Los elevados pagos a González aceleraron la quiebra de Talleres La Casilla

La segunda y penúltima jornada de la vista oral contra el asesor fiscal de IG Consulting, Iñaki González, vinculado al ex inspector de la Hacienda de Bizkaia, Juan Ramón Ibarra, ha vuelto a ofrecer  datos sobre el descontrol y las irregularidades que había en las cuentas de algunos clientes del despacho. Si en la víspera un peritaje oficial certificó numerosas ilegalidades y varios testigos lo ratificaron, ahora se ha petido.

El administrador concursal de Talleres La Casilla, TLC, Yosu Iza, explicó que el impacto de los pagarés emitidos por la empresa a su asesor, Iñaki González, aceleraron la quiebra de la sociedad.

Los propietarios de TLC, los hermanos Diaux, le han demandado al entender que se apropió indebidamente de 672.197,70 euros. El total de lo entregado al asesor entre los años 2000 y 2005 se acercaba al millón de euros —en concreto, 961.106 euros— cuando sólo 187.996 fueron destinados a pagar los impuestos, 91.703 correspondían a sus honorarios y 100.913 fueron reintegrados.

Iñaki González era amigo de Juan Ramón Ibarra, el inspector de Hacienda que fue investigado judicialmente y absuelto en la Audiencia Provincial de Bizkaia, aunque finalmente condenado por el Tribunal Supremo, a cuatro años seis meses y un día por un delito continuado de falsedad en documento oficial. Una amistad que, según las declaraciones que se produjeron hace una década en el juicio a Ibarra, le reportaba a González una imagen profesional de conseguidor de buenos acuerdos ante la Hacienda de Bizkaia.

Los hermanos Diaux acudieron a él en 2000 cuando estaban a punto de tener que hacer frente a unas devoluciones a la Hacienda superiores a 120 millones de las antiguas pesetas.

Cuando se destapó el denominado caso Ibarra fue ordenada una inspección contra González, pero días antes de que se le comunicara oficialmente, él presentó una declaración complementaria, aunque siempre negó que alguien de dentro de la Hacienda le avisara.

El caso Ibarra destapó un listado protegido de un total de 209 contribuyentes denominado 0052 Control Vía Gestión Tributaria, que el Supremo penalizó. Varios de los clientes de Iñaki González estaban en ese listado, entre ellos Talleres la Casilla.