La propuesta constituyente de Petro no encuentra un buen clima en su primer día

Colombia no despertó con ganas de celebrar la nueva propuesta del presidente Gustavo Petro sobre una posible Asamblea Constituyente, anunciada por su nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. “Me pregunto, ¿cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991?”, dijo en un evento el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes, el más alto jurista del país que se pronuncia al respecto.

“La constitución no debe ser una masa deforme, gelatinosa, y banal, cambiable a placer, sino al revés, un texto rígido con muy relativas flexibilidades, que precisa de muy meticulosos y exigentes requisitos de variación y cambio. La banalización de la constitución, y lo que es aún peor, el querer cambiarla porque sí, es el peor mensaje que puede enviarse a un pueblo”, añadió. Y es que la propuesta de Petro pone a tambalear los cimientos sobre los que se ha edificado la institucionalidad colombiana durante las últimas décadas: la Constitución de 1991. En eso parece que todos, académicos y líderes de ambas orillas, están de acuerdo.

Desde que el presidente colombiano hizo la primera referencia a esta figura, el 15 de marzo en un discurso en Cali, casi todos los partidos han cuestionado la iniciativa y han cerrado filas frente a la Constitución. “Hoy en Colombia una constituyente no sólo no es necesaria, sino que es riesgosa, puesto que pondría en peligro la Constitución de 1991, que, sin ser perfecta, es un marco jurídico en que la gran mayoría de los colombianos nos reconocemos, a pesar de nuestras divisiones”, escribió Rodrigo Uprimny Yepes, reconocido jurista, en una columna que fue retomada este jueves.

Varios expresidentes vivos se han pronunciado en contra en distintos momentos. Juan Manuel Santos, por ejemplo, calificó la propuesta de un “absurdo” cuando se pensó usar el acuerdo de paz del 2016 para apelar a la Constituyente. Ernesto Samper dijo entonces que “no es posible legitimar la convocatoria de una Asamblea” en el clima político actual—ahora no le parece tan mala idea. “Quieren llevar a Colombia a una incertidumbre Constitucional, a los cual nos oponemos”, escribió enfáticamente este jueves el expresidente Álvaro Uribe a través de X.

Hasta el momento solo un contradictor del presidente ha visto la iniciativa con buenos ojos: Germán Vargas Lleras, un político de larga data, vicepresidente durante el gobierno de Santos y quien dirigió el partido Cambio Radical, cercano al uribismo y hoy parte de la oposición al Gobierno en el Congreso. “Es el momento propicio para convocar una Constituyente bajo las reglas de la Constitución del 91, de este tema se viene hablando desde hace meses y hay que coger el toro por los cuernos. No tiene mucho sentido hacerlo en dos años cuando ya hay otro presidente y otro Gobierno”, dijo.

Aunque la misma carta magna establece la opción de convocar una Asamblea Nacional, y los mecanismos para hacerlo, la concepción y proclamación de la Constitución de 1991 está intrínsecamente vinculada a los actuales ideales progresistas. Fue redactada tras el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, y contó con una amplia participación de la Alianza Democrática M-19, el partido surgido tras la desmovilización de la guerrilla que llevaba ese mismo nombre.

Quizá a eso se deba la tímida respuesta de María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico e hija del máximo comandante de esa guerrilla, asesinado en 1990 tras dejar las armas. A través de su cuenta de Twitter expresó que la designación de Juan Fernando Cristo como ministro representa un claro mensaje: “El Gobierno seguirá buscando un Acuerdo Nacional sobre lo fundamental, respetando la constitución del 91 en todos los temas importantes del país, con todos los sectores sociales y las fuerzas políticas”. En la izquierda, la posibilidad de una Constituyente no ha despertado grandes emociones, aunque sí hay buen clima para un acuerdo nacional, esto es, que los partidos puedan llegar a acuerdos para que avancen las reformas.

Tímido también fue el senador Iván Cepeda, quien se expresó a través de un video difundido en sus redes sociales: “Creo que abre la posibilidad de materializar un acuerdo nacional, bien sea a través de un proceso de concertación que finalice en una Asamblea Nacional Constituyente, o de otra figura política, pero lo fundamental es que se abra un diálogo sobre los asuntos nacionales, pero sobre todo que ese diálogo concluya en soluciones que tengan un consenso nacional”.

La propuesta se ha convertido en una discusión para abogados. Se habla de acuerdo nacional, de Asamblea Constituyente, de poder constituyente, una terminología lejana para la mayoría de los colombianos. La confusión se acentúa cuando los conceptos empiezan a mezclarse. La propuesta ahora es llegar a un acuerdo nacional que, quizás, derive en una Asamblea Constituyente. En otras palabras, llegar a una acuerdo sobre que se necesita pactar un nuevo acuerdo. El mismo ministro Cristo no ayuda a clarificar cuando dice que, entonces, arrancará un diálogo nacional que eventualmente “puede o no, y eso surgirá de las conversaciones, terminar en una Constituyente”.

La diplomacia sobre el debate corre a cargo del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien señala que “como país, no podemos correr el riesgo de debilitar las instituciones que tanto esfuerzo nos han costado construir y mantener. Cualquier modificación a la Constitución debe hacerse de acuerdo a los procedimientos en ella establecidos”. Institucionalidad es una palabra que se repite. En medio de los permanentes conflictos armados en el país, de las divisiones o los vaivenes políticos, hay algo de lo que Colombia siempre se ha jactado: su institucionalidad. El reto del nuevo ministro es lograr que los cambios avancen, sin ponerla en riesgo.

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