La Procuraduría pide a la JEP investigar los abortos forzados de las extintas FARC

La Procuraduría General de la Nación le ha solicitado este jueves a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que investigue los abortos forzados de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como nuevo patrón criminal dentro del marcocaso 07 de reclutamiento y utilización de niñas y niños. La petición se fundamenta en 27 testimonios de excombatientes menores de edad a las que se les practicaron abortos, incluso cuando las mujeres llevaban hasta ocho meses de embarazo. En muchos casos, los fetos eran extraídos vivos y después asesinados.

El Ministerio Público argumenta en un comunicado que no fueron conductas aisladas y que los jefes de la guerrilla no podían desconocerlas. “Los hechos ocurrieron en todo el territorio nacional y en todos los bloques”, se lee en el texto. Para el ente de control, se debe ampliar las indagaciones del macrocaso 07 para que abarquen cuatro hechos adicionales: aborto forzado en edad gestacional avanzada, asesinato de neonatos, lesiones dolosas al feto y desaparición forzada de neonatos.

Los testimonios relatan que la guerrilla juntaba a grupos de entre cinco y 10 mujeres. Utilizaban métodos como el legrado, una técnica peligrosa que implica el uso de anestesia y de un elemento cortante que se introduce dentro del útero. “Como a las dos de la tarde me empezaron a poner la droga, al otro día como a las nueve de la mañana tuve el niño, era un varón, nació vivo. El médico lo mandó a botar vivo a la basura y yo lo traté mal porque me dio mucha rabia. Lo saqué de la basura y lo tuve en mis manos como media hora hasta que se murió en mis manos”, relata una de las víctimas.

Una mujer que sufrió un aborto forzado con ocho meses de gestación contó que solo escuchó llorar a su bebé, antes de que fuera asesinado. “La arrebataron de sus brazos y la lanzaron al rio Guayabero”, narra el comunicado.

Margarita Cabello, procuradora general y exministra de Justicia del gobierno conservador de Iván Duque, se refirió este jueves a la petición durante una visita a Medellín. Remarcó que también fue una práctica que llevaron a cabo otros grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Como la primera mujer procuradora, como madre y abuela, no puedo quedarme callada ante los asesinatos y desapariciones forzadas de neonatos realizados por las FARC y el ELN”, comentó.

La JEP —la justicia transicional acordada entre el Estado y las extintas FARC en los acuerdos de paz de 2016— no tiene un macrocaso específico para violencia contra las mujeres. La exvicepresidenta del Gobierno de Duque, Marta Lucía Ramírez, solicitó en mayo de 2022 que se abriera un caso enfocado en violencia sexual, pero no tuvo éxito. Cabello reiteró este jueves ese mismo pedido para que se abra un undécimo macrocaso específico para las mujeres.

El último comandante en jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, reconoció en junio de 2022 que habían existido casos de violencia sexual en la antigua guerrilla. No obstante, negó que hubiera sido una política sistemática de la organización. En 2019, había causado revuelo cuando se refirió al tema en una comparecencia ante la JEP: “Se trata de cargar sobre el adversario el mayor número de crímenes posibles para estigmatizarlo, para generar una situación que no permite la reconciliación”.

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