La justicia penal militar intenta quedarse con la investigación por el escándalo del polígrafo

Este lunes, 20 peritos de la Fiscalía Penal Militar llegaron a las oficinas de la Presidencia con una orden judicial en mano. A las 8:30 am, cuando iniciaba la jornada laboral en el centro del poder de Colombia, el equipo de seguridad de la Casa de Nariño fue informado de la sorpresiva visita. Se trataba de una inspección las oficinas para recopilar pruebas en el marco de las pesquisas que adelanta la jurisdicción que estudia los delitos propios de militares y policías en un caso por supuestas interceptaciones ilegales en el que está involucrada la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Laura Sarabia. Una inspección sin antecedentes, que marca el deseo de la justicia militar de avanzar en un caso de alto nivel político y que todavía no está enteramente en sus manos.

El escándalo estalló en mayo de 2023, cuando Marelbys Meza, niñera de la familia de Sarabia, denunció que había sido sometida bajo presión a una prueba de polígrafo en una oficia de la Presidencia, luego de que se perdiera un maletín con dinero en efectivo en casa de la número dos del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía reveló entonces que, además, la Policía había interceptado ilegalmente los teléfonos de Meza y Fabiola Ochoa, otra trabajadora doméstica de la casa de Sarabia. Su hipótesis era que el capitán Carlos Correa y el patrullero John Freddy Morales habían engañado a un fiscal para obtener una orden de interceptación contra ellas, haciéndolas pasar como integrantes del Clan del Golfo. El escándalo fue tal que Petro pidió la renuncia a su mano derecha pocas semanas después. La tensión parecía llegar al máximo poco después, cuando el ex jefe de seguridad de la Presidencia buscó colaborar con la investigación. Antes de hacerlo, se suicidó.

El mismo Petro confirmó la noticia a través de su cuenta de X. “El teniente coronel de la Policía Óscar Dávila, adscrito a la seguridad de la Presidencia de la República, ha muerto por suicidio. Cerca a su casa mandó a su conductor por una botella de agua, este dejo su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él se suicidó con un disparo en la sien con la pistola que había dejado”, escribió. Aunque Sarabia regresó al corazón del poder, y el tiempo parece dejar atrás la serie de noticias que en su día concentraron la atención del país, la justicia sigue andando. El proceso se lo disputan la justicia ordinaria, la que investiga y procesa los delitos ordinarios de cualquier persona, sea militar o no, y la penal militar, con su historial de menores sanciones a los uniformados y difícil colaboración con la ordinaria.

Por eso, y por la falta de antecedentes, la presencia de los investigadores militares y policiales en los pasillos del Palacio no es menor. No es usual que ninguna justicia se tome oficinas de la sede del el Ejecutivo por una investigación; menos aún que lo haga la penal militar. Y lo inédito crece dado que no está definido si el caso le corresponde, una decisión que está en manos de la Corte Constitucional. Fuentes de esa justicia le confirmaron a este diario que la toma de material probatorio en la Presidencia se prolongó casi hasta las 11:00 am, de este lunes, una visita de dos horas y media que marca la intención de mostrar avances, justo cuando está en juego el mantener la competencia.

En la Fiscalía general avance un proceso desde mayo de 2023, cuando el entonces fiscal Francisco Barbosa, fuerte contradictor del Gobierno, le dijo al país que habían vuelto las “chuzadas” a Colombia. En cabeza de un juez penal de Bogotá, el proceso ha avanzado hasta la imputación de varios delitos. En noviembre de 2023, los coroneles Carlos Alberto Feria, quien fue jefe de la oficina de protección presidencial, y Elkin Augusto Gómez lo fueron por abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso, y el intendente John Alexánder Sacristán por acceso abusivo a un sistema informático. El cuarto policía investigado, el mayor Duván Muñoz, logró postergar su imputación por constreñimiento ilegal. En abril, cuando finalmente se dio la audiencia, su defensor alegó que debe ser juzgado por la justicia penal militar.

Y es que, de manera paralela, esa justicia ha avanzado en un expediente propio. Fuentes de la Justicia Militar le dijeron a EL PAÍS que, mientras la Corte Constitucional define, seguirán indagando. Ya tienen listas unas órdenes de entrevistas para que otros funcionarios de Presidencia comparezcan, en una muestra más de su intención de mantener el control del caso, o por lo menos de partes de él.

Conformada por una entidad especial que depende del Ministerio de Defensa y no de la Rama Judicial, llamada Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, sus magistrados no solo deben ser abogados, sino también oficiales de la Fuerza Pública. Con sedes en instalaciones militares o policiales, el presidente Gusatvo Petro ha sido un gran crítico de la jurisdicción. En pleno estallido social, señalaba que no era una herramienta para hacer justicia frente a los abusos de los policías: “Después de la masacre desatada por el gobierno, esto: si los responsables de los homicidios gubernamentales van a la justicia penal militar, entonces van a la impunidad. Lo que quiere el gobierno es tener una fuerza para matar con impunidad”, escribió en su cuenta de X en septiembre de 201210, cuando esa justicia recibió la competencia para investigar la muerte de Javier Ordóñez en manos de policías.

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