Colombia se asoma al horror de los hornos en los que los paramilitares desaparecían cuerpos en la frontera con Venezuela

Colombia busca superar uno de los capítulos más atroces, otro más, de su degradado conflicto armado. Las ruinas de uno de los hornos crematorios en los que los paramilitares desaparecían los cuerpos de sus víctimas en lo más álgido de la guerra, fue el escenario este martes de un emotivo acto de reconocimiento y no repetición en Juan Frío, un paraje rural que bordea el río Táchira, que marca la porosa frontera con Venezuela, en el departamento de Norte de Santander. “Vemos este acto como uno más en la búsqueda de la paz total”, declaró, solemne, el canciller, Álvaro Leyva, al cierre de un evento que convocó a personas que sufrieron la desaparición forzada de sus familiares con uno de sus principales victimarios, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que envió un mensaje grabado desde una penitenciaría en Estados Unidos. Cientos de restos de desaparecidos todavía están enterrados en fosas comunes del lado venezolano, aseguró el antiguo señor de la guerra.

La fronteriza comunidad de Juan Frío ha sufrido lo indecible en lo que va de este siglo, desde la entrada a sangre y fuego del Bloque Catatumbo de las llamadas Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), que buscaba sacar de la región a las guerrillas de las FARC y el ELN. “La sociedad nos convirtió en victimarios por tener que convivir con estos grupos y personas hasta hacernos sentir despreciados”, se lamentó Fidedigna Gómez, una de las víctimas que tomó la palabra para hacer honor a su nombre, hablar de todo tipo de padecimientos y destacar la resiliencia de sus vecinos. “La estigmatización que nos dejaron nos afectó en lo laboral, en lo psicológico, económico y cultural… el miedo, la tristeza, la agresión, la depresión, la paranoia, la ansiedad y la misma muerte siguen rondando”, aseguró Gómez, que busca a su padre desaparecido desde hace más de 20 años. Cuando el horno era un trapiche, emanaba un olor a miel de caña que después se convirtió en el hedor de carne quemada, rememoró. “Lo que el río se llevó, lo que los chulos y los perros se comieron, quién va a dar fe de esto”, se preguntó.

“Quienes lo vieron y lo padecieron cuentan que por sus ríos bajaban los cadáveres desmembrados de los vecinos y desconocidos. Algunos incluso aún agonizando, y en ocasiones había que hacerlos a un lado para poder navegar el río”, relató Helena Urán Bidegain, asesora de la Cancillería para Asuntos de Paz y No repetición. Ella es también una víctima como hija del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, que sufrió la toma del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19 y después fue torturado, asesinado y desaparecido por militares en la retoma, una historia que cuenta en el libro Mi vida y el Palacio (Planeta, 2020). “Los métodos se tornaron sistemáticos y cada vez más inhumanos, vinieron entonces los hornos crematorios, el río no era ya suficiente y buscaban otras maneras de desaparecer a seres humanos, vivos y muertos”, detalló en su reconstrucción.

La desaparición es uno de los peores crímenes de cualquier guerra, pues produce un duelo suspendido, congelado en el tiempo. “Las atrocidades, como realizar mutilaciones de cuerpos, tirar sus restos a ríos, o quemarlos en hornos crematorios en otros momentos del conflicto armado, muestran la extensión de la deshumanización y del horror a gran escala”, dice un pasaje del informe final de la Comisión de la Verdad, que señala cómo dichas prácticas fueron parte de las escuelas de formación de grupos paramilitares.

El Gobierno de Gustavo Petro ha puesto a la diplomacia colombiana al servicio de la paz, y en especial a su idea de la paz total, con la que se propone implementar con mayor decisión el acuerdo con las extintas FARC, dialogar con el ELN y adelantar una política de sometimiento para grupos criminales como el Clan del Golfo. La Cancillería, en atención a las recomendaciones de no repetición de la Comisión de la Verdad, ha asumido un compromiso con las víctimas transnacionales. “Esta no es la única fosa, son muchísimas más”, remarcó a su turno el canciller Leyva, quien recordó con insistencia que las víctimas, y las garantías de no repetición, están en el centro del acuerdo con las FARC.

Los habitantes de la frontera han sufrido la guerra con particular intensidad. Las AUC llegaron en septiembre del año 2000 a Juan Frío, donde inauguraron la práctica de quemar cuerpos para desaparecerlos. Los máximos responsables son los miembros del Bloque Catatumbo de las AUC, comandadas por Mancuso y Jorge Iván Laverde, El Iguano. Laverde ha relatado ante la justicia diferentes formas de complicidad entre los paramilitares y autoridades del Estado. Según su versión, la idea de utilizar los hornos se originó en una alerta que les hicieron llegar desde la Fiscalía sobre inminentes investigaciones en la zona. Si las autoridades encontraban los cuerpos que ellos habían desaparecido, eso provocaría un escándalo que atraería los focos, y por eso comenzaron a utilizar los hornos de ladrillo como crematorios para desaparecer evidencias y maquillar las estadísticas. Esa práctica después se extendió a otras regiones del país, como lo han documentado varias sentencias judiciales.

Mancuso, uno de los protagonistas más conocidos de la guerra, aseguró en su mensaje que más de 200 personas desaparecidas por las AUC están en fosas comunes del lado venezolano de la frontera. Pidió al canciller Leyva que realice gestiones ante el Gobierno de Venezuela para recuperar los restos e incluso se ofreció a colaborar en la búsqueda. El jefe de la diplomacia colombiana se mostró confiado en que el restablecimiento de relaciones con Caracas permita explorar esa posibilidad.

Las AUC se desmovilizaron entre 2003 y 2006. Luego de acogerse al proceso de Justicia y Paz, Mancuso fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Con esa pena cumplida, está a la espera de regresar a Colombia, donde es acusado de coordinar más de un centenar de masacres. Desde su cárcel norteamericana rindió testimonio ante la Comisión de la Verdad y ha pedido con insistencia que se le permita someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues asegura que su confesión revelaría vínculos aún desconocidos entre el poder económico y el grupo armado que dirigió. El exjefe paramilitar también tendrá a partir de este miércoles una audiencia única de verdad, su última oportunidad para probar ante el sistema de justicia transicional que fue un punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública. De los aportes que haga dependerá la definición de su ingreso a la JEP.

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