La corrupción del sistema judicial de Guatemala salpica al Gobierno de Colombia

El nuevo caso que la Fiscalía de Guatemala abrió este lunes contra el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, tiene casi nulas posibilidades de prosperar, pero el anuncio dice más sobre la profunda crisis de corrupción dentro del sistema judicial guatemalteco que sobre el acusado. Además, con esta movida, la Fiscalía del país centroamericano escala aún más esta crisis que arrancó con una dimensión nacional pero que cada vez más se salpica al plano internacional.

El caso penal contra Velásquez es difícil para la Fiscalía de Guatemala por varias razones. Primero, porque como antiguo jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo que era apoyado por la ONU, Velásquez tenía inmunidad para trabajar con libertad, al igual que los que investigaban con él. Segundo, porque el ahora ministro de Defensa colombiano cuenta con el apoyo incondicional del presidente Gustavo Petro. “Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez”, dijo el presidente. Tercero, y más importante, porque el caso legal no tiene pruebas contundentes en su contra.

En su exposición ante los medios, el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche dice que Velásquez tenía “pleno conocimiento de las oscuras o corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht”. Para eso muestra una serie de correos que no demuestran ninguna actitud delictiva. Lo que demuestran es que Velásquez estaba siendo informado, y dando su visto bueno, para que se llevaran a cabo acuerdos de cooperación de la justicia con exdirectivos de la constructora Odebrecht. Esos acuerdos han sido usuales y legales en varios países: se busca información sobre quienes han pagado sobornos en el país a cambio de cierto tratamiento legal privilegiado. Y en el caso de Guatemala, además, estos acuerdos fueron avalados por la Corte Suprema de Justicia.

“Que lo acusen de obstruir la justicia es un caso que no tiene pies ni cabeza”, dice a EL PAÍS Juan Pappier, subdirector en funciones de la división para las Américas de Human Rights Watch. Pappier explica que el Ministerio Público de Guatemala canceló este acuerdo de cooperación, el año pasado, “con argumento jurídicos absurdos, y ahora persiguen a quienes investigaron y liberan a los investigados”. Entre los investigados liberados están el exministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y el excandidato presidencial Manuel Baldizón, los dos acusados de recibir sobornos de Odebrecht por millones de dólares a cambio de otorgar proyectos a la constructora.

Pappier insiste en que más allá del caso Iván Velásquez, con pocas posibilidades de prosperar, el anuncio de la Fiscalía este lunes es preocupante para “los guatemaltecos que están sujetos a persecución por un sistema judicial cooptado por intereses corruptos”. El fiscal Curruchiche también anunció una orden de captura, ya aprobada por una juez, contra los siguientes cuatro ciudadanos: Thelma Aldana, exfiscal general; Mayra Véliz, exsecretaria del Ministerio Público; David Gaitán, exfuncionario de la CICIG; y Juan Pablo Carraso, presidente de Cámara de Comercio Americana en Guatemala y cónsul honorario en Bulgaria. Varios de ellos viven hoy fuera de Guatemala. Aldana, una de las juristas más reconocidas contra la corrupción, vive en el exilio desde 2019.

David Gaitán, por su lado, trabaja ahora con la reconocida ONG Transparencia Internacional, una institución que defiende el estado de derecho y que ya se pronunció contra el Ministerio Público de Guatemala. “Transparencia Internacional exige que Guatemala retire los cargos inmediatamente contra estos defensores anticorrupción”, dice un comunicado. “Especialmente porque el Gobierno firmó un acuerdo internacional y legal que le proveía inmunidad a todos los miembros de la CICIG, los cargos contra David Gaitán deben ser retirados. Le pedimos a la ONU que le exiga al gobierno sus compromisos para proteger a aquellos luchando contra la corrupción en la CICIG”.

