Los globos constituyentes de Petro: una apuesta política arriesgada en un camino legal inviable

“Hemos logrado que este gobierno ponga a hablar a la sociedad colombiana”, escribió el presidente Gustavo Petro en X después de que el país hablara, durante todo el fin de semana, de una posible Asamblea Constituyente que él puso sobre la mesa. “Mis propuestas mueven las aguas”, añadió. No lo detiene que sus iniciativas constituyentes no hayan logrado movilizar a la mayoría de la sociedad colombiana y hayan sido criticadas por todos los expresidentes vivos, exnegociadores de paz con las FARC, constitucionalistas, líderes de opinión, y buena parte de los líderes de partidos políticos. “El papel histórico del Congreso hoy es tramitar su convocatoria, si no, el poder constituyente, tarde que temprano, lo hará”, anticipa Petro.

El mandatario empezó a hablar de movilizar el poder constituyente en marzo pasado, cuando se hundía su reforma a la salud en el Legislativo, y él decía que quizás era la clase política la que no le dejaba aplicar la Constitución de 1991: si “no puede aplicar esa constitución, porque lo rodean para no aplicarla y se lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente”, dijo. Semanas después habló de un posible referendo constitucional para aprobar las reformas sociales. Más recientemente consideró la idea de convocar a una Asamblea Constituyente a través del acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno y la extinta guerrilla de las FARC-EP en el 2016. Y, paralelamente, un nuevo punto acordado en las negociaciones de paz entre la guerrilla del ELN y el Gobierno habla de un ambiguo “gran acuerdo nacional”: una iniciativa que dejó en el aire la posibilidad de que allí es donde se esté armando una futura constituyente.

Han hablado contra la propuesta expresidentes obvios de la derecha —Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana—, los liberales con los que alguna vez hubo alianzas —César Gaviria— y el exmandatario que logró la paz con las FARC: “absurdo” usar el acuerdo para una asamblea, dijo Juan Manuel Santos. Incluso Ernesto Samper, el más afín a la izquierda petrista, aseguró en redes que “no es posible legitimar la convocatoria de una Asamblea Constituyente” en las actuales condiciones políticas.

La propuesta de la constituyente es inviable, inicialmente, porque necesita mayorías que Petro no tiene: se debe tramitar a través del Legislativo (donde el presidente no tiene garantizada la mitad de los votos); luego debe ser revisada por la Corte Constitucional (donde puede caerse); y luego debe tener al menos unos 13 millones de votos ciudadanos (más de los que obtuvo Petro en la primera o segunda vuelta). Eso justo cuando los niveles de aprobación del presidente no suben del 50%.

“Claro, si se trata de la vía legal, la propuesta nace muerta, pero Petro no lanza un globo porque sí: él no es tan ingenuo para creer que tiene unas mayorías que nadie ve”, dice Nicolás Figueroa, profesor de Derecho en la Universidad del Rosario y experto en Derecho constitucional. Para Figueroa puede que el presidente esté apostando por generar algún tipo de temor a las clases políticas (para que se abran más a sus reformas), o puede que sí esté considerando una vía distinta, extralegal, para llegar a una constituyente.

“La constitución de 1886 tampoco permitía la vía legal para cambiarla, la Séptima Papeleta fue una vía extralegal para hacerlo [en 1990], y Petro es consciente de eso: por eso ahora habla de movilizar cabildos abiertos o asambleas estudiantiles”, añade Figueroa. El movimiento estudiantil Séptima Papeleta presionó, hace más de tres décadas, por hacer una constituyente al incluir un tarjetón no oficial en las elecciones de 1990. Pero si bien los estudiantes de esa época inspiraron el proceso, para cambiar un texto añejo del siglo XIX, sería ingenuo pensar que lo lograron solos.

“No fueron solo los estudiantes: la Constitución del 91 la impulsaron también unos acuerdos de paz, una clase tradicional deslegitimada que sabía lo que podía perder si se oponía, incluso unos medios de comunicación que querían ese cambio”, añade Figueroa. La constitución actual, que tiene apenas 33 años, “es considerada la panacea” por buena parte de la opinión pública, a excepción de algunos grupos pequeños en la extrema izquierda (que ven el texto como un acuerdo neoliberal) o otros grupos de extrema derecha (que lo ven como un manuscrito comunista que habla del Estado social de derecho).

“La constitución mal que bien se ha asentado en la sociedad, en las fuerzas políticas, y si alguien quiere darle el quiebre son grupos minoritarios. Así que esa vía extralegal no se ve muy factible”, añade Figueroa.

Luego está la posibilidad de que la vía extralegal sea a apelando a los acuerdos de paz, el de las FARC en el 2016, o los del ELN o disidencias de las FARC en un futuro próximo: el presidente ha hablado de hacer un nuevo “gran acuerdo nacional” con quienes siguen en la vía de la violencia. Sin embargo, Gustavo Duncan, profesor de ciencia política en la universidad EAFIT, considera que esa opción “sería un arma de doble filo: puede que el presidente pueda hacer el argumento político, pero a la sociedad colombiana no le va a gustar que la nueva constituyente venga de un Antonio García [líder del ELN] o de un Iván Márquez [jefe de la Segunda Marquetalia]”. Márquez reapareció recientemente en un video en el que hablaba de “rescatar la majestuosidad del constituyente primario” y de “este nuevo momento en que, gracias a la divina providencia y a la genial idea de un presidente, soplan vientos constituyentes”.

Para Duncan, el presidente Petro ha apelado a la constituyente después de que su acuerdo nacional fracasara (con fuerzas liberales y conservadoras al inicio del Gobierno), y se hayan hundido sus reformas sociales como la de la salud. El presidente “busca un nuevo aire, un impulso, para hacer los cambios que propuso. Habla de referendo para sacar las reformas que quería, luego de los acuerdos de paz para reformar, y no me extrañaría que más adelante hable de reelección para hacer los cambios, porque él se da cuenta que no puede pasar a la historia como un Gobierno irrelevante que no cambió nada”.

Duncan concuerda con los analistas que no ven el apoyo ciudadano o político para lograr las vías legales o extralegales que lleven a una Asamblea Constitucional. “Pero que algo no sea probable no quiere decir que no se arme un problema: la vida política de este país se va a ver muy deteriorada”, añade.

“Este llamado a la constituyente es inoportuno porque incrementa la polarización corrosiva que vivimos. Sectores de la derecha lo ven como el asalto petrista a la democracia y sectores de la izquierda como el inicio de la revolución”, escribió Rodrigo Uprimny, constitucionalista, sobre la propuesta inicial a una Asamblea Constituyente. Uprimny también llamó la propuesta fetichismo constitucional: ese apego excesivo a las normas para lograr cambios sociales, en vez de enfocarse en lo que puede hacerse con voluntad política desde el Ejecutivo. Petro no parece tener ese gran apego a las normas del 91, sino quizás apego a las normas de esa constitución imaginada que puede liderar. Solo él, no obstante, parece apegado a ese imaginario. El resto del país no parece tener mucho interés, por ahora, en cambiar la Constitución de 1991.

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