El euskera entra en el debate de su ritmo

Treinta años después de la entrada en vigor de la ley de Normalización del Euskera —se cumplirán en noviembre—, más de 807.000 ciudadanos vascos (el 36,9% de la población) son —o se declaran— bilingües, a los que se podrían sumar otros 322.000 mayores de 16 años bilingües pasivos. Nunca ha tenido tantos hablantes el euskera, como recuerdan los tres últimos viceconsejeros de Política Lingüística —Patxi Baztarrika, de 2005 a 2009, y Ramón Etxezarreta y Lurdes Auzmendi, ambos ya con el Gobierno socialista—, pero “eso no quiere decir que el futuro esté asegurado. Depende de lo que hagamos de aquí en adelante”, en frase del primero de ellos.

“En 30 años se ha dado un vuelco casi histórico gracias a una serie de políticas lingüísticas”, apunta el presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia. Esa política lleva casi un trienio en manos del PSE, que llegó al Gobierno gracias a un pacto con el PP en que las políticas sobre el euskera eran punto clave. Una docena de responsables y exresponsables institucionales públicos y privados, euskaltzales, políticos, escritores y miembros del Consejo Asesor del Euskera con los que ha hablado EL PAÍS coinciden en que el idioma se ha convertido en “algo más tranquilo” y desideologizado que antes. “Nunca había habido un periodo tan largo de paz también lingüística”, defiende Auzmendi, actual viceconsejera.

El debate ahora se sitúa en cómo y con qué velocidad avanzar en la progresividad de una lengua cuyo uso sigue por detrás de su conocimiento —la diferencia entre quienes saben hablar euskera y quienes lo emplean ha crecido cuatro puntos en la última década—. Y ello en una sociedad que ha mostrado, opina Baztarrika, su voluntad de ser bilingüe y tener el euskera, al igual que el castellano, como lengua común de uso. Ahí surgen las diferencias y le llegan las críticas al Ejecutivo, al tiempo que este va ultimando el nuevo plan de normalización que marcará la próxima década.

“Nos sentimos permanentemente controlados, pero sabíamos que lo íbamos a estar”, indica Auzmendi, para quien la política de normalización “va por buen camino, salvo que se quiera pasar por encima de la no imposición”. “Algunos desearían que fuera más rápido, pero ello supondría en parte aplicar medidas coercitivas, como las multas”, abunda.

Eliminar las sanciones a grandes comercios que no usen el euskera, que el tripartito introdujo en el desarrollo del Estatuto de los Consumidores, ha sido uno de los puntos de mayor polémica, especialmente con el PNV. En cambio, ha levantado menos polvareda de lo que el Ejecutivo temía la exención de la obligación de acreditar el nivel de euskera a quienes hayan estudiado en este idioma.

Nunca había habido un periodo tan largo de paz lingüística” Lurdes Auzmendi

En el platillo del haber, Auzmendi sitúa, entre otros puntos, el trabajo directo con asociaciones y agentes del mundo del idioma —“hemos recibido a entidades con las que nunca habían hablado los Gobiernos anteriores”—.

Su antecesor, Ramón Etxezarreta, quien dejó el cargo en marzo de 2010 tras apenas 10 meses al considerar que “no encajaba” en el equipo de Cultura, cree que estos tres años han valido para “desarmar ese legendario temor de que los no nacionalistas en Euskadi eran enemigos del euskera”. Eso sí, el Ejecutivo “debería haber hecho algún esfuerzo cualitativo mayor” en esta materia, de forma que no descansase solo en la viceconsejeria y en Educación.

La inmersión progresiva en el idioma figura ya en el texto que resumió el proceso de reflexión Euskera XXI, el gran acuerdo por la lengua al que todos los euskaltzales se remiten, alcanzado con el tripartito y que el Parlamento refrendó en septiembre de 2009, ya con el PSE en Ajuria Enea.

