La huelga en el Ministerio de Trabajo de Colombia llega hasta Ginebra
Tres líderes sindicales se reúnen con el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo para denunciar los supuestos incumplimientos del Gobierno de izquierda a sus acuerdos laborales
Mientras la ministra del Trabajo, la política de izquierda Gloria Inés Ramírez, se prepara para intervenir en nombre del Gobierno colombiano en la Conferencia Internacional del Trabajo, que se realiza cada año en Ginebra (Suiza), tres líderes sindicales de su cartera alistan una reunión con el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Según Leidy Cortés, presidenta del sindicato, la administración de la ministra Ramírez, quien tiene una larga trayectoria sindical, no ha cumplido sus compromisos con los trabajadores “por estar concentrada en sacar adelante la reforma laboral en el Congreso”.
Los sindicatos de la cartera encargada de las relaciones laborales se declararon en huelga el pasado 23 de mayo, y la “hora cero”, cuando los trabajadores sellaron la sede principal del Ministerio a modo de protesta, fue el 31 de mayo. El cese de actividades se mantiene. Es un panorama similar al de muchos otros Gobiernos, pero en este caso la ministra ha sido líder sindical, integró el comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la central sindical más grande del país, y fue presidenta de la Federación Colombiana de Educadores, el sindicato más grande de Colombia, con más de 270.000 afiliados.
Ramírez, miembro del Partido Comunista, fue uno de los primeros miembros del gabinete designados por el presidente Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la Colombia contemporánea. En su nombramiento, Petro la describió en sus redes sociales como “una defensora de derechos humanos y la reivindicación de los trabajadores”. Su confianza en Ramírez ha sido tal, que es una de las jefes de carteras que no ha relevado en 22 meses de mandato, y además le encomendó dos de sus tres grandes reformas sociales: la del sistema pensional y la del régimen laboral.
Pese a todo ello, y a que el Gobierno tiene en los sindicatos una de sus bases políticas y sociales, el Ministerio de Trabajo enfrenta una crisis laboral. Los 16 sindicatos que oficialmente tiene su cartera pidieron a inicios de año la negociación de una convención colectiva. La discusión arrancó formalmente el 17 de marzo de 2023 y terminó con un pliego de compromisos que, según los sindicalistas, no se han cumplido. Una de las rupturas se dio a finales de mayo, cuando la ministra informó que el Gobierno había aprobado una bonificación especial que está establecida en el acuerdo. Según Cortés, la líder sindical, no fue suficiente. “La bonificación que anunció la ministra es por única vez, este año, pero la negociación indicaba que tenía que ser perpetua. Esa resolución es un contentillo, nosotros no somos funcionarios de limosnas”, indicó.
Con la huelga indefinida en marcha, tres sindicalistas viajaron hasta Ginebra para participar de la Conferencia Internacional del Trabajo. Buscan tener un espacio para exponer ante los líderes sindicales de todo el mundo sus inconformidades con el manejo de Ramírez. Aunque todavía no tienen fecha del encuentro, uno de los tres delegados, Arturo Gómez, le confirmó a este diario que buscan hablar en el Comité de Libertad Sindical la próxima semana, justo antes de la llegada de la ministra al evento. La oficina de prensa del Ministerio asegura que no se ha definido la fecha en la que Gloria Inés Ramírez intervendrá ante la gran asamblea mundial de la OIT.
Presiones sindicales más allá del Ministerio
Aunque el Ministerio de Trabajo es la única entidad del Ejecutivo en la que se ha declarado la huelga, el Gobierno elegido con las banderas de los movimientos sociales también lleva difíciles negociaciones en otras entidades como la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Sebastián Galeano, abogado laboralista y representante de varios sindicatos, explica que en ellas el Gobierno ha manejado un mismo discurso. “A mí no me sorprende que las negociaciones no lleguen al mejor término, porque sus mensajes han sido claros en su política macroeconómica. Han sido más fiscalistas y han alzado las banderas de la austeridad más que cualquier otro Gobierno. Su mensaje es el de la austeridad en todas las entidades, y en las negociaciones, eso es lo que prima”, dijo a EL PAÍS.
Galeano representa jurídicamente al sindicato Asociación Sindical por la Integridad de Colpensiones (Asincolp), que agrupa a funcionarios de Colpensiones, una entidad especialmente importante para un Gobierno que está cerca de sacar adelante una reforma pensional en la que todos los trabajadores harán aportes al sistema público. El abogado explicó que este jueves 6 de junio la entidad se levantó de la mesa de negociación, luego de que los representantes de la entidad les exigieran que dejaran sus celulares en una canasta antes de entrar al salón, para evitar filtraciones. “Eso irrumpe en contra de los principios porque nuestra negociación ha sido pública. Primero, porque no hay nada que ocultar; segundo, porque en el acta de inicio dejamos claro que los dispositivos electrónicos iban a estar permitidos”, señaló.
De acuerdo con Galeano, aunque la mesa de negociación lleva más de un mes activa, todavía no se han discutido los asuntos relacionados con temas salariales o económicos. “Se ha llegado a acuerdos muy pequeños en la primera etapa; después se estancó la negociación en el capítulo de bienestar”, explicó. Este diario buscó a la oficina de prensa de Colpensiones para conocer su versión de los avances de la negociación, pero hasta el momento de publicación de este artículo no había contestado.
María Alejandra Martínez, la presidenta de Asincolp, también mencionó que en 2023 el mismo presidente de la entidad, Jaime Dussán, le prometió a los sindicatos que escucharía las peticiones y exigencias de sus trabajadores. “Pero no vemos la voluntad de la entidad. Y eso no lo esperábamos teniendo un director que viene justamente del movimiento sindical”. Dussán también fue presidente de Fecode, el movimiento de educadores más grande del país. La lideresa sindical no descarta que Colpensiones, al igual que el Ministerio del Trabajo, entre en huelga de no llegar a una negociación con el Gobierno.
Otro de los sindicatos que ha mantenido su descontento es Sintradian, de funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El 18 de mayo pasado, poco antes de que el entonces director Luis Carlos Reyes fuera designado por el presidente como ministro de Comercio, las 19 organizaciones sindicales de la DIAN marcharon en Bogotá. Exigían la renuncia del académico. John Restrepo, integrante de Sintradian, dijo que la mesa de negociación está pausada por el cambio de director, pero advirtió que tienen en su pliego de peticiones más de 100 exigencias pendientes por debatir, como los concursos de ascenso al interior de la entidad. La nueva cabeza de la entidad, Jairo Villabona, tomó posesión de su cargo este miércoles 5 de junio.
Mientras el Gobierno que se eligió con el apoyo del sindicalismo enfrenta esas negociaciones simultáneas, su reforma laboral presentada sigue estancada en el primer debate en la Comisión Séptima de Cámara. A menos de dos semanas del final de la legislatura, su hundimiento es inminente.
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