Fortalezas y debilidades del PEP-Tutor, la nueva política de regularización migratoria en Colombia

Tras varios anuncios del lanzamiento de un nuevo instrumento para regularizar a la población migrante, esta semana la Cancillería colombiana presentó un borrador de decreto por el cual se crearía el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niños, niñas y adolescentes venezolanos (PEP-Tutor).

La medida busca beneficiar a los migrantes que se encuentran en condición de irregularidad, sin documentos, y que son padres o tutores de menores que ya cuentan con el Permiso por Protección Temporal (PPT), un mecanismo que hace parte del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos (ETPV) y que viene implementándose desde 2021.

Con 2,5 millones de venezolanos registrados en el ETPV en los últimos tres años, entre ellos más de 850.000 menores de edad, una política de regularización basada en el interés superior de proteger a la infancia y adolescencia migrante y en el principio de unidad familiar, es un paso necesario y coherente con el proceso que ha venido adelantando Colombia.

La Corte Constitucional, consciente de esa realidad de los menores y de que muchas personas no pudieron acogerse a los tiempos del ETPV por motivos de fuerza mayor, ha proferido sentencias que salvaguardan los derechos fundamentales de los migrantes y ha ordenado a la autoridad migratoria revisar su normatividad para ello. Un precedente jurídico que sin duda impulsa el primer mecanismo regulatorio del Gobierno de Gustavo Petro y que busca beneficiar a cerca de 270.000 niños y adolescentes.

El PEP-Tutor comparte las cualidades del reconocido y aún vigente PPT: es una política de regularización migratoria de largo alcance que cubre a sus beneficiarios hasta el 30 de mayo de 2031; otorga un documento de identidad que permite trabajar formalmente, afiliarse en el sistema de salud y seguridad social y acceder a servicios; habilita el ingreso y salida del territorio colombiano por hasta 180 días; acredita tiempo de permanencia para la solitud de visados, e incluso va más allá: por primera vez admite a los solicitantes de reconocimiento de refugio con salvoconducto.

Ese nuevo proyecto regulatorio podría ser otro de los grandes aciertos de la política migratoria colombiana. Sin embargo, genera cuestionamientos y presenta limitaciones que ponen en riesgo su eficacia.

La primera inquietud gira en torno al nombre de este documento de identidad y regularización, un asunto que parecería insignificante pero no lo es. Si tiene las mismas cualidades del PPT, que ya se incorporó en la mayoría de las plataformas para la oferta de derechos y servicios, ¿por qué crear un nuevo documento, que requiera otra adecuación de los sistemas de atención de las entidades nacionales y territoriales públicas y privadas?

Cuando los recursos para la gestión de la migración han disminuido sustancialmente, este proceso generará altos costos y esfuerzos al Estado y a toda la sociedad. Un desgaste institucional innecesario que además causará confusión en la población. En lugar de crear una nueva medida, ¿por qué no incluir a estos beneficiarios en el PPT? [MR1]

Pareciera que la razón obedece a que el PEP-Tutor toma cierta distancia de la idea de “protección” a población vulnerable que, como su nombre lo indica, ha caracterizado al PPT. El nuevo mecanismo ya no será gratuito, lo que significa una barrera de acceso. También exige requisitos como actas de nacimiento apostilladas, certificados de representación legal o escrituras públicas en el caso de los custodios y cuidadores. Son requerimientos que chocan con la realidad de muchas familias migrantes, que no cuentan con documentos o con los recursos suficientes para pagar apostillas de 60 dólares, largos trayectos y estadía en las ciudades en las que funcionan los consulados venezolanos, o los costos de envío cuando los documentos se encuentren en Venezuela.

¿Qué acompañamiento tendrán las familias para cumplir estos requisitos? ¿Qué pasará con los menores que no logren acreditar a un custodio o cuidador? Inquietudes importantes que quedan en el aire y que se espera tengan una solución sustentada en principios de protección a la niñez y los núcleos familiares.

El decreto final y la resolución que lo desarrolle también deberían contemplar a los migrantes irregulares que son padres o custodios de los niños y niñas que adquirieron la nacionalidad colombiana a través del programa “Primero la Niñez”, que al 7 de abril de 2024 ha naturalizado a 109.116 menores.

También preocupa que al PEP-Tutor sólo podrán aplicar quienes se encontraban en Colombia antes del 12 de agosto de 2022, aduciendo que en esa fecha se restablecieron las relaciones diplomáticas con Venezuela, pese a que la fecha ni siquiera corresponde con la oficialización de la reapertura de la frontera, que se dio un mes después.

Es notorio el progreso que se ha dado en el restablecimiento de las relaciones binacionales, tema prioritario en la agenda gubernamental, aunque los resultados concretos en la institucionalidad y en la gestión de la relación bilateral avanzan lentamente. Tampoco se puede soslayar la crisis humanitaria multidimensional en Venezuela y el aumento de la migración.

En los dos últimos años 1,6 millones de personas salieron de Venezuela, parte significativa de una diáspora de 7,8 millones. Muchos de ellos migran sin documentos de viaje ni recursos y en condiciones humanitarias difíciles. Esta es una realidad innegable, sobre todo para Colombia, el país más afectado por la situación venezolana y que enfrenta un escenario complejo y retador. Si bien es positivo que mantenga relaciones y diálogo abierto con su principal vecino, debe asumir que Venezuela no es una democracia y que son débiles las garantías institucionales para articular políticas que buscan atender a poblaciones vulnerables.

La apuesta del PEP-Tutor es acertada y necesaria como política migratoria en Colombia y ojalá se replique en la región. Es otra muestra de la voluntad del país de ser garante de derechos a los migrantes. Pero, antes de implementarla, debe revisarse la optimización de los recursos, impacto y sus implicaciones en materia de protección de derechos humanos.

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