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Atrapados en productos tóxicos

Miles de personas pierden sus ahorros en preferentes de bancos y empresas o fondos inmobiliarios Los afectados denuncian que fueron mal informados

Lluís Pellicer

Oficialmente, la recesión ha terminado. Pero la crisis sigue destapando productos tóxicos que han empobrecido a miles de ciudadanos, que han visto cómo el dinero —o parte de él— que tenían guardado se ha esfumado. Muchos de ellos eran ahorradores que se convirtieron, sin saberlo, en inversores. Los más de 50.000 afectados en Cataluña por las preferentes de las antiguas cajas de ahorros han expresado su malestar en la calle y estos días sus representantes acuden al Parlament a denunciar esos casos. Pero no son los únicos productos tóxicos que se comercializaron: desde hipotecas vinculadas a la evolución de monedas extranjeras hasta la compra de bonos de empresas que hoy han quebrado.

Mataró se ha convertido en la máxima expresión de esa venta masiva de preferentes. Al menos uno de cada ocho ciudadanos fue afectado por la venta de preferentes de Caixa Laietana. El diputado Pere Aragonès (ERC) le recordó al expresidente de la entidad, Josep Ibern, que se ha tenido que crear un juzgado en Mataró para atender la avalancha de casos. Ibern rechazó toda responsabilidad en la venta de preferentes. “Ya le aseguro yo que no hacíamos nada diferente de lo que hacían los otros”, se excusó.

Algunos bancos han solventado mejor que otros la devolución de ese dinero. Las preferentes de CatalunyaCaixa, por ejemplo, perdieron el 61% de su valor dada su antigüedad. Miles de esos afectados tienen abierta la ventanilla del arbitraje para recuperar toda su inversión. El presidente de la entidad, José Carlos Pla, prevé que los arbitrajes estén resueltos a lo sumo en abril.

Las participaciones de las entidades bancarias, sin embargo, no son los únicos productos que hoy atienden los juzgados. Muchas empresas también emitieron sus preferentes. Lo hicieron, por ejemplo, Repsol, Sol Melià, SOS Cuétara o Eroski-Fagor. En el último caso, el concurso de acreedores de la firma de electrodomésticos dejó atrapados a 10.000 preferentistas. “El caso más extendido es el de las preferentes bancarias, pero hay muchos instrumentos. El perfil del afectado es muy similar: gente conservadora que conocía solo la cultura del plazo fijo y que no quería riesgos, pero que compra estos productos porque en la oficina de toda la vida le dicen que se trata de algo similar al plazo fijo”, explica Arcadi Sala-Planell, letrado del bufete BBS Abogados, especializado en estos litigios.

El Col·lectiu Ronda atiende a 10.000 personas por productos tóxicos

Sala-Planell lleva el caso de Esteban Planas, un cliente cuya demanda contra Banco Santander ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Barcelona por la venta de participaciones preferentes de SOS Cuétara (Deóleo). “En diciembre de 2006 contaba con 100.000 euros tras vender un piso heredado. Aunque tenía la intención de comprar una vivienda, la directora del banco me dijo que los destinara a ese producto, que daban una buena rentabilidad [del 3,73%] con disponibilidad inmediata”, explica Planas. Un año después, se le recomendó adquirir valores Santander, cuyo canje quedaba fijado en ese momento. El banco dio varias ventanas de salida a los clientes, pero con pérdidas. “A Planas le insistieron que era como adquirir un depósito”, insiste su abogado.

El Col·lectiu Ronda ha ganado recientemente un caso en el Juzgado de Primera Instancia número 20 contra IPME 2012, la heredera de Bankpime. Esta ha tenido que devolver a un cliente el dinero que destinó a la compra de bonos de la inmobiliaria Aisa, hoy en concurso de acreedores. La juez declaró nula la orden de compra de los bonos al considerar que “la información” que se facilitó al cliente no podía considerarse “suficiente”. Aisa, entonces participada por la Agrupació Mútua presidida por Fèlix Millet, que también controlaba Bankpime, realizó dos emisiones de bonos en 2001 que ascendían a 45 millones de euros y otra en 2006 por 25 millones. No es el único producto tóxico que comercializaba Bankpime. El abogado del Col·lectiu Ronda Òscar Serrano, cuyo bufete ha atendido ya a más de 10.000 personas por cuestiones relacionadas con estos productos, explica que trabaja en casos de bonos de los bancos islandeses Landsbanki y Kauphing Bank comercializados por esa entidad o bien de fondos del banco norteamericano Lehman Brothers, que quebró en 2008.

“La banca siempre ha sido la intermediaria”, denuncia el presidente de la Asociación de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, quien matiza que no todas las entidades se han comportado de la misma forma. “Ante las demandas que hemos presentado, algunos bancos han decidido llegar a acuerdos para resolver las situaciones, otros no lo hacen”, asegura Pardos, quien también comparecerá ante el Parlament para dar voz a sus representados.

Pérdidas en el ladrillo

El inmobiliario ha sido otro sector que también ha resultado especialmente tóxico. Al principios quedaron atrapados en el ladrillo los pequeños inversores que adquirieron solares —cuyo valor cayó a cero e incluso a valores negativos— o en viviendas que nunca se hicieron porque la empresa entró en concurso de acreedores. Luego quedaron también atrapados en los fondos inmobiliarios. El último caso ha sido el de CatalunyaCaixa, cuyo fondo CV Propietat-FII ha dejado atrapados 3.336 clientes que, según el Col·lectiu Ronda, no recuperarán algo de su dinero hasta que se realice su “liquidación ordenada”.

Junto a las preferentes, las hipotecas han sido el otro producto que ha suscitado más reclamaciones en los juzgados: desde los swaps a las cláusulas suelo. La representante de los afectados de CatalunyaCaixa, Elvira Mármol, detalló en el Parlament otro de los productos que ha dado problemas: las hipotecas multidivisa. “Hay personas que se vieron abocados a firmar hipotecas ininteligibles, como las multidivisa, y para las que debían conocer la evolución del franco suizo o el yen. Muchas se colocaron a inmigrantes, que no hablaban catalán ni castellano”, aseguró.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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