No es cuestión de velocidad, sino de percibir la realidad social” Andrés Urrutia

Urrutia, también miembro del Consejo Asesor del Euskera, sostiene que “no es cuestión de velocidades, sino de percibir qué ocurre en la realidad social y en función de eso, actuar”. Para el responsable de Euskaltzaindia, si en algo se resumen estos tres años de política lingüística es en “una continuidad y no una disrupción excesiva con lo anterior y en una reflexión, que no ralentización, de lo que había antes para ver qué era aprovechable”.

Más crítico se muestra Baztarrika, quien imprimió un intenso ritmo a las políticas del euskera en su mandato. Colaborador activo del Consejo Asesor, el exviceconsejero ve un retroceso claro en el discurso y el mensaje del conjunto del Gobierno, más que en políticas concretas. Ir equilibrando progresivamente el desequilibrio entre las lenguas cooficiales precisa, a su entender, de persuasión —“la herramienta fundamental a utilizar”— y consenso, pero ello no se contrapone con medidas de discriminación positiva a favor del “más débil”.

Si los poderes públicos deben crear oportunidades para usar el euskera, menores en la vida social que las del castellano, y tener un discurso proactivo para ese fomento y para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos, lo menos favorecedor es el discurso “mucho más cercano al laissez faire”, que Baztarrika aprecia en el Ejecutivo. “En nombre de la tolerancia, en realidad se hace muy poco para superar la desigualdad”, dice. “Quienes tienen la máxima responsabilidad para adoptar medidas te salen diciendo que se va demasiado rápido y contraponer persuasión a regulación legal para garantizar el uso de los derechos lingüísticos es un discurso paralizante”, lamenta.

Baztarrika aprecia

Erramun Osa lleva toda su vida profesional, en la que ha ocupado responsabilidades en AEK o en la Federación de Ikastolas, dedicado a la enseñanza y fomento del euskera. Osa cree que, mediatizado por el pacto con el PP, el Gobierno no ha mantenido una política muy activa de promoción ni un discurso avanzado a favor de la normalización. “El del Gobierno es un discurso muy ralentizado, en ocasiones incluso acomplejado. En la legislatura anterior, el PSE era más audaz”, asevera. A su entender, el principal problema del Ejecutivo es que ha carecido de un proyecto tractor de qué quería hacer en política lingüística.

Medios euskaltzales deploran que el Consejo Asesor del Euskera, que en la legislatura anterior tuvo un papel muy importante en todo lo relacionado con la ponencia Euskera XXI, en la actual ha estado muy relegado en el desarrollo de sus conclusiones.

La crisis y la obligación de recortar presupuestos tampoco ha contribuido a desarrollar políticas activas de fomento. Esa rebaja despierta reproches en medios euskaltzales. Auzmendi, cuya viceconsejería ha visto reducido desde 2009 en un 12% tanto su presupuesto como las ayudas que, en su conjunto, concede (ver gráfico), teme que proyectos importantes, sobre todo en nuevas tecnologías, se puedan ralentizar.

La intención es que

Las partidas para promoción del euskera y normalización lingüística que otorga este año Bizkaia han bajado un 4,89% y un 13,06%, respectivamente, con respecto a 2011. El Departamento de Euskera, Cultura y Deportes alavés dispondrá este ejercicio de un 24,35% menos de dinero que el pasado. Solo Gipuzkoa, cuyo Gobierno de Bildu ha hecho del euskera un elemento más de la política de gestos de Martin Garitano, ha aumentado un 6,5% el dinero para el capítulo “Normalización del euskera”, pese a que Gipuzkoa sea, con diferencia, la provincia más euskaldun.

