Los inmigrantes indocumentados contribuyen con 96.700 millones en impuestos

La inmigración se perfila como uno de las preocupaciones políticas más importantes de la campaña electoral, pero desde el punto de vista económico y a medio y largo plazo cuesta verlo como un problema. Uno de los motivos es que buena parte de los indocumentados pagan impuestos y en un porcentaje muy similar al de la media de los contribuyentes estadounidenses, un 26,1%. Las cifras que han estudiado economistas del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) en 2022 apuntan a que ese año unos 10,9 millones de indocumentados pagaron 96.700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. Buena parte de ese dinero, 59.400 millones, fue recaudado por el Gobierno federal.

La mayor parte de los indocumentados terminan trabajando sin autorización y el 86% de sus ingresos provienen de sus salarios. La población migrante tiene una alta participación en la fuerza laboral, pero además los indocumentados trabajan o buscan empleo en una proporción mayor a la de la población nativa. “Aunque solo son el 3,4% de la población total, constituyen el 4,7% de la fuerza de trabajo”, explican en el ITEP.

Así, el cálculo apunta a que por cada millón de indocumentados se ingresan en 8.900 millones adicionales por los salarios que reciben, aunque una parte también llega a las arcas locales derivados de la imposición a compras y otro tipo de actividad económica.

Los impuestos que pagan son más severos y desiguales para estos contribuyentes que para el resto por dos motivos. El primero es que por ley los indocumentados no pueden recibir créditos fiscales significativos como el resto en similar posición económica. Por ejemplo, los indocumentados, aunque tengan familia que son ciudadanos, no cualifican para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC en sus siglas en inglés), una de las herramientas fiscales más importantes en la lucha contra la pobreza. Algunos Estados han abierto esta posibilidad que no existe a nivel federal y permiten reclamar este crédito fiscal con ITIN (número de identificación fiscal) a falta de número del seguro social (SSN).

Tampoco el crédito federal tributario por hijo es posible para muchos indocumentados. La reforma fiscal de 2017 impulsada por Donald Trump incluyó el requisito de SSN para el crédito tributario por hijos, lo que ha impedido que muchos contribuyentes con niños inmigrantes se beneficien de ello a nivel federal.

Además, muchas veces estos contribuyentes no reclaman reembolsos, no solo por la falta de conocimiento sobre ello, sino por “su estatus migratorio y la falta de asistencia a la preparación de impuestos”, según explican en ITEP, un centro de estudios de corte progresista.

El segundo motivo es que con sus contribuciones fiscales están financiando servicios a los que también por ley no pueden acceder. Hace dos años pagaron 25.700 millones al seguro social, 6.400 millones al medicare y 1.800 al seguro de desempleo.

Los datos que maneja este instituto de estudios explican que la mayoría de los indocumentados han llegado del resto del continente americano, y más de cuatro de cada 10 son de México. Casi una cuarta parte son de Asia, África, Europa y de las Islas del Pacífico. Muchos de ellos son contribuyentes desde hace años porque las últimas oleadas se unen a los que llevan sin el estatus migratorio no regularizado una media de 16 años como adultos. Muchos de sus hijos son estadounidenses y las familias tiene un estatus mixto.

Sus contribuciones fiscales están concentradas en un reducido número de Estados. Los que más recaudan por la presencia de indocumentados son California y, a una gran distancia, Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Nueva Jersey.

Desde el ITEP calculan que si estos contribuyentes tuvieran autorización para trabajar aumentarían sus contribuciones fiscales en unos 40.200 millones al año debido a que aumentarían sus salarios y sus tasas de cumplimento fiscal, lo que elevaría su contribución total hasta los 136.900 millones.

Este estudio se añade a conclusiones también reciente del la Oficina Presupuestaria del Congreso, que estima que el incremento de la inmigración reducirá el déficit en cerca de un billón de dólares sobre el periodo 2024-2034. Según este órgano técnico y no político del Congreso, no es solo por las aportaciones positivas al crecimiento económico sino por sus contribuciones fiscales.