El drama ante el fin del ‘parole’: “Huyes de tu país por miedo y ahora tienes más miedo en Estados Unidos”

Desde que la Administración de Donald Trump anunció su proyecto de revocar el estatus legal a las más de 530.000 personas que entraron a Estados Unidos con parole humanitario, Gabriela está evitando salir a la calle. Antes de eso tenía tres trabajos: maestra auxiliar en una escuela primaria, mesera de un restaurante de tacos y recepcionista de una tienda de muebles, en el pueblito de Tennessee donde vive. Ahora solo va a la escuela, que le queda a dos minutos de la casa. Y apenas sale al Walmart el fin de semana, a comprar lo básico.

Aunque ella todavía está legal, ha puesto su vida en pausa mientras espera a cumplir el año y un día dentro del país para aplicar a la residencia permanente por la Ley de Ajuste Cubano. Cuando lo haga, aunque la tarjeta tarde en llegar, retomará su rutina con más confianza. Un proceso abierto “en cierta forma me protege de no ser deportada”, explica. Mientras tanto, piensa seguir encerrada.

“Yo vivo en una zona donde a los inmigrantes se nos ve de una forma un poco complicada. Muy cerquita de aquí surgió el Ku Klux Klan, históricamente ha sido uno de los lugares más racistas de Estados Unidos. Entonces, sobre todo los ancianos, suelen ser bastante cerrados con los foráneos”, cuenta Gabriela, que en realidad no responde a este nombre.

Tiene 25 años, una multa de tránsito por exceso de velocidad y un juicio pendiente porque se saltó una señal de stop y chocó contra un auto. No hubo heridos, pero el otro conductor puso abogados de por medio. Eso sucedió hace meses, cuando Gabriela aprendía a manejar. Son delitos menores, pero ella cree que son suficientes para sentirse insegura y correr el riesgo de ser deportada.

Su parole humanitario, con el que voló desde La Habana hasta Nashville hace diez meses, le dio el beneficio de solicitar un número de Seguro Social, permiso de trabajo y permanencia legal durante dos años. Llegó con la idea de trabajar para que no tenga que hacerlo su madre, que se quedó en Cuba. Y también para ayudar a su hermana, que vive sola con dos niños y la ayudó como patrocinadora de su parole, un programa que implementó la Sdministración Biden en octubre de 2022 para personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Gabriela estaba ahorrando para montar una peluquería. Pero todo eso pasó a segundo plano. “Si me quedo ilegal me va a tocar tirar de la inventiva, como hacen los demás, y tener una buena asesoría legal. Si las cosas se ponen muy complicadas, me tendré que ir. Pero mientras sea factible quedarme aquí, me quedo”.

“Ahorita se vive un aire de represión, autoritario, racista y discriminatorio”

En el caso Leandro, el venezolano tuvo que esperar seis meses hasta la aprobación del parole que le patrocinó su hermana, y luego cruzar la frontera con Colombia porque no hay vuelos directos desde Venezuela hacia Estados Unidos. Pensó que esa iba a ser la única frontera que cruzaría en su vida. En septiembre de 2023 llegó al aeropuerto de Houston y se estableció en esa ciudad texana.

Comenzó en una empresa de seguros, pero encontró rápido un puesto en Tesla como soporte técnico bilingüe, y las cosas empezaron a irle bien. Buen salario y toda la familia junta. Él había sido el último en salir de Caracas. Allí era abogado en una ONG de Derechos Humanos. “Movilizar gente para ciertas causas, hacer peticiones públicas en los medios y todas esas cosas al final te afectan y te hacen un blanco directo del gobierno”, asegura. “Consideré que lo más prudente era salir de allá porque no le veía futuro a la situación”.

