Una jueza se inclina por frenar la desaparición del ‘parole’ que protege de la deportación a medio millón de inmigrantes

Revés para la ofensiva antimigrante de Donald Trump. Una jueza federal ha señalado este jueves que otorgará una medida cautelar contra la desaparición del parole humanitario que la Administración anunció el mes pasado. La orden de Washington quitaba el estatus legal a más de medio millón de inmigrantes llegados en los últimos años desde Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. La decisión judicial da un respiro para cientos de miles de personas, quienes podrán permanecer en el territorio estadounidense hasta que se agote su estancia legal, vigente por dos años. El fallo de la jueza llegará en las próximas horas.

Indira Talwani, una jueza de distrito de Boston, consideró en una audiencia celebrada esta mañana que la Administración interpretó de manera deficiente la Ley de Procedimientos Administrativos, el estatuto citado para revocar el parole humanitario, que prevé los pasos a seguir cuando el Ejecutivo pretende dar marcha atrás a una política vigente.

El expresidente Joe Biden empleó esta protección legal, una especia de libertad condicional migratoria, para atenuar y controlar la entrada al país a los migrantes de los países americanos mencionados, así como a más de 200.000 ucranianos y rusos que huyeron del conflicto al este de Europa. Otros 75.000 afganos, algunos de ellos intérpretes para los militares estadounidenses destacados en el país asiático, también recibieron el beneficio.

Trump deseaba que el primer grupo, de latinoamericanos, abandonara Estados Unidos para el 24 de abril. Los inmigrantes del segundo grupo, europeos, recibieron a inicios de este mes un correo electrónico que los invitaba a abandonar el país. Un portavoz de Seguridad Nacional, no obstante, afirmó que la comunicación fue enviada por equivocación.

“Están convirtiendo en una prioridad a la gente que obedeció las reglas, no a quienes saltaron la frontera”, aseguró este jueves la jueza Talwani, quien asumió sus funciones en la corte de distrito durante la presidencia de Barack Obama. Talwani consideró “confusas” muchas de las políticas que Trump ha puesto en marcha de forma simultánea para deportar a unas 21 millones de personas, un número proporcionado este jueves por Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, durante una reunión del Gabinete.

Varias organizaciones de derechos humanos y los abogados que representan al Gobierno de Trump argumentaron en un par de audiencias celebradas esta semana. Brian Ward, uno de los letrados gubernamentales, afirmó que la jueza Talwani no tenía facultades para frenar la desaparición ordenada por el Ejecutivo, y que la suspensión solo podría beneficiar a las 20 personas representadas por las asociaciones civiles que demandaron a la Administración. Estos viven en Nueva York, Georgia, Nebraska, Wisconsin y California, entre otros lugares.

“Otorgar una suspensión a todos [los 530.000] puede ser demasiado amplio y problemático”, aseguró Ward el lunes. Esther Sung, la abogada principal de Justice Action Center, dijo entonces que el Gobierno buscaba “cerrar no solo las puertas, sino también las ventanas” para los miles de beneficiarios del parole. La gran mayoría de estos migrantes legales tienen patrocinadores económicos dentro del país, algo que también fue tomado en cuenta este jueves por la magistrada.

El parole ha sido utilizado como complemento de la política inmigratoria desde la presidencia de Dwight Eisenhower (1953-1961), quien abrió las puertas del país a unos 30.000 húngaros que huían de la Unión Soviética. Las organizaciones afirman que ha sido empleada en 125 ocasiones por gobiernos tanto demócratas como republicanos.

El parole ayudó a disminuir el número de venezolanos que la Patrulla Fronteriza encontraba cruzando la frontera de manera irregular. Eso hizo que el Gobierno expandiera el beneficio a los cubanos, haitianos y nicaragüenses, quienes se convirtieron en inmigrantes legales a través de procesos seguidos en la aplicación CBP One, que hoy solo ofrece la posibilidad de autodeportarse.