Yolanda Perea: “Todavía no existe una política para proteger a los líderes sociales en Colombia”

El día de su cumpleaños número 39, Yolanda Perea recibió un paquete en su casa. Adentro estaba el corazón de una vaca lleno de clavos y un mensaje: “El último es el mejor”. Le advertían que ese era su último cumpleaños. Perea, que se la ha pasado toda la vida huyendo de la guerra, tuvo que dejar su casa de nuevo. “Me tocó salir de donde estaba a la una de la madrugada, huyendo, buscando donde esconderme con mis hijos”, cuenta por teléfono la activista afrocolombiana, defensora de los derechos de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado.

El hostigamiento que sufren los líderes sociales en Colombia es histórico, pero las recientes denuncias de amenazas de defensores de derechos humanos, como Leyner Palacios, o el asesinato de figuras comunitarias como el líder indígena Marcos López, el 10 de febrero, evidencian que incluso con el Gobierno de Gustavo Petro, impulsado por liderazgos sociales, siguen estando solos. “No hay una institucionalidad que nos acompañe. Se necesita empezar ya a trabajar a profundidad en la protección de los líderes sociales. Es necesario que se convoque de manera urgente al Comité nacional de garantías para la seguridad de los líderes sociales”, señala Perea, que le reclama al Gobierno que implemente y le destine recursos al Conpes 4063, una crucial hoja de ruta que establece directrices dirigidas a garantizar y respetar la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia.

El documento, firmado durante el Gobierno de Iván Duque, plantea todo un despliegue institucional para contrarrestar la vulnerabilidad de los líderes sociales, pero, a juicio de Yolanda Perea, no se ha implementado. El año pasado fueron asesinados 215 líderes. Este año van 17. Perea, excandidata al Congreso, acompañó la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez. Tras seis meses de Gobierno, se declara sorprendida por el silencio frente a las amenazas que denuncian. “La verdad, mi corazón está arrugado porque ni siquiera hay un pronunciamiento”, dice Perea sobre los incesantes hechos de violencia de los que son víctimas.

“Antes de ayer mataron a un compañero en Antioquia, hace tres días a otro en Córdoba. Cada vez que uno hace una denuncia, tiene que esconderse para no morir”, denuncia Perea, que se ha tenido que esconder desde que era una niña. En 1995, cuando tenía once años, fue agredida sexualmente por un guerrillero de las FARC y su mamá fue fusilada como represalia por haberlo denunciado. Yolanda Perea, huérfana, tuvo que huir de Riosucio, en el Chocó, y no ha podido volver.

Esta semana Leyner Palacios, el excomisionado de la Verdad y sobreviviente de la masacre de Bojayá, denunciaba amenazas en su contra. Como Perea, también hablaba de tener que esconderse para no ser asesinado. “He comprendido que la amenaza es la puerta al cementerio”, escribió en un mensaje en Twitter en el que pedía auxilio.

Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, explica que aunque han disminuido los niveles de agresión a la población civil, en el caso de los líderes sociales, que enfrentan las disputas por los territorios, siguen las amenazas. ”Sobre todo en territorios de pueblos étnicos, donde buena parte de la violencia se debe a que hay empresarios, políticos, nacionales e internacionales, que quieren apoderarse de estos territorios colectivos, que significan la tercera parte de la territorialidad colombiana”.

Son más o menos 34 millones de hectáreas, según sus cálculos, que habitan mayoritariamente las comunidades negras e indígenas. “Hay una especial agresión, el desplazamiento forzado en estos territorios es del 85%. Los líderes son amenazados porque son un ‘estorbo’”, dice González Posso, que menciona el Chocó para ejemplificar las múltiples disputas que se pueden vivir en solo lugar: por el oro, por la madera, por las rutas del narcotráfico.

El investigador cree que la propuesta de paz del Gobierno no ha generado un aumento en la violencia; al contrario, dice que las negociaciones y acercamientos con una docena de grupos armados han permitido un desescalamiento en ese sentido. “Lo que hay ahora es más vigilancia, y es precisamente porque hay una expectativa de paz que también hay más denuncias, más activismo y empoderamiento de las comunidades”, señala.

La organización que preside ha registrado, durante 2023, 17 asesinatos a líderes sociales. El último de los crímenes ocurrió el 18 de febrero en Carepa, Antioquia, donde el líder sindical Jorge Alejandro Chica fue atacado con arma blanca. Durante el mismo fin de semana fue asesinado Milton Rocha Peña, un líder campesino que días antes de su muerte denunció amenazas. “Tengo miedo, me pueden matar”, había alertado a sus amigos.

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