Alejandro Toledo, la discutible veracidad de un paciente preso

Una voz quebrada interrumpe la audiencia virtual. En uno de los recuadros se ve a un hombre mayor, ligeramente encorvado, que alza la mano. Se coge el rostro con desesperación y dice sentirse “absolutamente mal” mientras su voz se entrecorta y su respiración se acelera. Implora que, por favor, lo lleven a un hospital y denuncia que donde se encuentra no hay ningún médico. Es Alejandro Toledo, expresidente del Perú, huésped del penal de Barbadillo desde hace quince meses, vecino de Pedro Castillo y hasta el año pasado de Alberto Fujimori. Su súplica desde la prisión ha detenido la audiencia por el caso Interoceánica, un escándalo de corrupción donde se le acusa de haber recibido más de 30 millones de dólares en coimas de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerlos en la adjudicación de una carretera, cuando era jefe de Gobierno.

Entonces aparece en el recuadro de la videollamada virtual su celador. La cámara no alcanza a enfocar su rostro, pero se nota que intenta manipular la computadora desde donde se comunica Toledo. “Déjame hablar”, dice el economista, recobrando claridad repentinamente. “Estás interrumpiendo”, le responde el funcionario de la Penitenciaría mientras trata de apagar su micro. Toledo lo mira por unos instantes, pero luego gira hacia la cámara y le pide a la jueza que, por favor, hable con su abogado, que se está ahogando. El celador insiste en apagar el micro, y es allí cuando Alejandro Toledo Manrique dice: “no me toques, carajo”, señalándole con el dedo.

Inevitablemente se produce un forcejeo entre ambos. Pero es breve. Cuando el conflicto podía escalar, Toledo se arrepiente de su rapto autoritario, cierra los ojos y se derrumba sobre la mesa. La jueza, sorprendida, manda a un receso y el abogado de Toledo dice que se comunicará con su familia para que sea atendido lo antes posible. Toledo, que al parecer iba a desvanecerse, nuevamente se restablece. Se levanta de su asiento, coge su folder, lo coloca debajo de la axila y su recuadro va a negro, como si fuese el final de una escena cinematográfica. La audiencia seguirá sin él.

Horas después su abogado Roberto Su denunciará la falta de atención médica hacia su patrocinado. “Estaba temblando con un fuerte dolor en el pecho. La presión estaba baja. Tiene hormigueos en las manos”, sostendrá. El jueves por la noche el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) publicó un comunicado que diluye la gravedad de la presunta descompensación. “No es necesario que el interno Alejandro Toledo Manrique sea conducido a un hospital ya que, conforme al reporte del área de salud del penal de Barbadillo, su estado es estable al no presentar una situación de emergencia ni de urgencia”, señaló la institución categóricamente. Por si fuera poco, este viernes no se dejó revisar por el médico legista. “Se encuentra irritado y ansioso. Por momentos se torna agresivo. Se rehúsa a recibir atención”, informó.

Desde antes de su extradición de los Estados Unidos para cumplir una prisión preventiva de dieciocho meses, Alejandro Toledo ha recurrido a su salud para dilatar los procesos judiciales en su contra. Poco antes de entregarse a las autoridades publicó un video donde confesó tener cáncer de próstata, además de una gama de enfermedades, y le pidió a la justicia peruana que “no lo matara en la cárcel”. En noviembre pasado durante las primeras audiencias del juicio oral que se le sigue por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos, Toledo intentó conmover al jurado, hablando de su cáncer y sus males cardiacos. Al borde del llanto pidió que “lo dejaran defenderse en libertad”.

Hace poco, el 3 de julio, circuló la noticia de que el líder del extinto partido Perú Posible había sido trasladado a un hospital, provocando la alarma. Pero el INPE le bajaría las revoluciones al asunto al aclarar que se trataba de una cita programada sin ninguna novedad. Semanas atrás el Poder Judicial ordenó que se le levantara el secreto de las comunicaciones, así como las reservas tributarias y bancarias entre el 2010 y 2013. En marzo, la defensa de Toledo pidió a petición suya que se le someta a pruebas integrales de salud, pero en clínicas privadas y no en el sistema público. En junio del 2023 sufrió otra descompensación cuando era trasladado a un chequeo médico en un hospital. Nuevamente la Penitenciaría informó que no había nada de qué preocuparse y que no corría ningún peligro.

Para que Alejandro Toledo se sentara en el banquillo de los acusados en Perú hubo que esperar seis años después de que huyera a los Estados Unidos, donde solía decir que no había cometido ningún delito y que era un perseguido político. A mediados de 2019 fue arrestado por mandato de extradición y fue internado en la correccional de Maguire en el condado de San Mateo, en California. Pero en el 2020 salió en libertad bajo fianza tras argumentar que podía infectarse de coronavirus y pasó a tener arresto domiciliario. En 2022, luego de que se determinara que había suficiente evidencia para extraditarlo, pretendió frenar el proceso al interponer un habeas corpus, pero quedó sin efecto. Logró que su caso se trasladara a otra Corte, alegando falta de garantías. “Es un anciano con problemas de salud cuyo riesgo aumentará dramáticamente si está bajo custodia”, fue uno de los últimos alegatos de su defensa antes de que finalmente se resolviera su extradición.

Proceso que sí ha conseguido eludir su esposa, la ex Primera Dama, Eliane Karp, una antropóloga belga de ascendencia judía que se hizo conocida por su carácter fuerte y su férrea defensa a Toledo, con quien coincidió en los pasillos universitarios, en California, en los años setenta. Sobre Karp pesa una orden de captura internacional y otra de prisión preventiva por 18 meses por el caso Ecoteva. En mayo de 2023 viajó a Israel, país que no ha suscrito un Tratado de Extradición con el Perú. Desde entonces está no habida.

A Alejandro Toledo, el hombre que en su momento encarnó la lucha contra la corrupción y lideró el rescate de la democracia luego del gobierno de Alberto Fujimori, se le acusa de recibir el soborno más alto del caso Lava Jato en Perú. Pero él insiste en tener las manos limpias y en padecer una salud resquebrajada por la que, asegura, debería ser liberado. Lo fáctico es que el personal de salud de la cárcel no le ha hallado nada grave ni tampoco desea ser examinado. Su orden de prisión preventiva vence el 22 de octubre, pero se prevé una ampliación para continuar con las investigaciones.

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