Martha Carvajalino, ministra de Agricultura de Colombia: “El Gobierno Petro no ha hecho una sola expropiación agraria, aunque podría”

La ministra de Agricultura de Colombia, Martha Carvajalino Villegas, está convencida de que si la disputa por la tierra ha sido la principal causa del conflicto armado, la reforma agraria es hoy el único camino para construir la paz. “La redistribución de la tierra es fundamental para superar la violencia”, dice desde su oficina en el centro de Bogotá, a finales de enero. Feminista, académica y militante comunista, es una de las funcionarias más destacadas del gabinete de Gustavo Petro. La abogada bogotana de 42 años habla con propiedad. Ha dedicado su vida laboral a los asuntos relacionados con la tierra. Insiste en que no le interesa la política electoral y que al salir del Ministerio volverá a su cargo, de carrera administrativa, como procuradora judicial agraria.

El sector a su cargo creció 10 % en el segundo semestre de 2024 y se consolidó como uno de los motores de la economía. En los pocos meses que lleva al frente de la cartera, Carvajalino ha estado lejos de las polémicas —se ha mantenido al margen de los choques intestinos revelados en la crisis de gabinete—, y ha demostrado ser capaz de escuchar, dialogar y ceder para llegar a acuerdos. En diciembre de 2024 lideró una exitosa alianza en el Congreso con todas las fuerzas políticas, desde el Pacto Histórico hasta el Centro Democrático, que salvó la jurisdicción agraria. La magíster en derecho de la Universidad Nacional afirma que este Gobierno ha avanzado como ningún otro reciente en la compra, formalización y entrega de tierras a las familias pobres. Reconoce, sin embargo, que hace falta un gran movimiento campesino, afro e indígena que acelere la reforma agraria. Insiste en que, aunque la Constitución lo contempla, el Gobierno Petro no ha hecho ni una sola expropiación agraria, y pese a ello la oposición ha agitado ese fantasma.

P. ¿Qué autores o qué libros influencian su Ministerio, su trabajo?

R. Leemos con cuidado a Aleksandr Chayánov, un economista de la antigua Unión Soviética que escribió sobre la agricultura campesina. Los soviéticos querían una producción agropecuaria masiva, para ello volvieron públicas las tierras y pusieron a todo el mundo a trabajar en una lógica agroindustrial. Fue un fracaso. No se dieron cuenta de que al estatizar las tierras la gente perdía incentivos. En Colombia, la relación de los campesinos con su parcela va más allá de la producción, es cultural. Por eso, independientemente de lo que pase, quieren mantener su tierra, quieren que sea su proyecto de vida. Eso demuestra que la agricultura no debe ser una actividad estatizada.

P. ¿Por qué la agricultura jalonó el crecimiento económico en 2024?

R. Creo que es el sector que más crece, justamente, por el fortalecimiento de la agricultura campesina. Tenemos que dar un respaldo a pequeños, medianos y grandes productores para que Colombia vuelva a ser un país asentado en la producción agropecuaria. Los mercados internacionales se abren cada vez más; exportamos más café, más cacao, cítricos, frutas, carne. Podemos ser una potencia agroalimentaria para combatir el hambre de la región y del mundo.

P. Usted ha anunciado que este será el año de la reforma agraria ¿Qué significa eso?

R. Hemos declarado a 2025 como el año de la agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria. El 70% de nuestros alimentos los producen las familias campesinas. El gobierno del presidente Gustavo Petro, a diferencia de los anteriores, reconoce al campesinado y sus sistemas agroalimentarios. Son claves para combatir el cambio climático porque hacen un uso más sostenible del suelo, de los bosques y del agua, y para buscar la paz, porque permiten el bienestar de las comunidades. Esto está ligado a la reforma agraria, porque la redistribución de la tierra es fundamental para superar las condiciones estructurales de la violencia en Colombia. La disputa por la tierra ha sido la causa de la guerra. Hoy la tierra puede ser el camino para la paz. Además de la apuesta redistributiva, tenemos una de formalización.

P. ¿Cuántas hectáreas de tierra ha comprado el Gobierno?

R. En el Fondo Nacional de Tierras tenemos 494.000 hectáreas que provienen de procesos de adquisición directa, todas por un mecanismo voluntario, y de procesos agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados. Para este año, ante la reducción del presupuesto, esperamos gestionar 160.000 hectáreas entre procesos agrarios y procesos de adquisición [compras].

P. ¿Y en formalización?

R. En este Gobierno llevamos más o menos 1.300.000 hectáreas formalizadas, un millón en títulos efectivamente otorgados por nosotros y las otras producto de procesos anteriores, en los que registramos los títulos en el sistema inmobiliario. Este año esperamos formalizar 500.000 hectáreas más.