Como su parole vence en siete meses, Leandro aplicó al asilo político poco antes de que Trump asumiera la presidencia. No está en peligro de que lo deporten, pero no puede solicitar el permiso de trabajo que otorga el asilo porque no han pasado los 150 días reglamentarios para que lo haga. Así que, si la nueva Administración le revoca sus beneficios, va a quedarse sin empleo. “Me siento contento con el trabajo que tengo. Puedo usar mi intelecto, tengo oportunidades de crecimiento y todo eso que sentía perdido en Venezuela. En dos años acá he logrado cosas y ahora siento que están pendiendo de un hilo”, explica.

A sus 30 años, Leandro no está seguro sobre si va a emigrar a otro lugar o qué va pasar con su vida. No depende de él, en muchos sentidos, sino de las decisiones que Trump y su gabinete están tomando desde el 20 de enero. “Yo creía que el ejemplo de país avanzado era Estados Unidos, pero ahorita se vive un aire de represión, autoritario, racista y discriminatorio. Nunca me imaginé utilizar esos adjetivos para referirme a este país, pero los estoy usando porque es así”, dice.

Ha pensado en irse a España. Regresar a Venezuela es un suicidio. Pero no quiere irse a ningún sitio, lo considera migración forzada. A veces le dan ganas de sumarse a las manifestaciones que están ocurriendo por toda la nación a favor de los derechos de los migrantes. Pero teme que lo detengan, lo deporten o le levanten cargos que le afecten su proceso de asilo. “Quizás por intentar ejercer tu derecho acá te puedes meter en un problema más grande. Entonces hasta en eso yo me siento como si estuviese otra vez en Venezuela, donde la gente no salía a protestar por miedo a lo que pudiese pasar. Huyes de tu país porque tienes miedo y ahora tienes todavía más miedo”.

Kevin conoció a su esposo en un karaoke y se casaron rápido, hace seis meses. El esposo es ciudadano estadounidense y Kevin podría solicitar la residencia como cónyuge mediante la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero no ha comenzado el trámite porque no tiene el dinero. “Con un abogado privado me cuesta hasta 9.000 dólares”, dice. Así que, mientras termina de reunirlo, su única protección en el país es el parole con que entró.

Tiene 38 años y trabaja como promotor comunitario de un programa de apoyo para poblaciones vulnerables en Austin, Texas. En Nicaragua, donde nació, estudió psicología con especialidad en psicoterapia. Pero salió huyendo en cuanto tuvo la oportunidad de que una prima patrocinara su estatus. “Decidí irme por la persecución política que hay allá contra los que no piensan igual que la dictadura. Yo era un poco activista. No fui tan vistoso, pero estaba en contra”, apunta.

También lo hizo por lo mal que lo trataba todo el mundo por su orientación sexual. Una vez, dice, le rompieron un brazo de tanto golpe. “Cochón”, le gritaban. Pero apenas pisó Austin, en marzo de 2023, se unió a un coro y a un grupo de teatro Pride Queer y se inscribió como voluntario en una organización LGBT. “Fue un alivio venir y dejar de sentirme tan discriminado”.

Sin embargo, ahora tiene tanto miedo de que lo devuelvan a Nicaragua como de estar en Estados Unidos. “Se siente la presión sobre nosotros, especialmente los latinos. Si un día de estos nos quitan el estatus, yo sé que en cualquier momento pueden venir a deportarme, porque cuando vos tenés parole humanitario, tenés que avisar cuándo cambiás de dirección, de número, de todo. Eso me tiene con mucha ansiedad”.

Muchos migrantes solicitan el asilo político porque les da la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo y de quedarse legalmente en el país mientras se resuelve el caso. Suele ser un proceso bastante largo, incluso de años, pero le permite a la gente ganar tiempo. Kevin podría demostrar su caso, pero prefiere la opción del matrimonio.

“Me da miedo hasta ver pasar una patrulla. Trump quiere declarar el parole como algo ilegal, entonces aunque uno esté legal, ya les da la excusa para perseguirte. Si me regresan para Nicaragua y allá se dan cuenta de que publiqué algo contra el gobierno en las redes sociales, o no me dejan entrar o me meten preso”.