UGT achaca a un sabotaje el retraso en la revisión de las facturas falsas

La investigación interna abierta por UGT Andalucía para aclarar presuntas irregularidades en su financiación se complica con la eliminación de 1.756 archivos informáticos de la sede regional del sindicato. El secretario de Organización, Manuel Ferrer, ha revelado este martes el sabotaje de los discos duros y aseguró que se hizo desde un ordenador del área de administración. La dirección de UGT afirma no saber si entre los archivos que se han perdido hay información relacionada con las facturas falsas que están investigando también la juez Mercedes Alaya y la Junta de Andalucía, pero sostuvo que la desaparición de los documentos está dificultando la comprobación interna de esos gastos bajo sospecha.

La eliminación de los archivos, según UGT, se ha conocido a raíz de un análisis de los discos duros del área de administración que encargó la dirección regional en septiembre. Para entonces, la cúpula del sindicato empezaba a sentirse acorralada por las primeras informaciones que apuntaban al uso de facturas falsas para justificar ayudas públicas. La dirección sospechó desde el principio de varios trabajadores de administración críticos con el equipo de Francisco Fernández Sevilla, secretario general de UGT en Andalucía hasta el pasado viernes.

Cándido Méndez, dispuesto a comparecer ante el Parlamento andaluz

Con el objetivo de saber desde qué ordenadores salieron las informaciones publicadas, el sindicato encargó a una empresa informática que extrajera, bajo supervisión notarial, varios discos duros y los examinara. Ese análisis ha revelado la eliminación de casi 1.800 archivos y la copia de más de 22.400 documentos, según explicó ayer el secretario de Organización. “Los han copiado y se los han llevado”, afirmó Ferrer, que aseguró que, en cuanto se cierre la investigación interna, UGT denunciará el asunto ante un juez.

Ferrer no quiso poner nombre y apellidos al responsable de la desaparición de documentos, pero acabó señalando a tres trabajadores expedientados hace unas semanas por la dirección regional por la sospecha de que podían estar tras la filtración de las facturas falsas. Se trata, según fuentes del sindicato, de tres empleados del área de administración que ejercieron como representantes sindicales durante el ERE que ejecutó hace unos meses UGT en Andalucía y que afectó a casi 150 trabajadores. Ferrer avanzó ayer que dos de los expedientes se han archivado por falta de pruebas, pero el tercero sigue abierto y, según el secretario de Organización, fue desde el ordenador que utilizaba este empleado desde el que se eliminaron los archivos.

El secretario de Organización aseguró que el expediente estará resuelto en los próximos días y que se tomarán medidas contra el responsable de la eliminación de documentos, que se hizo con un programa informático que borra los archivos y no permite recuperarlos. La copia de los más de 22.000 documentos no se realizó desde ese equipo, pero sí desde otro del departamento de administración. Todas las manipulaciones del disco duro que se investigan se hicieron entre enero y junio de este año, según el sindicato.

La de este martes ha sido la primera comparecencia de Ferrer tras asumir en funciones la dirección del sindicato, tras la dimisión de Fernández Sevilla como secretario general, y hasta el comité extraordinario ya fijado para el 9 de enero. El dirigente sindical aseguró que la eliminación de documentos dificulta la investigación que lleva a cabo el sindicato sobre la gestión de los fondos de formación y de la que nada se sabe. Y añadió que desconoce aún si entre la documentación borrada están las facturas que la juez y la Junta están investigando. En cualquier caso, todas las facturas se conservan en papel, pero de las afectadas por la manipulación del disco duro se ha perdido el rastro informático. “Las facturas tienen una trazabilidad. Unos correos electrónicos que las originan, unos albaranes. Eso se ha perdido y tenemos que trabajar con papel, que es mucho más lento”, señaló Ferrer.

El secretario de Organización admitió su temor a que la opinión pública interprete la denuncia de la desaparición de archivos como una excusa para tapar la polémica por las supuestas facturas falsas. El sindicato, por ahora, no habla de irregularidades, sino de “errores puntuales”. Así califica la imputación a la Junta de un expediente por valor de 25.000 euros que ya ha reembolsado a las arcas andaluzas; además, ha depositado en una notaría 115.000 euros ante la previsión de que el Gobierno de Susana Díaz le obligue a devolver otras ayudas en las que el sindicato admite que pudo haber “errores”. En los últimos días, UGT estudia otro expediente de unos 30.000 euros que también está dispuesto a reintegrar.

Sobre el caso de las facturas falsas se ha pronunciado este martes el secretario general de UGT, Cándido Méndez, quien respondió al PP por su petición de que comparezca en el Parlamento andaluz. No comparto en absoluto la iniciativa del Partido Popular. Yo creo que se basa en dos informaciones que no se corresponden con la realidad y creo además que no aportaría absolutamente nada más que ruido y confusión", ha asegurado Méndez en declaraciones a los periodistas en Bruselas. "Si el Parlamento andaluz al final decide que yo tengo que ir a dar explicaciones, indudablemente daría explicaciones", afirmó.