El Banco de España declara secreta un acta oficial sobre el colapso de Cajasur

El Banco de España ha bloqueado el acceso al acta de una reunión que es clave para entender el origen del colapso de la extinta Cajasur, que fue intervenida hace tres años tras rechazar la unión con Unicaja. La fusión era la salida que el supervisor había trazado en 2009 para evitar la quiebra de la entidad cordobesa. Pero los representantes de la Iglesia, que controlaban el consejo de administración, rechazaron la unión en mayo de 2010.

Un grupo de consejeros de la antigua caja, que sí apoyaron la malograda fusión con la malagueña, solicitó que el acta se incluyera en la causa que está abierta en la Audiencia Nacional para poder defender su actuación. Pero el Banco de España, con el apoyo de la Abogacía del Estado, se negó a facilitarla al considerar que tiene "carácter confidencial”. La sección sexta de la sala de lo Contencioso Administrativo apoya al supervisor en un auto fechado el 5 de abril. La magistrada Mercedes Pedraz Calvo, tras tener acceso al documento, ha decidido no levantar el veto.

El acta detalla la reunión que el 29 de julio de 2009 celebró la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorros en Madrid, donde estaban representadas las cajas más importantes del país y el supervisor. En aquel encuentro, que duró 45 minutos y fue presidido por el exsubgobernador del Banco de España Javier Aríztegui, se aprobó la ayuda de 990 millones que Unicaja había reclamado para hacer frente a la complicada situación de Cajasur en el proceso de fusión. Esa cantidad saldría del Fondo de Garantía de Depósitos. De ahí la reunión.

En el acta, a la que ha tenido acceso este periódico, se incluyeron dos informes: uno de la Inspección del Banco de España y otro del exdirector general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello. En la reunión se apuntó al origen de los importantes problemas que Cajasur arrastraba.

El arranque de estos problemas se sitúa en la última etapa del sacerdote Miguel Castillejo, que presidió la caja 30 años, hasta el verano de 2005, y al que el Banco de España dejó fuera del expediente sancionador que abrió tras la intervención. "Cajasur experimentó un cambio de perfil durante los ejercicios 2002-2005 hacia elevados riesgos e importes en el sector inmobiliario, que generaron una importante concentración de riesgos en el sector promotor", advirtió en aquella reunión vespertina del 29 de julio de 2009 Jerónimo Martínez Tello, responsable de Supervisión en el Banco de España.

Más contundente es el informe de la Inspección que se incluye en el acta. Para este servicio del Banco de España ese "cambio de perfil" de Cajasur entre 2002 y 2005 se materializó en las "operaciones especulativas en el sector inmobiliario" de "elevado importe". Durante gran parte de ese periodo, la caja estuvo bajo la tutela del Gobierno central. Se escapó del control de la Junta gracias al exministro Rodrigo Rato. Un acuerdo entre el Ejecutivo andaluz y la Iglesia hizo regresar a la entidad a la tutela autonómica en 2005. Ese pacto incluía la salida de Castillejo.

La Inspección destacó en su informe las carencias en la gestión: "La singularidad de la caja provoca que una parte muy significativa de los miembros del consejo de administración sean patronos del Cabildo Catedralicio de Córdoba, con muy poca preparación en asuntos financieros". Entre esos representantes del Cabildo, todos sacerdotes, está Santiago Gómez Sierra, último presidente de Cajasur y actual obispo auxiliar de Sevilla. Según la Inspección del Banco de España, esa poca preparación y "el recelo" que fueron "mostrando a cualquier cambio sugerido desde los organismos supervisores" condicionaron "sustantivamente la gestión de la caja".

En aquel momento ya estaba claro que la entidad no podía seguir caminando sola. Lo extraño fue el rechazo de la Iglesia a la unión con Unicaja, a lo que contribuyó la mala relación personal entre Gómez Sierra y el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

El grupo de exconsejeros que ha reclamado que se levante el secreto del acta persigue reforzar su línea de defensa. Lo que se está analizando en la Audiencia Nacional son los recursos que presentaron los 38 exconsejeros y exdirectivos de Cajasur sancionados por el Banco de España tras la intervención. Ya ha habido tres pronunciamientos de la sección sexta, que ha desestimado los recursos. La próxima semana se espera que la Audiencia Nacional aborde el caso de los exconsejeros que apoyaron la fusión con Unicaja y rechazaron la intervención del Banco de España.

La línea argumental que este grupo —12 exconsejeros de PSOE, PP e Izquierda Unida— ha seguido en su defensa se basa en aquella herencia recibida de la etapa de Castillejo. Por eso han reclamado que el acta se incorpore a la causa.

Sin embargo, tanto el responsable de Supervisión como la Inspección reflejaron en el acta de julio de 2009 carencias de gestión cuando Castillejo ya había abandonado la caja. La Inspección señaló que no se logró la "estabilidad necesaria" en el equipo directivo para poder asumir aquella herencia enladrillada. "Ha habido continuos cambios de director general (seis diferentes en los últimos cinco años)", apuntaba el informe de este servicio del Banco de España. Tampoco se acometió en esa última etapa una reestructuración que "redujera el exceso de personal en algunas áreas" y condujera a una vinculación de "las retribuciones a la consecución de objetivos determinados".

Este cúmulo de problemas fue el que condujo al abismo a la entidad. Lo más sorprendente fue que los representantes de la Iglesia rechazaran la fusión con Unicaja —es decir, que se tiraran por el acantilado— cuando tenían prácticamente cerrado un pacto con Medel que les permitía mantener una cuota de poder. Tras la intervención, Cajasur fue vendida a BBK y el Cabildo perdió todo.