Solà cobró de la ACM por 65 textos jurídicos que eran casi idénticos

El número 2 del Departamento de Cultura, Xavier Solà, cobró 193.853 euros (IVA incluido) de fondos públicos de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) por 65 normativas jurídicas muy parecidas. En algunos casos, los documentos son casi idénticos, con cambios en algunas palabras y frases que se añaden o excluyen según el texto.

Como informó El PAÍS , el secretario general de Cultura realizó estos informes entre 2004 y 2007 por un proyecto, catalogar las masías de 65 municipios catalanes, que él mismo había impulsado cuando actuaba como jefe de los servicios jurídicos de la ACM. Solà no tenía relacíón laboral con el ente municipalista, sino que actuaba como un colaborador externo que luego facturaba por sus servicios. Por cada municipio, la ACM elaboró un catálogo que constaba de dos partes: un estudio de la normativa vigente aplicable (la que asumió Solà) y una colección de fichas de las masías. La elaboración de las fichas corrió a cargo de las universidades de Vic y Lleida, y la Fundación Mas y Terra.

Solà facturó a la ACM, pese a lo parecidos que eran los textos, 2.982,36 euros por cada uno de ellos, en 65 facturas emitidas el mismo día —el 29 de diciembre de 2009—, cuando ya hacía más de dos años que se había desvinculado de este organismo para dedicarse a la política municipal en Vic (Osona). Para hacerlo, además, el número 2 del consejero de Cultura, Ferran Mascarell, utilizó una empresa que había comprado junto a su mujer 15 días antes.

Solà comparece mañana en el Parlament para dar explicaciones sobre este y otros negocios que ha hecho en los últimos años desde la ACM. Los 167.111 euros que le reportaron las 65 facturas, (descontado el IVA), suponen que Solà obtuvo el equivalente a 3.481 euros mensuales por los catálogos durante los últimos cuatro años que ejerció como jefe jurídico de la ACM. Los importes cobrados por Solà contrastan con el coste de algunos catálogos que apenas llegaban a los 600 euros. Además del catálogo de masías, Solà realizó otros servicios al mismo nivel de precios, para la ACM, financiada íntegramente con dinero público.

Algunos ejemplos de estas facturas abultadas, a los que EL PAÍS ha tenido acceso, se remontan a sus inicios en el cargo. En marzo de 2001 Solà cobró 2.488 euros por participar en unos cursos de tres días que organizó la ACM. A esto se deben sumar los 2.107 euros que facturó por las dietas y desplazamientos entre enero y marzo de aquel año. Además, entonces cobraba 783 euros mensuales por el asesoramiento jurídico y atención de los socios de la entidad.

El segundo de Mascarell

Pasaron los años y sus honorarios no fueron a la baja, como los 4.276 euros que facturó en julio de 2006 —cuando ya estaba en marcha el catálogo— por sus trabajos en un proyecto sobre los 25 años de la ACM.

Solà justificó el abultado montante del catálogo de masías por el trabajo que había detrás de la normativa. Cada una ocupa, aproximadamente, una decena de páginas del Diari Oficial de la Generalitat, pero en muchas ocasiones son casi idénticas unas de las otras. Así, las de Pallejà y Figaró-Montmany difieren en 176 palabras de las más de 6.000 que contiene el informe. O sea, eran calcados en el 97%. En las de Vallromanes y Veciana solo cambian algunos párrafos. Y así con muchas otras. Solà admitió que “cada catálogo tiene su propia normativa, aunque eso no significa que no se parezcan entre ellas”.

Esto se explica porque se trabaja con un texto base —en los primeros años elaborada por Solà y a partir de 2008 por la Generalitat con la intención de unificar criterios— al que posteriormente se introducían los cambios que cada Ayuntamiento señalaba para adaptarlo a su normativa municipal y a los informes de los departamentos de la Generalitat. Así, en el caso de Tagamanent, el catálogo se empezó en 2005 y todavía no se ha aprobado definitivamente.

En 2001 Solà

El proceso de elaboración ha sido largo. La Generalitat firmó a finales de 2004 un convenio con la ACM y otro con la Federación de Municipios de Cataluña (FMC). Según datos de Urbanismo, entre 2004 y 2007 la ACM recibió 1,2 millones de euros por sus catálogos. A partir de 2007 —a finales de aquel año expiró el convenio— empezó a funcionar una línea de ayudas a los Ayuntamientos que finalizaron hace un par de años. Las facturas de Solà coinciden más con la desaparición de las subvenciones que con el fin de los trabajos de los catálogos, pues algunos todavía no están aprobados definitivamente.

La externalización del servicio jurídico que cobró Solà no es la única manera de funcionar. La FMC también elaboró catálogos de masías, pero nunca trabajó con despachos de abogados ni asesorías, sino que la adaptación de la normativa a sus ordenanzas la realizaban los mismos Consistorios.