El silencio del consejero

 El consejero de Salud, Boi Ruiz, uno de los más activos en el arranque de la legislatura, parece haber enmudecido ante la acumulación de escándalos que afectan a centros sanitarios financiados por su departamento. EL PAÍS ha tratado repetidamente, sin éxito, de recabar la opinión de Ruiz en casos como el Sant Pau, Crespo, Manté, Bagó o Innova. El primero de ellos afecta a uno de los grandes hospitales catalanes, dos de cuyos directivos han sido imputados tras la denuncia de una trabajadora del centro por un cúmulo de pagos irregulares, sobrecostes y adjudicaciones sin concurso efectuadas en el hospital durante la última década. Salud sí intervino el centro sanitario a principios de año por el agujero de 30 millones de euros que acumulaba. Lo hizo a pesar de que su jefe de gabinete, Jaume Tort, era uno de los patronos de la fundación que gestiona el hospital y había avalado las cuentas.

Ruiz tampoco ha dicho nada del caso que afecta a uno de los diputados de CiU que apoyan al Gobierno del que forma parte, Xavier Crespo. Este, según una auditoría de la Sindicatura de Cuentas nunca hecha pública, percibió presuntamente junto con su esposa, entre 2003 y 2005, más de 200.000 euros de forma irregular de los hospitales de Blanes y Calella, centros a los que una filial dirigida por él causó pérdidas de 2,7 millones.

El caso Manté se refiere a los pagos de 720.000 euros hechos entre 2007 y 2011 desde Innova por el actual presidente del ICS, Josep Prat. El Ayuntamiento de Reus considera que Prat y Manté podrían haber incurrido en responsabilidades de tipo penal. Manté favoreció a Prat en un gran concurso adjudicado cuando era director del CatSalut.

Ramon Bagó, exalcalde de Calella por CiU y dueño del Grupo Serhs, ha logrado en los últimos años más de 50 millones de euros, muchos de ellos sin concurso, de hospitales públicos. Tampoco el asunto ha merecido la atención de Ruiz, que por lo que respecta al caso Innova, relativo a las irregularidades registradas en la empresa municipal de Reus, dirigida hasta enero por Prat, se ha limitado a calificarlo de “conflicto estético”.