Solo 65.000 de 500.000: Colombia está muy lejos de cumplir su meta de cupos nuevos en la educación superior

En política es larga la distancia entre lo que se promete y lo que se puede hacer en cierta ventana de tiempo. A la mitad del periodo presidencial de Gustavo Petro, su intención de crear 500.000 nuevos cupos de pregrado en la educación superior, muestra un avance de solo 65.000, el 13% de la meta. “Seguramente no se van a alcanzar esos 500.000 cupos porque las estrategias no han sido tan efectivas. Estamos acompañando para que logremos avanzar lo más que se pueda”, afirma Jairo Miguel Torres, el presidente del Sistema Estatal de Universidades (SUE), que reúne a las 34 universidades públicas del país.

La necesidad de ampliar el acceso a la educación superior es indiscutible. En Colombia las ilusiones de 5 de cada 10 jóvenes se frenan cuando terminan la secundaria y quieren seguir una carrera profesional o tecnóloga, si es que consiguen completar el bachillerato antes de que las dificultades económicas los obliguen a abandonar las aulas para saltar al mundo del trabajo, o del rebusque. Para muchos adolescentes en condiciones vulnerables, es más urgente alimentarse que estudiar.

La educación superior –que se atiende bajo un modelo mixto, con instituciones privadas y públicas, incluido el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que ofrece programas de formación técnicos y tecnológicos gratuitos– llega al 55% en la población entre los 17 y 21 años. Aunque esa cobertura ha subido más de 20 puntos porcentuales en los últimos 15 años, está lejos del promedio del 70% de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En 2023, había 2,2 millones de jóvenes matriculados, mientras otros 2 millones en edad de estudiar estaban por fuera del sistema.

La tasa es menor en zonas periféricas: entre más alejadas de los centros económicos y políticos del país, más bajo es el acceso. Departamentos como Vaupés (4%), Arauca (5,9%) o Vichada (6,2%), no llegan al 20% de cobertura. En contraste, Antioquia (55,7%), Atlántico (56,9%) o Quindío (65,3%) están por encima del promedio nacional. En Bogotá alcanza el 140%, un reflejo de un centralismo que se refuerza cuando la capital atrae el talento joven de otras regiones.

Muchos jóvenes deben salir de sus veredas, pueblos o municipios ante la falta de oferta educativa. Según el Ministerio de Educación Nacional, actualmente se ofrecen programas de educación superior en 382 municipios, un 34% del total. “Ese ha sido un clamor histórico de cómo democratizar o masificar el derecho a la educación superior para los jóvenes de estos territorios y zonas rurales del país. Este Gobierno planteó una agenda de educación superior en esa dirección”, destaca Torres. Sin embargo, las buenas intenciones no son suficientes para que la transformación ocurra.

Una de las estrategias centrales del Ejecutivo es construir sedes de universidades públicas en zonas donde el derecho a la educación ha estado ausente. El plan contempla una inversión cercana a los 5 billones de pesos para construir y dotar de más de 100 infraestructuras, como el complejo educativo regional del Catatumbo en el Tarra (Norte de Santander), la sede de la Universidad de Cundinamarca en Soacha o el nuevo del edificio de la facultad de artes de la Universidad Nacional. “Esto exige un proceso previo de terrenos, diseños arquitectónicos, de infraestructura. Son acciones que demandan tiempo para poderse materializar”, advierte el presidente del SUE.

No solo se trata de abrir nuevos espacios. Se necesitan profesores, equipos, laboratorios, desarrollo tecnológico y más, para que no solo se mejore la cobertura, sino para que la educación sea de calidad. En resumen, se requiere construir capacidades incluso donde hoy no las hay.

Todo ello supone muchos recursos en un escenario en el que las universidades públicas ya existentes reclaman más transferencias del Estado. “En las últimas décadas hemos padecido un desfinanciamiento estructural gigantesco. El 50% de los recursos con que funcionamos son propios”, agrega Torres, quien funge como rector de la Universidad de Córdoba. De acuerdo con datos del Ministerio, entre los años 2000 y 2023 la matrícula en las instituciones de educación superior públicas aumentó un 176%, mientras que las transferencias de la Nación se incrementaron en un 62% en términos reales. El Gobierno reconoce que el esquema actual de financiación no responde al aumento de los estudiantes ni al comportamiento de los costos y los gastos salariales, entre otros rubros.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, quien asumió el cargo en julio pasado, radicó en el Congreso de la República un proyecto legislativo que ha llamado “Acuerdo nacional por la educación superior”. El documento busca modificar dos artículos de la Ley 30 de 1992, que regula todo el sistema, para que la financiación de las universidades e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias oficiales deje de crecer con el Índice de Precios al Consumidor, la inflación general, a hacerlo con el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), una inflación específica que calcula anualmente el DANE y contempla variables que asumen las universidades con recursos propios.

