La bancada del Pacto Histórico acude a la CIDH para evitar que la Procuraduría los suspenda

La bancada del Gobierno de Petro, movimiento del Pacto Histórico, ha decidido este miércoles recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar que la Procuraduría suspenda a varios de sus representantes y senadores. El grupo parlamentario ha denunciado que al menos seis de sus congresistas se encuentran en riesgo de perder sus curules por investigaciones de la entidad que dirige Margarita Cabello, ministra de Justicia durante el administración de Iván Duque. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, ha declarado en una rueda de prensa que hay un “claro hostigamiento” contra el movimiento del presidente: “Hay una politización contra el Gobierno de Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico por parte de la Procuraduría y la Fiscalía”.

Los seis congresistas en riesgo, según un comunicado de la bancada, son Racero, la representante Susana Gómez conocida como Susana Boreal, y los senadores María José Pizarro, Alexander López, Wilson Arias y Alex Flórez. Este último fue suspendido por la Procuraduría la semana pasada. Durante ocho meses no estará en su cargo, sancionado por haber insultado, en septiembre, a unos policías en Cartagena. “Asesinos”, “corruptos”, “violadores de derechos” fueron algunas de las cosas que les dijo.

Algunos de los legisladores son figuras clave del movimiento del presidente en el Congreso: Pizarro y Racero son dos de los congresistas más visibles de la bancada, mientras que Alexander López es la apuesta del Pacto Histórico para presidir el Senado en las semanas que quedan del periodo legislativo, en reemplazo de Roy Barreras, cuya elección como senador fue anulada hace unas semanas por el Consejo de Estado. Según la bancada, la posible suspensión, inhabilitación o destitución de estos congresistas puede afectar la estabilidad del Gobierno, el principio de separación de poderes y el orden constitucional.

La estrategia del Pacto Histórico contempla que cada miembro de la bancada presente una solicitud ante la CIDH, un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que conforma el sistema interamericano de justicia junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Según el Pacto Histórico, pedirán medidas cautelares “para proteger la vida y los derechos políticos de sus integrantes y la voluntad del pueblo que los eligió”. Están convencidos de que Cabello no actúa como procuradora, sino como “integrante de la oposición”.

Varios legisladores, además, han expresado su apoyo a la decisión. La representante de Alianza Verde Cathy Juvinao, independiente frente al Gobierno, se ha solidarizado con sus compañeros: “Hay que apoyar al Pacto Histórico en esto: hoy es contra ellos, mañana contra cualquiera de nosotros”.

El grupo parlamentario actúa en sintonía con el presidente, que en diciembre del año pasado se refirió al sistema interamericano de justicia como “el gran pacto” que necesita América Latina para avanzar en “un camino pacífico, sólido y democrático”. En 2020, la Corte IDH le dio la razón a Petro en su disputa con la Procuraduría por su destitución como alcalde de Bogotá en 2013. El organismo declaró que el Estado colombiano había violado los derechos políticos del ahora presidente y que debían eliminarse las facultades del Ministerio Público para destituir funcionarios electos por voto popular. No obstante, la procuradora ha insistido en que tiene esa función y, además del caso de Alex Flórez, investiga a Wilson Arias por presuntamente injuriar policías durante las protestas del Paro Nacional de 2021.

Margarita Cabello ha respondido este miércoles que las investigaciones del Ministerio Público implican a servidores públicos de todos los partidos, no solamente del Pacto Histórico. Además, ha señalado que se han archivado varias de las denuncias contra miembros de esa colectividad. “No hay colores [políticos], hay denuncias. Cuando hay denuncias, hay que abrir [investigaciones]. Y si se abre y hay que cerrar, se cierra”, ha remarcado tras una audiencia de rendición de cuentas en Bucaramanga (Santander). Para ella, hay que evitar las controversias entre instituciones del Estado y dedicarse a enfrentar problemas como la inseguridad y la extorsión: “Tenemos que estar todos juntos luchando por los problemas que la ciudadanía le exige a la institucionalidad”.

Apoyo del presidente

Petro ha salido este miércoles a respaldar a sus congresistas. “Es lamentable pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la Fiscalía y la Procuraduría para resolver la política. Hay más de tres millones de electores que quisieron ser representados en el Congreso por el Pacto Histórico. Tienen derechos políticos y esos derechos son derechos humanos”, ha comentado en Twitter. Asimismo, ha pedido que no se destruya la democracia en Colombia y ha resaltado que la CIDH no es la única defensa con la que cuentan sus aliados en el Congreso: “[Otra] defensa es la convocatoria popular. No separarse del pueblo. Convocar las asambleas de inmediato en todos los municipios del país”.

El mandatario ya había tenido su propio enfrentamiento con la procuradora. El miércoles le había exigido que no se extralimitase en sus funciones: “Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene. Usted tiene prohibido suspender derechos políticos”. Además, había resaltado que suspender derechos políticos implicaba acabar con la base de la democracia y convertir al país “en una dictadura”. “Eso se acabó con la sentencia de la CIDH y, como jefe del Estado, la haré respetar”, subrayó. Cabello, por su parte, respondió que no tenía tiempo para discutir con Petro. En días anteriores, sin embargo, había hecho un llamado para que el presidente respetase la separación de poderes.

Las relaciones del Gobierno con otros órganos del Estado no pasan por su mejor momento. Petro ve movimientos en su contra que, a su juicio, buscan interponerse en el cambio que se propuso cuando llegó al poder. El lunes, denunció un “golpe blando”, aparentemente en relación con la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de uno de los hombres claves para sacar adelante sus reformas, el exsenador Roy Barreras, por doble militancia; al día siguiente aclaró que se refería a la Procuraduría. Ese mismo día, comparó una inspección de la Fiscalía en la Casa de Nariño, por el escándalo que sacude a su jefa de Gabinete, con la crisis política de Perú en diciembre del año pasado: “Tal como sucedió en Perú, en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la Presidencia por la Fiscalía”.

La procuradora generó dudas sobre su imparcialidad desde su elección en agosto de 2020, cuando venía de ser ministra de Justicia del entonces presidente, el conservador Iván Duque. La Misión de Observación Electoral (MOE) fue una de las organizaciones que cuestionó la designación: “Vemos con enorme preocupación que se elija en este cargo a una persona que no esté en condiciones de garantizar efectivamente la imparcialidad y autonomía frente al Gobierno”. Después, en mayo de 2022, causó revuelo la suspensión durante tres meses de Daniel Quintero, alcalde de Medellín y aliado de Petro. Sin embargo, las sanciones no se limitan a políticos afines al presidente. La entidad ha anunciado este miércoles su decisión de sancionar a Rodolfo Hernández, excandidato presidencial de derecha, con una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 14 años por un escándalo de corrupción.

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