El tribunal de paz de Colombia reconoce al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras como víctima de las FARC

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia, ha decidido acreditar como víctima de las FARC al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en el marco del llamado Caso 10, relacionado con los crímenes no amnistiables de la extinta guerrilla. Ese reconocimiento se produce concretamente por dos recordados atentados contra el veterano político, atribuidos a miembros de las FARC en Bogotá.

El primero de los ataques ocurrió el 13 de diciembre de 2002, cuando Vargas Lleras era senador y recibió en su oficina del Congreso de la República un libro bomba que inexplicablemente pasó todos los controles de seguridad. Al detonar, le provocó graves heridas. “Solo recuerdo un ruido demencial, un dolor infinito y mucha sangre. Mi mano derecha quedó, literalmente, colgando de un hilo y los dedos meñique, anular y parte del medio volaron en mil pedazos”, rememoró el propio Vargas Lleras años después en un artículo periodístico.

El segundo, ocurrió cerca de la medianoche del 10 de octubre de 2005, cuando salía de las instalaciones de Caracol Radio. La explosión de un carrobomba impactó el vehículo en el que se transportaba y dejó un saldo de nueve personas heridas, entre ellas sus escoltas. Luego de firmar la paz a finales de 2016, las extintas FARC reconocieron la autoría de ambos atentados y manifestaron su voluntad de aportar a la verdad en la justicia transicional en una carta dirigida en 2020 al ya expresidente Juan Manuel Santos, del que Vargas Lleras fue número dos en su segundo periodo (2014-2018).

Uno de los hombres más custodiados del país, Vargas Lleras (Bogotá, 62 años) es un sobreviviente, con cicatrices de su dilatada carrera política que saltan a la vista. “Por suerte o por la Divina Providencia, en varios episodios logré salvar mi vida sólo por fracciones de segundos…o de centímetros”, recuerda en Hacer, cumplir, avanzar, el libro que publicó como parte de su campaña presidencial en el 2018. Comenzó muy joven su carrera política de la mano del asesinado líder liberal Luis Carlos Galán, pero fueron sus feroces críticas desde el Congreso a la negociación de paz de El Caguán, el fallido esfuerzo de Andrés Pastrana (1998-2002) por alcanzar un acuerdo con las FARC, las que lo posicionaron como un representante de la mano dura. Fue ministro del Interior y luego de Vivienda durante el primer periodo de Santos, y en el segundo, ya en la vicepresidencia, superó un tumor cerebral benigno, detectado después de que se desplomó en una tarima. Más recientemente, como líder del partido Cambio Radical, se ha posicionado como uno de los principales opositores del presidente Gustavo Petro.

La JEP, considerada la columna vertebral de los acuerdos de paz, privilegia la verdad plena y establece penas alternativas a la cárcel a cambio de que los involucrados confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. El Caso 10, en el que fue acreditado Vargas Lleras, investiga formalmente Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas FARC-EP por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano. Incluye por ejemplo, entre muchos otros hechos, el atentado al Club El Nogal de Bogotá, perpetrado por la columna móvil Teófilo Forero el 7 de febrero de 2003, que dejó 36 muertos y más de 200 heridos.

Luego de evaluar toda la información entregada por el ex vicepresidente, la magistrada Marcela Giraldo determinó que cumple los requisitos para acceder a la acreditación, dado que los atentados fueron perpetrados por integrantes de las FARC, los hechos no son de competencia de ninguno de los otros casos que investiga la JEP, ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016 y tendrían relación directa con ocasión del conflicto armado.

Con esta acreditación, el ex vicepresidente tendrá la calidad de interviniente especial ante la JEP, y podrá formular preguntas o escuchar a los comparecientes de las FARC vinculados al proceso durante las versiones voluntarias y audiencias, presentar observaciones sobre esas versiones, participar en la propuesta de las sanciones propias y recibir acompañamiento psicológico, entre otros aspectos, detalló la JEP este jueves en un comunicado.

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