Los alcaldes de Tarragona se unen para impulsar BCN World
Vila-Seca, Salou, Tarragona y Reus buscan que ERC, PSC y PP apoyen cambios legislativos Los expertos en ludopatía reclaman que se impida el juego a crédito
La acerada defensa que ha hecho hasta ahora la Generalitat del proyecto de BCN World se hizo este martes extensiva a los Ayuntamientos de la zona. Tanto Vila-Seca como Salou, pero también Tarragona y Reus, se sumaron al frente común formado por Administraciones que defienden las bondades de ese gran complejo de casinos, hoteles y áreas comerciales junto al parque temático de Port Aventura. Con esa pretensión acudieron al Parlament, donde intentaron convencer de la necesidad del proyecto a los diputados de ERC, PSC y PP.
Sin ellos será imposible que salga adelante la modificación de la Ley sobre Centros Recreativos Turísticos y de Centros Recreativos propuesta por el Gobierno de Artur Mas, una norma imprescindible para hacer rentable un proyecto que promete inversiones por 4.600 millones de euros. Incluye desde la creación de seis nuevos casinos —cuyas licencias saldrán a concurso— hasta otras modificaciones urbanísticas y legales que van desde el cambio de tributación del juego, que pasará del 55% al 10%, a la posibilidad de que los menores puedan entrar en los casinos —sin jugar— o el gran temor de las asociaciones que luchan contra la ludopatía, la posibilidad de jugar a crédito. Y se desconoce todavía si ERC, PSC y el PP votarán a favor de la norma.
De ahí que los primeros ediles hicieran una defensa cerrada del proyecto e incluso pidieran a los diputados que “faciliten” la implantación del proyecto, como afirmó Pere Granados, el alcalde de Salou (independiente que se presentó en las listas de CiU). A ninguno de ellos le preocupa que el juego pueda convertirse en un problema para su territorio. Al alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, no le tembló la voz cuando leyó: “No tengo ningún problema en aceptar el turismo de casino”. Y tampoco ninguno de ellos se opuso a la rebaja de impuestos del juego. El primer edil de Salou, Josep Poblet (CiU), llegó a afirmar que “es mejor el 10% de algo que el 55% de nada”.
Los alcaldes de los cuatro municipios dejaron claro ayer que lo que les preocupa es convertir su territorio en un gran atractivo turístico de proyección mundial que logre impulsar la creación de empleo. El otro alcalde presente, el de Reus, Carles Pellicer (CiU), dio por hecho que con la oferta de BCN World la Costa Dorada comenzará “una etapa asiática”, después de haber atraído primero a europeos y en una última oleada a ciudadanos de las exrepúblicas soviéticas. Poblet da por hecho que con el megacasino la zona se convertirá en el primer destino turístico “entre América y Asia”.
Los alcaldes consideran el proyecto que promueve Veremonte, del expromotor inmobiliario Enrique Bañuelos, un apéndice de Port Aventura, un proyecto que recordaron ayer que fue polémico en sus orígenes y ha acabado siendo un éxito, convirtiéndose en uno de los pocos parques temáticos rentables de España y en uno de los catalizadores turísticos para la Costa Dorada. De ahí, que defendieran un modelo desestacionalizado de multicultivo turístico, donde se compatibilice el actual modelo de turismo familiar con otros. Ni tan solo dieron sensación de estar preocupados por el impacto sobre el comercio local, temor que sí tienen los comerciantes.
La directora de atención a las adicciones del hospital del Mar de Barcelona, Marta Torrens, pidió por su parte que se prohíba el juego a crédito en los casinos, tal y como establece el proyecto de ley, y que el espacio dedicado al casino no se pueda ver desde todo el recinto de BCN World, para evitar estímulos visuales que puedan captar la atención de potenciales ludópatas. También recalcó la importancia de que el casino requiera obligatoriamente la identificación de las personas que quieran entrar —el proyecto la marca como facultativa—. “Es la única manera para que las personas con riesgo de ludopatía no entren en el casino”, afirmó.
Torrens lanzó una pregunta que ninguno de los diputados respondió con claridad: “¿Quién pagará las atenciones de los ludópatas que generan los casinos?”. Y recordó cifras de estudios internacionales que muestran un aumento del 50% de ludópatas en las zonas donde se instalan nuevos casinos.
Francesc Pereandreu, de la Asociación Centro Catalán de Adicciones Sociales (Acencas), no compareció, pero participó en una rueda de prensa en el Parlament en la que puso de manifiesto los mismos temores que Torrent. En especial la posibilidad de jugar a crédito, una fórmula pensada para los jugadores que apuestan grandes cantidades de dinero, pero que podría afectar a todos los potenciales jugadores. “Es lo que más nos preocupa, porque genera ludopatía”, aseguró. Pereandreu lamentó que el impulso de nuevos casinos no es una política aislada del Gobierno de CiU, al que acusó de haber acabado con las políticas de prevención de la ludopatía que había puesto en marcha el Gobierno tripartito con el Observatorio del Juego.
Los representantes del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación Terrorista pusieron de manifiesto que el proyecto de ley tiene lagunas en la lucha contra el blanqueo de capitales. “En la ley española hay constantes referencias a la prevención del blanqueo que en este proyecto no aparecen”, apuntó Francisco Bonatti, que pidió que se incluyan en la ley mecanismos contra el blanqueo de capitales realizado por los grandes grupos de jugadores y a los sistemas de crédito de los casinos.
El representante de la plataforma Aturem BCNWorld, Joan Pons, criticó la rebaja de impuestos del 55% al 10% para los casinos y cifró en 185 millones de euros la cantidad que la Generalitat dejaría de ingresar. Además, denunció que el complejo turístico precisa de unas cantidades de agua y consumo eléctrico que la zona no dispone, si bien esa hipótesis había sido negada anteriormente por el alcalde de Tarragona. Desde las plataformas contrarias al BCN World denunciaron sobre todo la falta de transparencia por parte de las Administraciones y de las empresas promotoras y la diputada de ICV, Hortènsia Grau, insinuó que el proyecto no saldrá adelante, pero, en cambio, las modificaciones legales favorables al juego sí que quedarán.
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