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Elecciones en Argentina
Tribuna
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Los peligros del programa económico de Javier Milei en Argentina

Más de un centenar de economistas de todo el mundo firman un texto en el que alertan que las propuestas del ultraliberal son “potencialmente muy perjudiciales para la economía y el pueblo argentinos”

Un seguidor de Milei con un falso billete de 100 dólares, el 18 de octubre.
Un seguidor de Milei con un falso billete de 100 dólares, el 18 de octubre.Natacha Pisarenko (AP)
Jayati Ghosh | Thomas Piketty | José Antonio Ocampo | Branko Milanovic

Como economistas de todo el mundo partidarios de un desarrollo económico amplio en Argentina, nos preocupa particularmente el programa económico de uno de los candidatos, que se ha convertido en uno de los principales temas de debate en las elecciones nacionales. Dadas las frecuentes crisis financieras de Argentina y los recurrentes brotes de inflación altísima, es totalmente comprensible que exista un deseo profundamente arraigado de estabilidad económica. Sin embargo, aunque las soluciones aparentemente sencillas puedan resultar atractivas, es probable que causen más estragos en el mundo real a corto plazo, al tiempo que reducen gravemente el espacio de maniobra de las políticas a largo plazo.

Las propuestas económicas de Javier Milei se presentan como una ruptura radical con el pensamiento económico tradicional. Sin embargo, creemos que estas propuestas, arraigadas en la economía del laissez-faire [dejar hacer al mercado] y que incluyen ideas polémicas como la dolarización y reducciones significativas del gasto público, están plagadas de riesgos que las hacen potencialmente muy perjudiciales para la economía y el pueblo argentinos.

La visión económica que subyace a estas propuestas aboga supuestamente por una intervención mínima del gobierno en el mercado, pero en realidad se basa en gran medida en políticas estatales para proteger a los que ya son económicamente poderosos. Las reducciones de los tipos impositivos y del gasto público hacen que muchos bienes y servicios esenciales pasen de la prestación pública a proveedores comerciales privados, lo que les enriquece a ellos pero reduce el acceso de los ciudadanos de a pie, especialmente los pobres. La propuesta de dolarización pretende sustituir el peso argentino por el dólar estadounidense como moneda nacional. Ambas ideas pueden parecer atractivas por su simplicidad y sus promesas de una solución rápida para controlar la inflación y la inestabilidad. Pero no reconocen las principales realidades económicas. El modelo del laissez-faire supone que los mercados funcionan perfectamente si el gobierno no interviene. Pero los mercados no regulados no son benignos: refuerzan unas relaciones de poder desiguales que empeoran la desigualdad y dificultan la aplicación de políticas de desarrollo clave, incluidas las políticas industriales, sociales y medioambientales. En Argentina, como en la mayoría de los países con estructuras económicas complejas y problemas de desigualdad de ingresos y activos, inflación y deuda externa, se necesitan políticas matizadas y polifacéticas que reconozcan las necesidades de los distintos grupos sociales. Los mercados también son propensos a los fallos, provocados por las externalidades (cuando todos los beneficios o costes no pueden atribuirse a agentes individuales) y la asimetría de la información (cuando algunos agentes de un mercado saben más que otros). La crisis financiera mundial de 2008 demostró que una regulación inadecuada de los mercados puede tener consecuencias desastrosas. La experiencia de la pandemia de Covid-19 aportó más pruebas de la necesidad de la intervención pública.

Los argentinos están demasiado familiarizados con el dolor de la economía del laissez-faire impuesta por prestamistas internacionales como el FMI, que en el pasado aumentó la pobreza y la inseguridad económica e inhibió el desarrollo del país. El programa propuesto por Milei crearía más desigualdad socioeconómica al reducir el papel del Estado en la redistribución y el bienestar social. Una reducción importante del gasto público aumentaría los ya elevados niveles de pobreza y desigualdad, y podría provocar un aumento significativo de las tensiones y los conflictos sociales. La idea de Milei de recortar drásticamente los impuestos al tiempo que se reduce el gasto público reduciría significativamente la capacidad del Estado para satisfacer los derechos sociales y económicos de los ciudadanos. Entretanto, nuevas reducciones de los ingresos fiscales del Estado agravarían la crisis fiscal.

Del mismo modo, la dolarización parece ofrecer una solución al problema crónico de inflación de Argentina, y podría resultar tentadora cuando el valor de los ahorros y la capacidad de consumo se vean diezmados por una inflación galopante. La actual escasez de reservas de divisas haría que el tipo de conversión inicial del peso al dólar fuera tan alto que generaría más inflación. Esto significa una disminución de los salarios reales, de modo que la posterior reducción de la inflación se lograría mediante una importante caída de la participación del trabajo en la renta nacional, haciendo recaer la carga del ajuste sobre los trabajadores. La dolarización también implica la imposibilidad a largo plazo de construir la soberanía monetaria. También en este caso, la experiencia pasada de Argentina con la protodolarización (el acuerdo dela Caja de Conversión de los años 90) creó una breve ilusión de estabilidad, pero afectó negativamente a la economía real. Generó desempleo y pérdidas de ingresos reales para los trabajadores y, finalmente, condujo a una crisis aún mayor en 2001 debido a las restricciones fiscales y monetarias de la vinculación peso-dólar.

En resumen, las propuestas de dolarización y austeridad fiscal de Javier Milei pasan por alto las complejidades de las economías modernas, ignoran las lecciones de las crisis históricas y abren la puerta a la acentuación de desigualdades ya de por sí graves. Mientras Argentina navega por su complejo panorama económico, es fundamental abordar la formulación de políticas con estrategias equilibradas y empíricamente fundamentadas que no sólo sean atractivas a corto plazo, sino también sostenibles, equitativas y facilitadoras a largo plazo.

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