El Gobierno boliviano achica el cerco judicial alrededor de Evo Morales

La disputa política entre Evo Morales y el presidente, Luis Arce, se juega en los tribunales. Este miércoles, una fiscal pidió la detención del expresidente en un caso de presunto estupro y trata de menores. La orden quedó sin efecto de inmediato, porque la fiscal fue destituida por su jefe, Juan Lanchipa, un hombre cercano a Morales. La defensa dijo que la investigación se basa en “datos de las redes sociales” y denunció que su cliente está siendo acosado por la justicia. Al pedido fallido de detención se le sumó otra investigación sobre el origen de la camioneta Toyota que Morales usa para sus traslados. El exministro de Justicia Iván Lima denunció, antes de dejar el cargo días atrás, que el vehículo fue adquirido por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) por 90.000 dólares y revendida enseguida a una joven de 21 años a menos de una sexta parte de su valor. Lima habló de una “intervención extranjera en la política boliviana”. Bolivia vive día a día las consecuencias de la fractura entre Morales y Arce, su delfín político.

Morales empleó la camioneta para trasladarse desde la región cocalera del Chapare, donde vive, hasta la Marcha para Salvar Bolivia, la protesta que organizó hace dos semanas para mostrar fuerza de masas ante el Gobierno y exigir su habilitación a las elecciones de 2025. Durante esta marcha, que tardó siete días en recorrer 189 kilómetros y llegar a La Paz, varios dirigentes del oficialismo y la oposición pidieron la detención de Morales, seguros de que la mayoría de la población respaldaría este desenlace. Al final, la entrada a La Paz de los fieles de Morales, que fueron aplaudidos en los barrios periféricos, fue pacífica, sus dirigentes evitaron enfrentarse a la policía y el expresidente pudo retornar tranquilamente a su hogar en el Chapare.

La lucha entre Morales y Arce ha ido escalando sin cesar desde que este no mencionara a su mentor en su discurso de posesión como presidente, el 8 de noviembre de 2020. Arce sostiene que el distanciamiento se produjo por la “incontrolable ambición de poder de Evo” y su deseo de convertirlo “en un títere”. Por su parte, Morales compara a Arce con Lenin Moreno, el presidente ecuatoriano que llegó al poder de la mano de su predecesor, Rafael Correa, y luego rompió. “Me he equivocado con Lucho”, ha dicho varias veces.

En la tercera edición de su libro sobre el modelo económico boliviano, publicad en 2020, Arce, entonces candidato presidencial, reconocía a Morales como “el ejecutor” y “el que tomó la decisión política de hacer un cambio… que significó desechar el viejo modelo neoliberal e implantar uno hecho en Bolivia”. Quien había “hecho” este nuevo modelo era el propio Arce, acompañante de Morales en la cartera de Economía de 2006 a 2019. Tal era la identificación entre ambos que se hablaba indistintamente de “Evonomics” y de “Arcenomics” para describir los extraordinarios resultados financieros de un país que no estaba acostumbrado a destacar por su éxito en esta materia.

Cuatro años después, y con la economía boliviana haciendo aguas , ambos líderes se culpan mutuamente: “Cuando era ministro de Economía [Luis Arce] valoraba y reconocía los éxitos del modelo implementado por nuestro gobierno… y ahora los desconoce para justificar los pésimos resultados económicos de su gestión”, posteó Morales en X el 11 de septiembre. Por su parte, Arce atribuye los actuales descalabros económicos a que Morales “no cuidó la nacionalización” de los hidrocarburos y permitió que las reservas petroleras ese secaran. Bolivia tiene hoy que importar alrededor de 3.000 millones de dólares de combustibles cada año y por eso sufre un déficit comercial que, sumado a la fuga de capitales, ha acabado con las divisas extranjeras. Sin dólares, Bolivia anda muy apretada. Hay un semi-corralito a los depósitos bancarios nominados en dólares y una incipiente pero inequívoca alza de precios. Hasta hora, el país se ha salvado de entrar en default de su deuda externa, pero no puede acceder a financiamiento externo no condicionado.

Ninguno de los coautores del modelo económico ha propuesto cambiarlo, pero Morales es el más pragmático de los dos: ha hablado de revisar las subvenciones a los combustibles, que aumentan la demanda y promueven el contrabando de gasolinas a los países vecinos, donde su precio es tres veces mayor. Morales también tiene mejores relaciones con los empresarios, a los que les fue muy bien durante sus 14 años de gestión. El recuerdo de ese tiempo de bonanza lo mantiene fuerte en las encuestas, aunque encerrado en los sectores de menores ingresos, mientras que la aprobación de Arce se ha desplomado.

La cuestión de fondo es que tanto Arce como Morales se disputan el liderazgo de la izquierda boliviana. Arce asegura que Evo Morales está constitucionalmente impedido de postular en nuevas elecciones. Defiende la tesis, que aparece tangencialmente en una sentencia de 2023 del Tribunal Constitucional, de que la reelección discontinua (dejando un tiempo entre dos mandatos) está prohibida por la Constitución. La única reelección permitida, según Arce, es “una continua”. Esto lo habilita a él, que no ha descartado presentarse pese a su actual debilidad en los sondeos.

Morales considera la sentencia del TCP inconcluyente y recuerda que en Bolivia siempre estuvo permitida la reelección discontinua antes de la aprobación de la Constitución de 2009. Al mismo tiempo, ha señalado que los “arcistas” quieren “matar al MAS”, el partido de Gobierno. Ambas alas buscan que las instituciones electorales y judiciales las reconozcan como las únicas con derecho a usar la sigla. Como Morales cuenta con la directiva del partido, sus rivales no han logrado su propósito hasta ahora. Al mismo tiempo, el expresidente no puede convocar a congresos, porque necesita el acuerdo de las organizaciones sociales que están en manos del “arcismo”. El resultado es que es posible que la sigla del partido sea eliminada de la competencia electoral del próximo año.

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