“Si se cambia el modelo de financiación, la universidad pública va a poder proyectarse, ampliarse, generar una dinámica distinta. Nuestro crecimiento ha estado muy limitado por el tema financiero. Esperamos que el Congreso entienda la necesidad urgente, impostergable, de cambiar el modelo de financiamiento”, dice Torres.

Pero, aunque eso ocurra, los resultados tardarán. “En 1993, las 32 universidades públicas tenían 155.000 estudiantes, que hoy son 650.000 estudiantes. En 30 años crecimos 500.000 cupos. Las capacidades —en infraestructura física, técnica, y tecnológica, o en recurso humano— se consiguen de manera progresiva. La cobertura requiere de un soporte técnico, bien modelado, que pueda determinar con qué capacidades contamos y cuáles hay que construir”, explica Torres.

Otra de las dudas es si existe suficiente demanda de educación superior en los lugares que ha priorizado el Gobierno, señala Edna Bonilla, profesora de la Universidad Nacional y ex secretaria de Educación de Bogotá. “Por ejemplo, la Universidad Nacional tiene nueve sedes. Mejor fortalecerlas en lugar de crear sedes en cualquier territorio sin un estudio claro. El Tarra, en Norte de Santander, tiene apenas 232 graduados por año y se planea una universidad para 15.000 estudiantes ¿De dónde van a salir? ¿qué profesores van a ir? Hay que evitar obras que se conviertan en elefantes blancos. Eso exige un trabajo mucho más juicioso, más riguroso, de mucho conocimiento del sector”, apunta.

Para Natalia Ariza, viceministra de Educación Superior entre 2016 y 2018, el Gobierno debe aprovechar los dos años que le quedan para reorientar su política con base en las necesidades ciertas de las regiones. “No decir que van a poner una universidad en el Catatumbo porque quisieron, sino porque están las personas, se están graduando los bachilleres y se quieren formar en determinadas áreas. De acuerdo con las necesidades, definir qué universidad se va a encargar de la región, cuántos recursos se requieren”, sostiene.

En una entrevista con el diario El Tiempo, el ministro Rojas precisó que la meta se compone de 360.000 estudiantes en las universidades y 140.000 en el SENA. “Esto es bien ambicioso y está anclado a que nosotros podamos ser muy eficientes en la ejecución de los recursos que se han presupuestado para infraestructura universitaria (…) no simplemente es la garantía del edificio y del pupitre, necesitamos docentes, necesitamos los programas”, expresó.

De los 65.000 nuevos cupos creados hasta ahora, según los datos reportados al Departamento Nacional de Planeación (DNP), el SENA ha puesto un poco más de 22.000. Aunque su matrícula total cayó en más de 30.000 estudiantes en el último año, la entidad reportó aprendices nuevos adicionales a los contemplados. “Estamos diseñando estrategias como la articulación en la educación media [bachillerato] para los ciclos superiores. A través de esa estrategia estamos llevando educación superior en el ciclo tecnólogo a las veredas, a los sitios más apartados”, asegura Jorge Eduardo Londoño, su director general. En los próximos tres años, dice, crearán 40.000 cupos adicionales cada año para cumplir con la cifra asignada a esa institución.

El presidente Petro quiere concentrar su apuesta fortaleciendo a las instituciones públicas y Bonilla cuestiona que no se involucre a las privadas. “Para cumplir la meta era necesario una estrategia distinta, en la que se fortaleciera las universidades públicas sin trasladarles toda la carga. Se necesita un trabajo con las privadas que pueden ofrecer cupos, carreras distintas y territorialidad, para lograr el cumplimiento de la meta”, opina.

Torres, el presidente del gremio de universidades públicas y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) —que agrupa a 99 instituciones públicas y privadas—, coincide. “Hay universidades privadas de región y de calidad, con costos de formación equivalentes a una pública, que cumplen una función social importante y son estratégicas porque están en los territorios. No me refiero a las de élite”, afirma.

Fortalecer el sistema mixto, argumentan, permitiría responder a una realidad difícil. “Colombia tiene una de las tasas más bajas de tránsito inmediato: solo el 42% de los jóvenes que terminan la secundaria, pasan enseguida a la educación superior. Para darles respuestas a los demás, necesariamente hay que fortalecer el sistema mixto y responder a lo que buscan estudiar. Muchos no quieren carreras con las que, en últimas, no vayan a conseguir trabajo”, concluye Bonilla.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.