El presidente de Unilever está entre los imputados por tráfico ilegal de datos

La red de tráfico ilegal de datos desarticulada hace un año en la Operación Pitiusa ha alcanzado ahora a importantes empresarios y ejecutivos españoles. La policía citó este miércoles a declarar, entre otros, al presidente de la multinacional Unilever España, Jaime Aguilera; y a Eduard Garriga, exgerente de Mutua Universal. Ambos están acusados de descubrimiento y revelación de secretos por haber ordenado investigar, presuntamente, los ordenadores de directivos y empleados de sus compañías.

Aguilera, nacido en Madrid en 1966, es el máximo responsable de la multinacional en España desde hace cuatro años. La empresa contrató a una agencia de detectives para, presuntamente, vaciar el contenido del ordenador de uno de sus directivos, Paulo Fernández, ante la sospecha de que hacía negocios por su cuenta y a espaldas de la compañía. La empresa descubrió las irregularidades y despidió al empleado por motivos disciplinarios. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resolvió la demanda laboral a favor de Unilever y concluyó que no se había vulnerado el derecho a la intimidad del empleado, según el abogado de Aguilera, el penalista Jorge Navarro.

Este abogado afirmó que la justicia ha avalado la legitimidad del volcado informático. “La operación se hizo ante notario y el directivo había autorizado ese tipo de acciones en su contrato”, dijo Navarro, que consideró “totalmente desproporcionada” la detención y anunció que su cliente “se reserva acciones legales” para proteger su reputación e imagen, así como la de la compañía

La empresa, además, emitió un comunicado en el que admite que su presidente declaró este miércoles en calidad de imputado en relación con el caso Pitiusa e insiste en que los tribunales catalanes ya sentenciaron que el despido de Paulo Fernández fue procedente y que el volcado del ordenador de dicho empleado se hizo "de manera lícita y siempre en cumplimiento del código ético de la compañía, y de conformidad con la legalidad vigente"

La nota añade: "Lamentablemente, de forma colateral Unilever se ha visto relacionada con este caso, al haber contratado los servicios de una agencia de detectives, que como hemos sabido posteriormente, estaba sujeta a investigación".

Tanto Aguilera como la treintena de implicados en la segunda fase de la Operación Pitiusa fueron llamados a declarar en la comisaría barcelonesa de La Verneda y puestos en libertad.

Si hace un año la mayoría de arrestados —hay más de un centenar en el caso que investiga un juzgado de Barcelona— fueron detectives y funcionarios, ahora la policía ha puesto en la diana a ejecutivos y directivos de importantes compañías. Los investigadores consideran que esos empresarios contrataban los servicios de expertos informáticos cuando sospechaban de la conducta de algún directivo o empleado. Los expertos accedieron de forma ilícita, según las mismas fuentes, a los ordenadores de sus subordinados, que en ocasiones fueron despedidos o amonestados. Otras veces, contrataban a investigadores para espiar a trabajadores para saber si facilitaban información confidencial de su empresa.

Un portavoz de Unilever, un potente grupo de productos de alimentación e higiene, explicó este miércoles que Aguilera declaró ante los policías, que está “tranquilo” y que ya está “trabajando en su despacho”. Antes de Unilever, Aguilera había trabajado en Procter&Gamble, Coca-Cola y Nestlé.

Otro de los empresarios detenidos, Eduard Garriga, había sido gerente de Mutua Universal. Hasta hace unos días trabajó como director ejecutivo de gestión y estrategia de Barcelona Activa, un organismo de apoyo a emprendedores que depende del Ayuntamiento de Barcelona. Otros tres directivos de la multinacional DuPont también fueron citados a declarar; entre ellos, la responsable de Recursos Humanos de la empresa en España, Patricia Boix, así como la directiva Tara Louise Wales, cuyo nombre figura en varias empresas de Andalucía.

En los últimos meses, los policías han analizado discos informáticos que fueron incautados en la primera fase de la Operación Pitiusa. Ese ingente volumen de información ha sacado a la luz nuevos nombres y conexiones.

La operación policial comenzó a primera hora de este miércoles. Han sido detenidas 23 personas; la mayoría, en Cataluña, aunque también hay implicados en Madrid, Cantabria, Aragón, País Vasco y Andalucía. Está previsto que este jueves finalice la operación.

Hay tres guardias civiles (dos en Cantabria y otro en Jaén) y un policía nacional entre los detenidos por facilitar datos confidenciales. Los agentes también han citado a un funcionario de la Agencia Tributaria de Madrid por el mismo motivo. Los investigadores privados no han quedado al margen. Uno de ellos es Jorge Luis Colomar, hijo de un conocido detective que años atrás ayudó a resolver diversos crímenes.

El caso destapó hace un año una trama de compraventa de datos. Los detectives pagaban a funcionarios (Hacienda, INEM, Tráfico) y a empleados del sector privado (bancos, operadoras de telefonía) para vender esa información a terceros. Una de las piezas clave del caso es el hacker Matías Bevilacqua, excolaborador del CNI al que el abogado de Iñaki Urdangarin contrató para analizar los correos electrónicos del caso Nóos.