La Justicia sienta a Blasco por segunda vez en el banquillo

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) declaró ayer la apertura del juicio oral contra el exconsejero de Cooperación y Solidaridad, Rafael Blasco, y otras ocho personas por los presuntos delitos de fraude, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación en documento público. Esta es la segunda ocasión en que Blasco se sentará ante un tribunal para responder por presuntos delitos de corrupción. A finales de 1989, siendo consejero de Obras Públicas con el PSPV de Joan Lerma, se vio implicado en un caso de recalificación de suelo del que logró salir indemne por la anulación de unas cintas, utilizadas como prueba, que supuestamente le inculpaban.

El TSJ valenciano aún no ha fijado fecha para la celebración de la vista oral. El tribunal tendrá que decidir sobre el posible desvío de dinero efectuado en 2008 cuando la consejería de la que era titular Rafael Blasco concedió 1,8 millones de euros de subvenciones públicas a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), de los cuales solo llegaron 43.000 a Nicaragua. Estas ayudas, que debían servir para dos proyectos humanitarios, acabaron siendo utilizadas, según el auto de la juez instructora, para comprar "cuatro inmuebles en Valencia por importe total, incluidos gastos, de 969.875 euros".

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de prisión y 33 de inhabilitación para Blasco; la Abogacía de la Generalitat ha solicitado 11 años y medio de prisión y 31 de inhabilitación para el exconsejero, y el PSPV-PSOE 15 años de prisión y 42 de inhabilitación.

En el auto, de 62 páginas, la magistrada María Pía Calderón explica que las relaciones entre Blasco y Augusto César Tauroni "no eran las habituales entre el máximo responsable de la conselleria y quienes pretendieran obtener subvenciones de la misma", sino que procedían de una vinculación familiar en Alzira (Valencia), con "estrechas y públicas relaciones" de Tauroni con "familiares directos" de Blasco. El texto añade que fue la "discreción " en los contactos la que permitió establecer unos "lazos de colaboración que se dilataron en el tiempo y que comprendieron la realización de favores mutuos".

Tauroni, sigue el auto, "obtuvo contratos en la práctica totalidad de las consellerias de las que Rafael Blasco fue máximo responsable" como Bienestar Social, Territorio y Vivienda o Sanidad. Estos contratos fueron conseguidos en su mayoría "a través de personas interpuestas y con independencia del ámbito de actuación del organismo público" o los "diferentes cometidos" a realizar en cada uno de ellos.

En el auto se da cuenta de conversaciones telefónicas entre ambos procesados, hechas tanto de noche como en fines de semana o en agosto; de reuniones mantenidas, correos electrónicos cruzados y de sobres con recortes de prensa intercambiados por sus respectivas secretarias. Además, la magistrada recuerda que Tauroni poseía documentos internos de la Generalitat que justificarían "la información previa" y "privilegiada" de la que gozaba la Fundación Cyes para optar en 2008 a esas subvenciones. Los inmuebles comprados por Cyes con esos fondos "no tienen relación alguna con los objetivos, generales y específicos, previstos" en los dos proyectos subvencionados.

Los procesados en esta pieza son, además de Blasco, cinco funcionarios de su consejería y tres responsables de empresas, entre ellos Marcial López, presidente de Cyes, y Augusto César Tauroni, el único imputado en prisión.