Se busca una inyección de 150 millones de dólares para rescatar a Tigo-UNE

El futuro servicio de unos 12,5 millones de clientes de Tigo-UNE, la tercera empresa de telefonía móvil de Colombia, depende de una recapitalización por 150 millones de dólares. Esa es la cifra clave para sacar a flote a una compañía cuya crisis financiera se ha visto agudizada tras efectuar billonarias inversiones para ampliar su capacidad operativa desde 2014. El drástico incremento en los precios del dinero a raíz de la pandemia ha limitado la capacidad de la operadora para cumplir con sus obligaciones crediticias. También los modestos resultados generales.

La junta directiva de Tigo-UNE rechazó el pasado viernes una nueva fórmula para sacar a la venta unos 208 millones de títulos de la compañía con el objetivo de recoger 602.987 millones de pesos que ayuden a tapar el agujero. Los tejemanejes políticos en Medellín, donde tiene sede la empresa, han supuesto un obstáculo insalvable. La propuesta ha sido tachada de “unilateral” desde la Alcaldía de Daniel Quintero, quien ha dado a entender que se trata de una nueva propuesta de Milicom, la empresa de telecomunicaciones de raíz sueca propietaria del 50% de Tigo-UNE, para hacerse con la casi totalidad accionaria.

Un asunto enrevesado por las fricciones entre los dos propietarios. Más aún si se tienen en cuenta las contradicciones del alcalde de Medellín. Quintero parece, por momentos, defender la participación del municipio a su cargo en la operadora. En otros se desdice y deja manifiesto su desánimo en prolongar la participación de Empresas Públicas de Medellín (EPM), la compañía pública propietaria del 49,99% restante de la sociedad, en un negocio que ha arrojado números rojos en los últimos dos ejercicios.

La última maniobra de la firma extranjera, más transparente en su cometido de evitar que la operadora entre en un proceso de reestructuración, planteó sufragar la totalidad de los 150 millones de dólares, a cambio de aumentar su participación accionaria en Tigo-UNE. Para complejizar todo, la discusión cayó en un callejón sin salida: ¿cómo se iban a valorar las acciones de un negocio en sus horas más bajas? El diario El Colombiano, de Medellín, tituló: EPM solo quedaría con el 2% de Tigo.

La mayoría de expertos coincide en que la labor de control político por parte del alcalde Quintero, así como también del Concejo de Medellín, responsables de hacerle seguimiento a la suerte de una sociedad con participación pública, ha sido insuficiente. Con niveles mínimos de aprobación, Quintero ha optado por los señalamientos y las declaraciones cargadas de tinte político en la víspera de elecciones regionales.

Si su objetivo inicial era el de retirar los recursos públicos invertidos en Tigo-UNE, repiten algunas fuentes cercanas al negocio, sus excesos verbales solo han conseguido opacar el futuro de una compañía renqueante. La creciente desconfianza entre las partes ha empujado al Gobierno colombiano a intervenir, sin mayor éxito, para aliviar tensiones y acercar a las partes. ¿Qué hizo la ciudad de Medellín todo este tiempo? ¿Cuándo levantó la mano para pedir ayuda? ¿Cuándo se quejó del plan de negocio trazado? Son algunas de las preguntas que formula el ingeniero Marc Eichmann, expresidente de UNE.

La fusión empresarial entre EPM y Milicom, un fondo de inversión que tiene sede financiera en Luxemburgo, se ejecutó en 2014. Los estatutos de aquella unión establecieron que el socio extranjero se encargaría de administrar el negocio y por tanto ponerse al frente de las decisiones operativas del día a día. “Era una condición normal”, explica Marc Eichmann, “porque no era lógico que EPM, experto en temas de energía, se encargara de un mercado de telecomunicaciones que funciona de forma totalmente diferente”.

A pesar de que las perspectivas a escala mundial para el negocio de la telefonía celular no son alentadoras, Eichmann conoce al detalle los beneficios brutos de la operación (Ebitda) de Tigo-UNE desde 2014. Por eso concede que, a pesar de no ser boyante, la empresa sí produce dinero: “Lo que pasa es que las cifras han sido malinterpretadas por los intereses políticos. Pero pongamos las cosas en contexto: esto es un problema temporal, de una deuda puntual en el tiempo, que se desbordó porque las tasas de interés se dispararon. Hoy un crédito corporativo está en el 18%, cinco puntos porcentuales por encima del Indicador Bancario de Referencia”.

El ministro de Tecnologías, Mauricio Lizcano, lo resume de forma más clara: “La empresa da utilidades operativas. Los costos financieros son los que la llevan a arrojar pérdidas”, explica. A Tigo aún le queda un último recurso por agotar. Se trata de la denominada figura de reestructuración empresarial, que crea condiciones para recuperar empresas viables pero en dificultades para atender sus pagos (el equivalente local al famoso capítulo 11 de la ley norteamericana).

Una zona en la que, a pesar de que Milicom ha tratado de evitar a toda costa, hoy no es difícil intuir que será lo más probable. “En Colombia y en el mundo el negocio ya tocó techo y sus márgenes son muy estrechos”, justifica el exministro de Comunicaciones Mauricio Vargas. Luego agrega: “Hoy una buena parte de los ingresos se derivan de los servicios de Internet, tanto móvil como fibra óptica. Para ninguna empresa es fácil tomar decisiones a futuro en una coyuntura de poca claridad para ese tipo de negocios”.

Galé Mallol, aspirante al Concejo de Bogotá, y líder gremial del sector de comunicaciones, añade otro escollo para el mercado local: “Nuestros operadores hacen grandes inversiones en dólares, pero cobran en pesos y nuestra moneda ha tenido muchos altibajos en los últimos meses”. No son buenos tiempos para contraer grandes deudas y la situación parece cada día más compleja. Por eso lamenta que Tigo-UNE haya sido instrumentalizado como “caballito de batalla político”. Y concluye que, ante las adversidades, siempre fue una empresa en búsqueda de alternativas: “Su servicio es patrimonio de 12 millones de clientes que corren el riesgo de quedar desconectados”.

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