Otro punto polémico estos últimos años han sido los perfiles lingüísticos en la Administración, en los que incidía el pacto con el PP. Cultura quiere disponer antes de fin de año de un estudio cualitativo de su desarrollo en todos los sectores de la Administración y lanzar el quinto plan del uso del idioma en la misma. Muy probablemente sus conclusiones queden para el próximo Gobierno. La última evaluación del Ejecutivo sobre la normalización de la lengua en las Administraciones, fechada en octubre pasado, concluye que en el conjunto de las instituciones analizadas el 53,62% de los puestos (19.268) tienen asignada fecha de receptividad y, de ellos, el 56,68% de los trabajadores han acreditado el perfil correspondiente o uno superior. Con todo, el nivel de acreditación del perfil exigido o uno superior con fecha preceptiva es más bajo en el Ejecutivo que en las Administraciones municipal y foral. “Debemos cambiar ciertos requisitos para trabajar en euskera en algunos ámbitos y hacer otra aplicación de los perfiles”, asume Auzmendi.

Otro miembro del Consejo Asesor critica por estériles reflexiones como las que hacen los responsables de Sanidad y Justicia diciendo que se ha ido demasiado rápido con la euskaldunización en Osakidetza o que no se ha avanzado más en otros terrenos por los perfiles establecidos.

Mientras es imparable el avance de la escuela como motor de la euskaldunización, reforzada con los euskaltegis para la enseñanza de adultos —en torno a 35.000 alumnos— en la UPV se aprecia que el Gobierno les haya dejado estos años total autonomía para seguir con su política en esa materia —y sus presupuestos—. “Vamos a cumplir prácticamente todos los objetivos que teníamos”, destaca el vicerrector de Euskera y Plurilingüismo, Gidor Bilbao.

Con todo este telón de fondo, el Ejecutivo está ultimando el nuevo Plan de Acciones para el Fomento del Euskera que sustituya desde 2013 y para una década el que ha estado en vigor los últimos 12 años (2000-2011). El cambio del plan es uno de los mandatos del acuerdo Euskera XXI. Cultura lleva bastantes meses trabajando en ello, a través de la Viceconsejería y del Consejo Asesor.

La intención es que pase por el Consejo en abril y quede aprobado en su seno para finales de junio. De forma inmediata se remitiría al Parlamento para que antes de finales de año lo aprobase y el próximo ejercicio lo tuviesen ya como referencia todas las Administraciones y sectores.

El plan diseña 16 ámbitos de actuación (13 objetivos estratégicos repartidos en tres áreas y tres líneas transversales para lograrlos), cada uno de ellos traducible en indicadores y parámetros que permitan su futura evaluación en detalle. “Para revisar el plan anterior nos encontramos el problema de que cuando se elaboró no se precisaron los indicadores en función de los cuales había que evaluar resultados”, detalla la viceconsejera.

En el ámbito más estrictamente político, el Gobierno no ha conseguido convencer ni a sus socios populares ni a su principal rival, el PNV. “Hemos echado de menos más valentía”, incide Iñaki Oyarzábal, secretario general del PP vasco, partido que ha hecho en los últimos tiempos explícitos gestos de cercanía al euskera. “Su actuación ha sido claramente insuficiente para cambiar más cosas y eliminar discriminaciones”, añade.

La parlamentaria peneuvista Arantza Aurrekoetxea considera que el Ejecutivo ha incumplido su obligación de facilitar el ejercicio de los derechos lingüísticos de los ciudadanos “por falta de compromiso y de liderazgo”. “Parecen dar por hecho que la normalización ya se ha dado y no es así. Tenemos una ley válida [la del 82]; necesitamos un Gobierno que la desarrolle y en vez de ello da pasos atrás”, dice.

Con las Administraciones de Bildu se han mantenido relaciones institucionales, sobre todo con la Diputación de Gipuzkoa. “Ellos se creen que son los más euskaldunes y el bastión de defensa de la lengua”, señalan fuentes del Ejecutivo.

“¿Vamos demasiado rápido? Para unos sí y para otros muy lento. Tengamos perspectiva y paciencia histórica”, reclama el presidente de Euskaltzaindia. “¿Qué debemos de hacer? Ese es el arte de la política, de lo posible. Debemos de ir midiendo y ajustando”, concluye Urrutia.