Al borde del precipicio

De las muchas malas semanas de estos dos años, la que acaba de pasar fue la peor, por el colapso final del sistema de salud. Significa el triunfo de la incompetencia sobre la diligencia, de la ignorancia sobre el análisis, de la soberbia sobre el servicio al público, de la irresponsabilidad sobre la seriedad, del caos sobre el orden. La salud de 50 millones de colombianos queda en manos equivocadas. ¿Cómo llegamos aquí?

1. La plata empezó a faltar de tiempo atrás en el sistema de salud, porque los jueces y la Corte Constitucional, y algún ministro de Salud más generoso que riguroso, decidieron que todos los tratamientos (o casi todos), y todos los medicamentos (o casi todos), debían ser cubiertos por el sistema.

2. Además, que no debía haber diferencia entre los que pagaban (sistema contributivo) y los que no (subsidiado).

3. El sistema fue víctima de su propio éxito, pues en los últimos 20 años la demanda de servicios por habitante aumentó casi 40%, esto es, la frecuencia de uso por cada colombiano. La gente confiaba en el sistema, y éste gozaba de buena reputación. La consecuencia fue un exceso de demanda que disparó los costos versus lo que se había planificado.

4. Desde principio del siglo la población empezó a envejecer más aceleradamente y a ser más longevos de lo que contemplaron los demógrafos. Con menos jóvenes y más viejos, el sistema reveló que los costos crecientes no se podían satisfacer con los aportes contemplados. El hecho fue cubierto con impuestos.

5. Luego surgió el problema de validación de facturas, retrasos en los reconocimientos de los tratamientos efectivamente realizados, de los que se derivó buena parte de los problemas de caja de las aseguradoras (EPS) y las prestadoras (IPS).

6. En salud, a diferencia de otros sectores, el cambio tecnológico, en lugar de bajar costos, los aumentó. Es particular, los nuevos medicamentos más que las cirugías u otras tecnologías. A raíz de la propiedad intelectual, los medicamentos nuevos contra el cáncer, el Alzheimer, etc., han incrementado el costo de la salud en todo el mundo. Dado que los jueces decidieron dar todo a todo el mundo, esto repercutió en la insostenibilidad financiera.

En esas estaba el sistema de salud cuando llegó el actual Gobierno. La animadversión con un sistema que combinaba agentes privados y públicos llevó al Gobierno a tomar una serie de decisiones desacertadas:

a) No aumentó el monto del pago por afiliado para las EPS. Los cálculos más conservadores muestran que el aumento con la tasa de inflación de 2022, fue al menos cinco puntos porcentuales menor que el de los costos de salud.

b) No hizo los pagos de los llamados “Presupuestos Máximos” (PM, una cantidad adicional pequeña por afiliado a la EPS para cubrir servicios no cubiertos por el plan de beneficios); hasta que la Corte Constitucional ordenó hacerlo, en octubre de 2023. Incluso entonces, el Gobierno no pagó el monto total adeudado.

c) Retuvo dineros adeudados a las EPS, especialmente por pagos y servicios prestados durante la emergencia del COVID.

d) Reasignó muchos pacientes con enfermedades crónicas a las mejores EPS (Salud Total, Sanitas y Sura), aumentando sustancialmente su costo, sin subir los recursos.

e) Hizo un cese repentino de la atención a problemas sistémicos represados desde la pandemia, como cirugías, procedimientos y tratamientos de alto costo.

Con esta seguidilla de acciones se dio el puntillazo final al sistema de salud. Creer, como hace el Gobierno, que remover las EPS resuelve los problemas de fondo es equivocado. Sin las EPS aparecen otros problemas.

Desaparece el doliente de los costos y se entra a un periodo de inflación de precios de tratamientos y medicamentos, sin que ningún agente ejerza control. Sería como remover el Banco de la República y rezar para que la inflación no nos ahogue. La auditoría sobre el 15% de las prestaciones la hará la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), cosa que sobrepasa a esa entidad; el 85% restante quedará sin auditoría.

El control fiscal lo deberá hacer cada alcalde (de los cuales hay 1.120, la mayoría sin capacidad para el efecto), el gobernador o vaya usted a saber quién. En Colombia, a finales de 2023, se prestaban alrededor de 1.100 millones de servicios de salud al año (alrededor de tres millones por día). ¿Quién va a auditarlos y comprobar que efectivamente fueron servicios prestados? Si el lector se imagina que ahí puede surgir una corrupción de proporciones bíblicas, está en lo correcto.

Desaparece el responsable real de la salud de los pacientes. Las propias asociaciones de pacientes piden eso: ¿A quién le vamos a reclamar ahora? Las obligaciones que recaían en las EPS se diluirán entre una telaraña de organismos y empleados públicos, sin que nadie responda, como sucede en la actualidad con la salud de los maestros; mientras la salud de la gente se deteriora, los medicamentos no aparecerán, cosa que ocurre, por primera vez en 30 años, y no se proporcionarán tratamientos.

El riesgo fiscal para los contribuyentes en los próximos cinco a diez años puede ser descomunal. En Estados Unidos, la nación más rica de la tierra y de la historia, no pretenden que todo el mundo debe estar cubierto frente a todo, contra un fondo público. Allá saben que eso es insostenible. Tendría como consecuencia succionar de las empresas y las familias una cantidad de ahorro que es con lo que la economía funciona y crece. Algo similar pasa con las pensiones. Allá no pretenden tener un sistema público que pague a todo el mundo una pensión, pues es inviable, inclusive si se cubren los faltantes con impuestos. Se correría el riesgo de ahogar a los hogares y empresas a punta de tributos.

Esos dos sistemas, la salud y las pensiones, que son meritorios desde el punto de vista de justicia social, mal diseñados socavarían la capacidad de pago de las familias, las empresas y de la nación como un todo.

Se estancaría la economía y se la empujaría a un círculo vicioso de no crecer, perder aún más capacidad de pago, aumentar la deuda, socavar el incentivo para crear riqueza, atrapada para esos pagos, ergo no crecer, y así sucesivamente.

Esa es la verdadera definición de insostenibilidad tanto fiscal como económica, del país como un todo. Es lo que se trató de evitar en Colombia en 2011 cuando el Congreso aprobó la reforma constitucional de sostenibilidad fiscal. Las reformas de salud y pensiones del Gobierno Petro incumplen esa condición. Ni la nación más rica de la tierra se impone condiciones explosivas de costos.

¿Por qué Colombia cree que puede hacerlo? Por falta de pensar a fondo los problemas y falta de decirse las verdades. Por pensar con el deseo y no con la cabeza.

Se llega al borde del precipicio económico cuando se pide a una entidad, una persona, una familia, una empresa o un Estado algo que física y económicamente no pueden dar de sí. Pagar: salud + medicamentos + pensión + universidad gratis + vivienda gratis + un predio de 10 hectáreas si es campesino + una plata al mes por hijo + una plata al mes por adulto + una plata para los delincuentes a ver si dejan eso + transporte urbano gratis + SOAT gratis + electricidad gratis + agua gratis + lo que se nos ocurra porque este país es muy injusto.

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