de varios Estados republicanos para cancelarlo.

Para frenar nuevas entradas, otra de las medidas que aprobó Biden y que es probable que sea eliminada es la CBP One, una aplicación a través de la cual los migrantes pueden agendar una cita para solicitar el asilo. Casi un millón de personas ha cruzado la frontera de forma legal gracias a ella. Junto con esto, avanzar más en la construcción del muro en la frontera con México y recuperar la política que obliga a los migrantes a permanecer en el país vecino mientras se gestionan sus solicitudes de asilo, son dos medidas más que se espera Trump ponga en marcha en los primeros días de su mandato.

Las organizaciones pro migrantes están alertando del drama y el caos que desencadenarían los planes de Trump, teniendo en cuenta que no solo afectarían a los deportados, sino también a sus familiares. “Son, en realidad, planes masivos de separación familiar. Estas políticas afectarían a más de 28 millones de personas de familias de estatus mixto e indocumentadas, incluidos más de 20 millones de latinos, aproximadamente uno de cada tres latinos en los Estados Unidos”, calcula Phillip Connor, demógrafo de FWD.us.

A las repercusiones sociales se suman las consecuencias económicas, de las que ya han alertado muchos economistas. La pérdida de la fuerza laboral, la caída de la demanda en el consumo y la falta de ingresos por los impuestos que pagan los migrantes, supondrían una caída del crecimiento del PIB de entre un 2,6 y un 6%, una posible recesión. El coste de las deportaciones en sí está calculado en 315.000 millones de dólares por el Consejo Americano de Inmigración. Pero para Trump, como declaró en una reciente entrevista a NBC, eso, ni nada más será un impedimento. “No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos otra opción”.