Milei deja a Argentina sin políticas estatales de control de natalidad y de salud sexual

En Argentina, miles de adolescentes y adultos que recurren al sistema público de salud para obtener anticonceptivos han quedado a la deriva bajo el Gobierno de Javier Milei. De los 26 millones de preservativos que tenía previsto entregar el Gobierno nacional, solo se entregaron 2,4 millones, menos del 10%; de los más de 60.000 anticonceptivos de larga duración para adolescentes —como implantes subdérmicos o dispositivos intrauterinos (diu)—, solo han sido distribuidos un tercio, según datos oficiales. Bajo el argumento de reducir el gasto público, Milei dejó en manos de las provincias las políticas de control de natalidad y de salud sexual. Algunos gobiernos provinciales asumieron el coste extra, pero otros no han podido hacerle frente, por lo que se prevé un retroceso en avances logrados en los últimos años, como el descenso de embarazos adolescentes no intencionales y de la tasa de mortalidad materna. Algunas infecciones de transmisión sexual que ya iban en aumento, como la sífilis, podrían acelerar esa tendencia.

Desde el Ministerio de Salud argumentan que la política sanitaria es competencia de las provincias: “Las jurisdicciones tienen que contar con los mecanismos necesarios para cubrir con sus demandas sanitarias”. Para organizaciones como el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), en cambio, cualquier recorte del gasto debería haberse hecho de forma negociada y gradual, porque las principales víctimas de la motosierra han sido las personas más vulnerables.

“El Estado es un igualador de oportunidades”, dice Mariana Romero, investigadora del Cedes. Romero destaca que en los últimos años las mujeres residentes en Argentina pudieron acceder de forma gratuita a métodos anticonceptivos modernos y de larga duración y la población adolescente tuvo acceso a información y a asesoramiento gracias al programa de Desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable. En 2018, siete de cada diez embarazos adolescentes en Argentina no habían sido planificados; en solo cinco años, el porcentaje cayó al 50%.

Durante el tercer trimestre de 2024, en cambio, no se cumplió ninguna meta de este programa. De acuerdo al análisis que realizó el Centro de datos del portal Chequeado de la ejecución de las metas físicas del Presupuesto abierto que publica el Ministerio de Economía, la distribución de insumos y de tratamientos (preservativos, anticonceptivos y medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-) sufrió una caída del 64,1% si se compara el tercer trimestre de 2023 con el mismo periodo de 2024.

La desfinanciación de estas políticas estatales se siente con fuerza en las provincias más pobres, que en algunos casos presentan tasas de fecundidad adolescente que triplican el promedio nacional, como Chaco y Formosa.

Ofensiva conservadora

En paralelo, se ha registrado una avanzada conservadora que pone en riesgo derechos adquiridos como el aborto e incluso la educación sexual integral (ESI) que se imparte en las escuelas y que ha sido clave para identificar abusos sexuales intrafamiliares: ocho de cada diez denuncias de niños ocurrieron tras haber abordado esta temática en el aula, según fuentes judiciales. La ofensiva cuenta con el apoyo del presidente argentino, que equipara el aborto a un asesinato, aunque en Argentina es legal desde 2020.

En Chaco, la Legislatura provincial intentó garantizar la continuidad del Plan nacional de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia (Plan Enia) a través de una ley, pero el gobernador, Leandro Zdero, la vetó hace tres semanas. La presión de grupos religiosos fue clave para ese revés: adujeron que esa ley promovía los abortos y el adoctrinamiento en ideología de género en las escuelas. “Los argumentos para vetarla fueron absolutamente retrógrados”, lamenta Liliana Ensisa, pediatra que trabajó en el Plan Enia hasta que el Gobierno de Milei dio de baja los contratos a finales de marzo. “Chaco históricamente tuvo muchos partos de niñas, casi uno por día, y se habían reducido a 83 al año”, señala como hito del programa nacional en el caso de las menores de 15 años.

Durante el debate legislativo, la diputada peronista Pía Chaccio Cavana remarcó que cuatro de cada diez adolescentes con hijos no terminan la secundaria, sólo el 1% de ellas accede a la universidad y el 25% no puede ingresar en el mercado laboral. “¿Será que el gobierno de Zdero analizó el costo de no entregar anticonceptivos?”, cuestionó. La legisladora provincial criticó también los obstáculos para que interrumpan un embarazo si no desean ser madres en ese momento: “Esta administración considera que las adolescentes no tienen la madurez ni el derecho a decidir sobre su propio cuerpo”.

Aumento de embarazos no deseados

La situación es similar en Jujuy, otra provincia norteña. La trabajadora social Marina Ariza, a cargo de la Consejería en salud sexual y reproductiva de la Quebrada y la Puna, cuenta que las mujeres jujeñas con menos recursos se ven obligadas a peregrinar por distintas localidades en busca de respuestas. “Estamos viendo situaciones verdaderamente preocupantes porque no hay ni métodos anticonceptivos ni medicación para abortos y cada vez vemos más embarazos inoportunos por no acceder a tiempo a un implante o un diu”, advierte Ariza.

Al igual que en el Chaco, la ausencia de medicamentos abortivos gratuitos para aquellas mujeres embarazadas que no dispongan de un seguro privado de salud, amenaza con colapsar el sistema público. “Los pocos médicos que garantizan abortos están muy expuestos y sobreexplotados, con una sensación de cansancio y hartazgo”, señala. Además, agrega, “los médicos no tienen el conocimiento de la situación psico-social de las pacientes y a menudo tampoco la escucha suficiente y el seguimiento queda diluido”.

La situación es distinta en las provincias con más recursos. Es el caso de la de Buenos Aires, la más poblada del país, o de Chubut, en la Patagonia. En esta última, la médica Silvia Pino Cesia relata que solo tuvieron un bache de un par de semanas entre que el Gobierno nacional disminuyó la entrega de métodos anticonceptivos y comenzaron a recibir los que había comprado el Gobierno chubutense. El problema, señala, es que al adquirir una cantidad mucho más reducida, el precio se encarece.

“Chubut no tiene la misma situación económica que el Chaco”, admite Pino Cesia. “Hay mucha población que tiene obras sociales (seguros médicos sindicales) y a través de ellas consiguen anticonceptivos gratis”, continúa. Aun así, ve que la falta de control sobre las empresas de medicina privada hace que se cometan abusos que antes no ocurrían, como exigir un gran número de estudios y de auditorías para poner un implante subdérmico a una adolescente.

Romero sostiene que el freno impuesto por el Gobierno de Milei a las políticas estatales de salud sexual y reproductiva supone “una violación a los principios de igualdad y no discriminación”. Para las defensoras de los derechos de las mujeres, el retroceso es especialmente grave por tratarse de un país pionero en Latinoamérica en esta área. “[Milei] busca borrar de un plumazo todo lo hecho durante décadas sino que pretende regresarnos al siglo XIX, ¿podrá?”, se preguntaba la periodista Mariana Iglesias semanas atrás en este diario. Los resultados comenzarán a verse el año que viene.