“No quiero seguir viviendo del Ayuntamiento, necesito trabajar”

Hace poco más de dos meses que las autoridades, por orden judicial, desalojaron la nave industrial abandonada de la calle de Puigcerdà, en el barrio barcelonés del Poblenou. Ese día, el alcalde Xavier Trias (CiU) aseguró que ninguna de las casi 200 personas que allí vivían y trabajaban —que en su mayoría se dedicaban a recoger chatarra por la ciudad en carritos de súper— se quedaría sin techo. Aunque el albergue y las ayudas entregadas por el Consistorio no han estado exentas de críticas, muchos de los desalojados las han aceptado, a la espera de resolver su situación legal. Pero el tiempo pasa y ellos lo ven como un callejón sin salida. “No quiero seguir viviendo del Ayuntamiento, necesito trabajar”, asegura Faith, una nigeriana de 28 años, con un pequeño, que vive en un piso de la Cruz Roja con otra mujer y sus dos niños.

Cierto sentimiento de frustración se puede leer en los rostros de algunos de los subsaharianos. Younouss, de 33 años, trabajaba de lampista en su natal Senegal. De hecho, fue él quien instaló el sistema eléctrico en su antiguo hogar en la calle Puigcerdà, donde almacenaba la chatarra que le daba su sustento. “Preferiría la nave, porque ahora no tengo trabajo. Allí no estaba bien por el tema de la higiene, pero vivíamos en armonía”, comenta. Él es una de las 192 personas alojadas en pensiones y pisos por los Servicios Sociales, según los últimos datos del Consistorio. De ellas, 172 vivían en la bodega abandonada, las otras 20 provienen de otros asentamientos de la ciudad.

“Aquí nos dan techo y desayuno, pero eso no soluciona nuestro problema. Están gastando un dinero que se podría invertir en habilitar un sitio para que podamos ganarnos la vida”, se lamenta el lampista. El plan habilitado por el Consistorio les ofrece también itinerarios de reinserción laboral, pero con la condición de que logren regularizar su situación. Más de la mitad son sinpapeles.

Los vecinos abren una cuenta bancaria para pagar trámites en el extranjero

Lograr tramitar los documentos no es una labor sencilla. Durante el verano, muchos de los subsaharianos se encontraron con dificultades para poder iniciar los trámites del arraigo, paso previo para poder presentarse en la Subdelegación de Gobierno, donde se estudian los casos de Extranjería. La insistencia de la Red de Apoyo a los Asentamientos y de otras instituciones que les ha ayudado durante todo este tiempo logró poner de acuerdo a la Generalitat y al Ayuntamiento para tramitar los expedientes por vía de urgencia y unificar los criterios a la hora de dar los certificados. “Hasta el momento solo hemos logrado llevar un paquete de 10 solicitudes a Extranjería”, explica Manel Andreu, líder vecinal del Poblenou. Aún no hay respuesta y desde el Gobierno central dicen que cada caso se tratará individualmente.

El principal escollo es que de los afectados no tienen la capacidad económica para pagar su certificado de penales, que tiene que ser expedido en su país de origen y ser traducido. La Red ha habilitado una cuenta bancaria para que los interesados hagan sus aportaciones y así lograr sufragar las gestiones, que en algunos casos pueden superar hasta los 300 euros.

Cada martes y jueves, en el edificio de La Flor de Maig, los afectados reciben asesoría jurídica para poder presentar su documentación. Pero la espera es larga y aunque el Ayuntamiento dice que ayudará con el techo “el tiempo que sea necesario” la situación comienza a desesperar a muchos subsaharianos. Muchos aún consideran válido el proyecto de la cooperativa o “iniciativa de emprendeduría social” de recolección de chatarra que el Consistorio alguna vez vendió como posible solución y después pidió “desmitificar”.

Solo diez personas han presentado los documentos a Extranjería

La idea de la supuesta cooperativa fue contemplada y trabajada por el Ayuntamiento y estaba inicialmente orientada a aquellos habitantes de las naves que tuvieran sus papeles en regla. Una vez constituida, podrían emplear a algunos de sus compañeros que no tienen documentos. Sin embargo, el proyecto se fue empantanando, a pesar del entusiasmo que despertaba entre los subsaharianos, que así lograrían dejar de estar bajo la presión de quién les compran la chatarra.

En abril del año pasado, el consistorio de Trias empezó a estudiar el proyecto. Año y medio después, el día del desalojo, el comisionado de Inmigración y Acción Social, Miquel Esteve (CiU), aseguró que la realidad del mercado haría inviable la cooperativa. El Consistorio argumenta que no sería rentable pagando impuestos y si se implementan las medidas de seguridad necesarias. Los subsaharianos insisten que sí sería posible. “No queremos paternalismos. Podemos hacerlo nosotros solos”, asegura Khereva, cabeza visible de los afectados.

Desde la Red también creen que la soluciones que el Ayuntamiento propone —aunque al final la competencia sobre la Extranjería sea del Estado— es un parche y no van dirigidas a revindicar la “dignidad” de los subsaharianos. Esta palabra ha sido precisamente el grito durante las protestas del colectivo en las fiestas de la Mercè. “Con la chatarra nos podíamos ganar hasta 15 euros al día, ahora nada”, asegura Ismael, senegalés.

El cura de Sant Bernat dice que “son un colectivo usado políticamente”

Adams, ghanés de 38 años, explica que le pusieron problemas para renovar sus papeles en 2011. Terminó en la nave y con lo que ganaba le enviaba dinero a su familia. Tras el desalojo, le dieron pensión en Mundet y comedor en plaza de Catalunya, sin ticket de metro. De allí lo echaron, asegura, porque hizo una llamada de larga distancia a su familia. Desde entonces vaga por casas de amigos y conocidos. “¿Suerte? Tengo suerte. He venido por mar y no me he muerto. Pero no se puede vivir del favor de tus amigos”, protesta.

La iglesia de Sant Bernat Calbó, en el Poblenou, sigue siendo el sitio de reunión de los subsaharianos. Su párroco Francesc Romeu les permitió refugiarse allí por unos días después del desalojo. Hace dos semanas, en una entrevista a El Punt-Avui, el sacerdote aseguró que “son un colectivo utilizado políticamente”. La declaración pone el dedo en la llaga en el enfrentamiento entre el Gobierno de Trias y la oposición por la gestión de este conflicto. Nadie se siente aludido y Romeu no especifica a quién se refiere.

La problemática de las naves industriales ocupadas se remonta a hace más de seis años, cuando aún gobernaban socialistas y ecosocialistas en la ciudad. El líder de ICV, Ricard Gomà, critica la fuerza utilizada en los desalojos y recuerda que durante de su mandato solo se produjo uno. Desde CiU consideran que las ayudas ofrecidas a los subsaharianos superan lo hecho por sus predecesores.