P. ¿Ya se pusieron de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras en estas cifras?

R. Sí, tenemos un contador oficial de tierras en la página de Ministerio. Ese indicador suma lo de la Agencia, lo de la Sociedad de Activos Especiales, la Unidad de Restitución de Tierras y también el crédito de acceso a tierras.

P. ¿No son muy pocas hectáreas compradas y formalizadas para la meta contemplada en el Acuerdo de Paz?

R. 494.000 hectáreas ingresadas al fondo de tierras no tienen antecedentes cercanos en la historia, pero sin duda la reforma no se hace si no hay un movimiento campesino, indígena y con las comunidades negras que la impulse. Por eso estamos creando comités de reforma agraria, como los prevé la ley 160 de 1994, que nunca se habían constituido. Hoy son 423 comités y esperamos llegar a 700.

P. ¿Esas 490.000 hectáreas ya han sido entregadas a las personas?

R. Se han entregado cerca de 250.000 a las comunidades, unas de manera provisional y otras definitiva. Nuestro plan en 2025 es avanzar en esa adjudicación; este año esperamos lograrlo con 200.000 hectáreas adicionales.

P. ¿En qué va la jurisdicción agraria en el Congreso?

R. Ya tenemos el acto legislativo de 2023, que incorporó la jurisdicción agraria y rural a la Constitución Política, y la ley estatutaria. Nos falta el proyecto que establece los principios, las competencias y el procedimiento de los jueces y los tribunales agrarios y rurales. Tuvo mensaje de urgencia en 2024, y se discutió y aprobó por unanimidad en comisiones primeras de Cámara y Senado. Faltan las plenarias.

P. ¿Cómo llegaron a un acuerdo con la oposición?

R. Lo que hicimos fue dialogar y entender que la reforma agraria, el desarrollo rural y la justicia en el campo son la esencia de un acuerdo nacional para construir la paz. Cedimos como Gobierno en algunas disposiciones, pero hoy tenemos un proyecto de ley que da tranquilidad a todos los sectores, que le permite a la oposición decir que no estamos con todos esos fantasmas que le han puesto, de una supuesta política confiscatoria.

P. ¿Se mantendrá el consenso en las plenarias?

R. Si se resuelven los conflictos en el campo por un medio institucional, la justicia agraria, eso nos permite sustraer a los actores armados del control territorial. Es muy difícil que alguien esté en contra de eso. Lo que generó discusión fue el proceso de extinción de dominio porque afecta la propiedad, pero logramos llegar a un acuerdo con la oposición en el que ese proceso se adelanta por la vía administrativa, pero se decide en la fase judicial.

P. ¿No están expropiando, no van a expropiar?

R. La expropiación existe en Colombia desde 1926. El primer programa de adquisición de tierras en Colombia se hace en 1936, cuando las grandes haciendas en la región del Sumapaz no producían y muchos campesinos sin tierra se movilizaron. Se ordena la compra de tierras y, si el hacendado no aceptaba voluntariamente, se iba a la vida judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo expropiación. Se contempló también en la Ley 135 del 1961 y en la Ley 160 de 1994. Es importante reconocerle al gobierno de Gustavo Petro que lo que ha hecho en aras de construir un acuerdo y una política de paz realmente seria y efectiva en los territorios fue poner en marcha la lógica redistributiva a través de la venta voluntaria. Y viene funcionando. La mayoría de las 494.000 hectáreas son de ofertas voluntarias de tierras. Este Gobierno no ha hecho una sola expropiación agraria, aunque podría. No hemos tenido la necesidad de hacerlo. Lo podríamos hacer, como se viene haciendo para la infraestructura vial, para el desarrollo urbano o como se contempla también en la legislación ambiental para proteger los recursos naturales.

P. ¿Qué ha pasado con la resolución de delimitación de los territorios en Antioquia que generó polémica en la oposición?

R. La resolución establece una zona de especial protección para la producción de alimentos en un gran polígono en el suroeste antioqueño: 250.000 hectáreas, 23 municipios. Vamos a estudiar dónde se están produciendo los alimentos para poder proteger esas áreas a través de una determinante del ordenamiento. Ya lo hicimos, el año pasado, en la Sabana de Bogotá, y lo haremos próximamente en Tolima, Santander, Norte de Santander, Putumayo y Cauca. No estamos modificando, variando, ni creando situación alguna. Solo identificamos la actividad agropecuaria para protegerla. De eso depende el abastecimiento alimentario.