El Supremo frena temporalmente la vuelta a Estados Unidos del salvadoreño deportado por error a la prisión de Bukele

John Roberts, el juez presidente del Tribunal Supremo, ha frenado este lunes de forma temporal la orden que había dado una jueza de distrito para devolver a Estados Unidos a Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño de 29 años y sin antecedentes penales que fue deportado por error, pues contaba con una protección contra su expulsión desde hace seis años. El Gobierno de Donald Trump ha admitido su equivocación al enviar a Abrego de vuelta a su país, donde se encuentra recluido en la prisión de alta seguridad de Nayib Bukele. Al mismo tiempo, Washington se ha resistido al mandato judicial que lo obliga a corregir el error, pues asegura que Abrego ya no está bajo su custodia y que no puede hacer nada.

La decisión de Roberts deja sin efecto la orden de un tribunal inferior emitida el viernes. Paula Xinis, una jueza federal de Maryland, calificó la deportación de “ilegal” y fijó un plazo que vencía la medianoche de este lunes para que la Administración regresara a Abrego García. Este fallo fue recurrido rápidamente por el Gobierno, quien argumentó en los tribunales que la jueza estaba incurriendo en “diplomacia judicial”, pues no puede dictar al Estado cómo debe relacionarse con una nación extranjera.

“Si este precedente se mantiene, otros tribunales de distrito pueden ordenar a Estados Unidos negociar con éxito el retorno de otros deportados en cualquier parte del mundo”, escribió el sábado John Sauer, el abogado del Gobierno, al recurrir la decisión de Xinis, una jueza que llegó al banquillo en la presidencia de Barack Obama. El Supremo analizó la petición porque el Tribunal Constitucional decide los recursos que se presentan en las cortes de Maryland.

El togado del Supremo da la razón al argumento de Sauer. Roberts ha dado la oportunidad de responder a los abogados de Abrego García antes de la tarde del martes. Estos, no obstante, ya han presentado ante el Tribunal la contestación a un caso que ha generado mucho interés por las repercusiones que tiene para los derechos civiles dentro de la dura operación de deportaciones que ha puesto en marcha Donald Trump.

Para Andrew Rossman, el letrado que defiende al ciudadano salvadoreño, el caso no se trata de las facultades que tienen los tribunales de distrito, sino del debido proceso y los derechos de las personas en Estados Unidos. “Está bien establecido que los poderes amplios no son poderes ‘sin límites’, y este tribunal ha adoptado una interpretación flexible sobre la separación de poderes”, escribe Rossman, quien trabaja para un muy destacado bufete de abogados de Nueva York. Y añade: “La orden del tribunal de distrito para que el Gobierno ‘facilite y efectúe’ el retorno de Abrego García solo pide al Gobierno corregir el error que ellos mismos han admitido, asegurando así que el presidente cumpla con su obligación de respetar las leyes que son ejecutadas”.

La jueza Xinis expuso en su decisión las dudas sobre la detención con fines de extradición de Abrego García, realizada afuera de una tienda departamental mientras el hombre esperaba conseguir un trabajo para el día. La magistrada afirma que las únicas pruebas de las autoridades para detenerlo fueron su vestimenta y los dichos de un testigo anónimo que colabora con la Justicia, quien afirmó que el Abrego García pertenecía a una célula de Nueva York de la pandilla MS-13, que ha sido declarada por la Administración como una banda terrorista internacional. Xinis calificó de infundada la acusación, pues el ciudadano salvadoreño nunca ha vivido en Nueva York.

Abrego García llegó con 16 años a Estados Unidos proveniente de El Salvador, de donde huyó por las amenazas de muerte recibidas por las pandillas. Un juez de migración determinó en 2019 que este riesgo era creíble y autorizó su permanencia en territorio estadounidense. El salvadoreño está casado con una ciudadana estadounidense, y reside en Maryland con su familia: un hijo común discapacitado y dos hijos más de la anterior relación de su esposa.

Sus abogados han alertado del riesgo de Abrego García aumenta cada minuto de su estancia en la prisión Cecot, construida por Bukele y que sirve de referencia al Gobierno de Trump. La Administración está luchando en un juicio por separado para que el Poder Judicial le permita seguir volando a El Salvador a ciudadanos venezolanos bajo la sospecha de pertenecer a otro grupo criminal, el Tren de Aragua. Las cifras oficiales indican que solo el 0,08% de la diáspora venezolana en Estados Unidos pertenece a esta banda.