El Estado contra ‘Villa Cannabis’

Los poderes del Estado acechan a Rasquera, el pequeño pueblo de Tarragona que pretende alquilar terrenos a un club de fumadores para plantar cannabis. El fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado hoy que la Fiscalía Antidroga está examinando ya la propuesta aprobada el miércoles por el pleno municipal. “Se fijarán posiciones y se actuará en consecuencia”, ha anunciado Torres-Dulce. En paralelo, la Fiscalía de Tarragona también ha abierto diligencias, a pesar de que la plantación aún no existe.

No es el único frente abierto para escudriñar si el proyecto gestado durante meses por el alcalde republicano Bernat Pellisa —que ha generado división de opiniones entre los 900 vecinos— se ajusta a la legalidad. La Abogacía del Estado, órgano adscrito al Ministerio de Justicia, anunció también hoy que estudiará si impugna la decisión del Consistorio. El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, acusó a los miembros del consistorio de “pervertir el lenguaje” para justificar una actuación que “cumple desde todas las perspectivas la condición de un delito”.

El Código Penal castiga con penas de hasta seis años de cárcel el cultivo de marihuana. Aun así, hay sentencias que han absuelto a dueños de plantaciones cuando se demuestra que cultivaban para el consumo propio, ya sea individual y colectivo. El consumo no está perseguido por la ley, pero si se realiza en la vía pública puede ser objeto de una sanción administrativa. La iniciativa de Rasquera, sin embargo, genera dudas entre los juristas, ya que, al tratarse de una plantación masiva, sería más difícil justificar su uso único para consumo propio. Esas dudas se extienden también sobre el papel del Consistorio y de los empleados que trabajen esas tierras, puesto que no forman parte de ninguna asociación de fumadores.

Aunque un informe jurídico avala la tesis del Ayuntamiento, Babín alertó de que, en este caso no hay resquicios legales que valgan. No solo por la extensión del cultivo (siete hectáreas) ni por la cantidad de personas afectadas (los 5.000 socios de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo), sino también porque va a generar unos beneficios (de 1,3 millones de euros) para el Consistorio. “No puede hablarse de uso privado en algo que va dirigido a miles de personas, con intento de distribución y contratos millonarios”, dijo Babín, que calificó el acuerdo de “nulo de pleno derecho”.

La Generalitat ya anunció el jueves que pedirá informes sobre la legalidad de la iniciativa. La Delegación del Gobierno en Cataluña se sumó ayer a la ofensiva y requirió al Ayuntamiento “toda la información” sobre el acuerdo adoptado por el pleno. “Ayudaremos en todo lo posible y con transparencia, para que no haya ninguna duda”, dijo Pellissa, que ve en el proyecto una oportunidad de crear 40 puestos de trabajo y paliar la deuda local.