La ONU no se ha pronunciado aún, pero sí lo hizo Brian Nichols, el subsecretario de Estado de EE UU para el Hemisferio Occidental. “Preocupado por las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el estado de derecho y la confianza en el sistema judicial de Guatemala”, escribió en su cuenta de Twitter

Y es que el sistema de corrupción en la justicia guatemalteca, que ahora generó una crisis diplomática con Colombia, lleva un tiempo en la mira de Estados Unidos. En 2022 el fiscal del caso, Rafael Curruchiche, fue incluido en una lista del Gobierno norteamericano que señala a las personas que han “amenazado las instituciones o procesos democráticos, han estado comprometidos con actos significativos de corrupción o han obstruido investigaciones de esos actos de corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador”. Su jefe, la fiscal general Consuelo Porras, también está en esa lista.

Curruchinche también encabezó el año pasado el proceso penal contra José Rubén Zamora, reconocido periodista y fundador de elPeriódico, un caso sin fundamentos que fue condenado internacional. La jueza que aprobó las órdenes de captura el lunes, Carol Patricia Flores, también fue señalada en 2018 de corrupción: la CICIG pidió entonces quitarle la inmunidad para investigarle por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

¿Quién puede estar detrás de estas nuevas órdenes de investigación y captura contra Velásquez y los cuatro guatemaltecos? La corrupción del sistema judicial no tiene una única cabeza, concuerdan tres expertos en Guatemala que consultó EL PAÍS, y los enemigos que tienen los fiscales anticorrupción son infinitos. Lo que está detrás es lo que se llama el “pacto de corruptos”: un acuerdo entre empresarios, políticos y militares para frenar o reversar las investigaciones en su contra, y vengarse de quienes las impulsaron en la década pasada. Este pacto tiene a más de 35 fiscales y jueces anticorrupción en el exilio, la mayoría porque el Ministerio Público ha abierto investigaciones espurias contra ellos.

“Está tomado casi todo el sistema de justicia por el pacto, pero no es fácil saber quién es la mente brillante que maneja casos como estos, porque una mente brillante obviamente quiere quedarse en la sombra”, dice a El PAÍS Alejandra Gutiérrez, periodista y directora del medio Agencia Ocote. El país centroamericano vivía en 2015 lo que se llamaba la “primavera guatemalteca”: la CICIG acusó de corrupción al entonces presidente Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta Roxana Baldetti, y una serie de protestas lograron sacar a Molina del cargo. La CICIG también acusó a varios empresarios, ministros, diputados, hasta la familia del expresidente Jimmy Morales en 2018—parecía que Guatemala iba camino a derrotar la corrupción de la mano de valientes jueces y fiscales sin temor a investigar al poder.

Pero lo que pasó fue completamente lo contrario. Morales expulsó a Velásquez de Guatemala en 2018 y exigió el cese de funciones de la CICIG en 2019. “Empezó entonces un ejercicio de venganza, o de procurar que se mantenga el statu quo, y ese statu quo es el de la impunidad”, dice Gutiérrez. En 2018 llegó Consuelo Porras al Ministerio Público y desde entonces han aumentado las investigaciones espurias contra los jueces y fiscales anticorrupción—su cuatrenio fue renovado en 2022 por el actual presidente, Alejandro Giammattei, que ha ignorado las acusaciones de Estados Unidos contra Porras.

La Agencia Ocote recientemente publicó una investigación en la que demuestran que “dos docenas de procesos contra funcionarios que investigaron y juzgaron casos de corrupción” fueron interpuestos por una organización de derechas en defensa de los militares: la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). Las denuncias, explica la investigación, no solían prosperar en los primeros años desde que se fundó la FCT, en 2013, pero “la suerte de sus solicitudes cambió durante la gestión de Consuelo Porras como fiscal general, y luego de la salida de la CICIG, y la nueva conformación de la Corte de Constitucionalidad”.

Sin embargo, no es posible saber actualmente si en este caso también es la FCT la que está detrás de las cuatro órdenes de captura y la investigación de Iván Velásquez. “No es posible porque Iván Velásquez y ellos tocaron tantos intereses, políticos, empresariales, que podría ser cualquiera”, dice un investigador de estos casos espurios que prefiere no revelar su nombre. Ante este panorama, los nuevos casos legales difícilmente tendrán un camino justo, pero la crisis del sistema de justicia guatemalteco cada vez se vuelve más hondo, tanto dentro como fuera del país.

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