La posible presencia de las disidencias de Iván Mordisco en la instalación de las elecciones genera confusión y obliga al Gobierno a desmentir

El Gobierno de Gustavo Petro ha tenido varios cortocircuitos este viernes ante el anuncio de la presencia de las disidencias de Iván Mordisco en la instalación oficial de las elecciones regionales del próximo domingo. Las delegaciones que negocian la paz entre el Ejecutivo y el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) aseguraron en la mañana que participarían en un acto en Popayán, como parte de la voluntad del grupo ilegal de colaborar con los comicios. Tras el revuelo político y mediático, el jefe negociador del Gobierno, Camilo González Posso, se echó para atrás y aclaró que todas las actividades de la mesa de diálogo “serán de carácter privado”.

El detonante fue un comunicado firmado este viernes por los jefes de las delegaciones de paz del Gobierno y del EMC, González Posso y Andrey Avendaño. Ambos destacan los compromisos adoptados por la mesa de diálogo para “contribuir en diferentes partes del país al normal desarrollo de la jornada electoral” y anuncian que el grupo armado haría parte de la instalación de las elecciones. “Los integrantes de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP en pleno y por invitación de las autoridades electorales, estarán presentes en Popayán el próximo 29 de octubre en el acto protocolario de apertura de la votación para todo el país”, se lee en el texto.

Varios políticos salieron a cuestionar la invitación. La senadora Paloma Valencia, del opositor Centro Democrático, acusó al Gobierno de entregarle el control del territorio colombiano a grupos que ella denomina como “narcoterroristas”. “Hoy es el Cauca, mañana puede ser tu ciudad o tu municipio”, remarcó en la red social X. Algo similar opinó su colega de bancada María Fernanda Cabal: “Petro puso de co-administradores del Estado a los terroristas de las FARC. (...) Los terroristas estarán al lado del Estado iniciando la jornada electoral”.

La procuradora general y crítica del Ejecutivo, Margarita Cabello Blanco, indicó que la instalación debe ser una manifestación de legalidad e institucionalidad y que es inconstitucional invitar a las disidencias. “El Estado no se puede aliar con la ilegalidad para facilitar el ejercicio de la democracia. La defensa de esta y la protección del proceso electoral está exclusivamente en las autoridades competentes y legítimamente constituidas”, enfatizó. Para ella, la invitación mandó un mensaje “contrario y confuso” que produce temor entre los votantes.

Las críticas puertas adentro del Gobierno y luego los comunicados para desmentir las informaciones no tardaron en llegar. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que era “muy grave” que se hubiera invitado a las disidencias y pidió a las autoridades electorales que revocaran la convocatoria, en caso de que fueran responsables de la decisión. “La mesa de diálogo debe ocupar los espacios que le corresponden. Ellos están en un proceso de negociación, en una discusión sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo con esa organización ilegal, pero en esto ya se le está dando un papel que no le corresponde”, se lee en un comunicado. “¿Qué tiene que hacer el Estado Mayor Central como observador electoral? Yo creo que ya estos son excesos inaceptables”, añade.

El presidente Petro negó que la invitación hubiera contado con el aval de su Administración. “Ni el comisionado de paz, ni el Gobierno nacional han dado autorización alguna para que el EMC participe en actos de apertura al proceso electoral en ninguna parte del país”, subrayó en X. La Registraduría y el Concejo Nacional Electoral (CNE), que son las dos autoridades electorales, también negaron cualquier tipo de responsabilidad. “No es cierto que la Organización Electoral los haya invitado a la instalación de las elecciones territoriales de este domingo, 29 de octubre”, se lee en un comunicado conjunto. Asimismo, las dos entidades anunciaron que habían cancelado el acto que tenían planeado en Popayán para lanzar la jornada y que lo harían en otra parte del país.

La confirmación de que el Gobierno daba marcha atrás llegó hacia el mediodía. González Posso no se responsabilizó por la formulación de la invitación —aún no se sabe quién la realizó—, pero aclaró en un escueto comunicado que las actividades de la mesa de diálogo durante estos días serán de carácter privado. “No tendrán intervención o participación en escenarios públicos”, aseguró. “El Acuerdo de Respeto a la ciudadanía, suscrito por las partes, respeta las funciones constitucionales y legales de todas las autoridades en todo el territorio nacional, antes y después de las elecciones”, agregó.

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, evitó pronunciarse sobre el tema de manera directa. Su oficina emitió un comunicado que recuerda el pedido del presidente de que los comicios “se adelanten libres de la coacción de las violencias armadas” y enfatiza en el compromiso que han manifestado varios grupos ilegales de “respetar el desarrollo del proceso electoral”. Asegura también que las mesas de diálogo “continuarán adelantando sus labores en los sitios acordados” y no intervendrán en el desarrollo de las elecciones. “Las autoridades están ejerciendo sus funciones constitucionales. No existen territorios vedados ni restricciones al cumplimiento de las obligaciones de la institucionalidad”, señala el texto difundido. No hay menciones al EMC o a la invitación a Popayán.

Andrey Avendaño, por su parte, confirmó en W Radio que el grupo armado al que pertenece ya no hará parte de la instalación electoral. “Vimos de vital importancia acompañar el proceso electoral que se va a llevar en el departamento de Cauca, debido a la aceptación de las comunidades en el proceso. Por eso nuestra intención era solicitar a las autoridades electorales para que se permitiera la presencia de la mesa allí, pero generó una dificultad adversa”, dijo.

El Ejecutivo y el EMC firmaron un cese al fuego de tres meses que entró en vigencia el pasado 16 de octubre. La conformación de una mesa de diálogo, además, estableció que los disidentes no intervendrían en las elecciones del 29 de octubre. Sin embargo, hubo preocupación sobre posibles riesgos hasta que el jueves se realizó una reunión entre funcionarios del Gobierno, de la Registraduría —incluido el registrador, Alexander Vega—, y miembros de la disidencia. Allí, las partes suscribieron un acuerdo que garantiza la presencia de la fuerza pública en los puestos electorales, especialmente en los 21 puntos ubicados en Cauca, Nariño, Guaviare y Meta, donde el EMC tiene una fuerte presencia y donde varios organismos han señalado que hay alto riesgo de alteraciones del orden público.

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