El fiscal intenta frenar las pesquisas de la juez de los ERE sobre los diputados

La intención de la juez Mercedes Alaya de investigar el conocimiento del Parlamento sobre el fondo de los ERE, y así abrir la puerta a extender las responsabilidades también a ciertos diputados del PSOE, PP e IU al margen del Gobierno andaluz, se ha topado con la negativa de la Fiscalía Anticorrupción. Los fiscales elevaron ayer su voz en un recurso ante la Audiencia de Sevilla para oponerse al propósito de la magistrada, que había ordenado a la Intervención General del Estado revisar si los diputados de la Comisión de Economía y Hacienda habían debatido sobre la polémica partida.

Y el ministerio público resalta en su queja la protección especial y el aforamiento de los parlamentarios, que recoge el Estatuto andaluz, para rechazar las intenciones de Alaya: “Los diputados gozarán (...) de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios”. Esto hace “inoperante” cualquier investigación judicial que se pueda derivar del análisis de los comentarios de los diputados, recuerdan los fiscales.

¿Qué supone esta discrepancia? No es el primer desencuentro serio entre la fiscalía y Alaya en este caso con mil vías abiertas, pero sí tiene un gran peso específico porque implica el freno a poner en tela de juicio la actuación de parte del Parlamento como poder legislativo. Pero sobre todo, el momento es clave porque ahora se está perfilando el terreno penal sobre el que asentar la acusación contra los dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los cinco exconsejeros (todos ellos aforados) y los 20 altos cargos de la Junta imputados. Y la inestable unidad de criterio entre fiscalía y Alaya en la rama política del caso se tambalea desde ayer un poco más.

Anticorrupción resalta que la investigación de los peritos de la Intervención General del Estado es innecesaria por el simple hecho de que la transcripción de los debates (diarios de sesiones de la comisión) pueden ser consultados en Internet por cualquiera y no hace falta “especiales conocimientos científicos” de los técnicos para averiguar si los diputados discutieron sobre el fondo de los ERE.

Para reforzar el rechazo a que la Intervención del Estado intervenga, la fiscalía subraya que estos peritos carecen de competencias sobre las Cámaras legislativas, “ni estatal ni autonómicas, estando dicha materia fuera del ámbito de competencias”.

Alaya ha abierto esta vía que señala al Parlamento esta semana tras señalar el abogado Juan Carlos Alférez que el fondo dispone de “amparo legal” y que todas las instituciones andaluzas pudieron conocer el mecanismo de pago de los ERE a través de las transferencias de financiación, un uso que Alaya considera ilegal. Y entre estas instituciones figuraba la Comisión de Hacienda y sus 51 diputados, que recibieron detalles muy concretos del uso de la partida. “Atender las necesidades derivadas de prejubilaciones, expedientes de regulación de empleo y proyectos de viabilidad de pequeñas, medianas y grandes empresas, incentivar la consolidación económica (...)”. Es solo un detalle del nivel de concreción que recibieron los diputados de esta comisión a través de los expedientes de modificaciones presupuestarias entre 2000 y 2010. ¿Qué implica este conocimiento? Pues que el uso de las transferencias de financiación para pagar los ERE era conocido también por los diputados, no solo por los 20 altos cargos imputados y los siete aforados señalados por la juez.

Y ante esta tesis, Anticorrupción ve “comprensibles” sus argumentos. Es decir, parece abrir una puerta a las defensas para que triunfen sus argumentos. Su escrito no lo deja claro, pero después de subrayar el fuero de los diputados, en cierta forma anima a los abogados a recurrir ante Alaya con el argumento de que el Parlamento conoció el uso de las transferencias de financiación, al igual que los 20 altos cargos ya imputados. Y en este punto el fiscal alienta a las defensa a que identifiquen los “actos parlamentarios” donde se debatieron los pagos de los ERE, para que sus tesis puedan ser valoradas por la fiscalía y Alaya.

¿Qué subyace detrás de esta batalla jurídica? Una cuestión esencial: si un alto cargo (dirigente de la Junta o parlamentario) debe leer todos los informes que recibe y si en caso contrario cometería un delito por ignorarlos. La juez Alaya lo tiene claro: en sus interrogatorios ha achacado a los altos cargos que “debieron conocer” en función de su cargo los avisos de la Intervención General, que además atañen a la conformación de los Presupuestos, por lo que la discusión afectaba a diversos cargos de la Consejería de Hacienda. El ejemplo más claro de esta cuestión se vio cuando la exconsejera de Hacienda imputada Carmen Martínez Aguayo convocó a los medios frente a un carrito de supermercado repleto de expedientes que ella podría haber analizado. “¿Alguien se cree que yo me estudié expediente a expediente?”. La dinámica de la actividad política provoca que exista una confianza en el sistema, que los dirigentes entienden respeta las garantías legales, según han repetido estos altos cargos. Otra cuestión es si todos han actuado con cierta fe ciega que deba ser punible. Y Alaya lo tiene claro. No así la fiscalía.

Mientras, los recursos de las defensas se multiplican y ahora el letrado José María Mohedano, que representa a los exdirectores de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano, exige que la causa se eleve al Tribunal Supremo dado que la juez instruye una causa general contra “los dos poderes propios de la Administración Pública Andaluza [Junta y Parlamento]”. Mohedano censura una investigación “global, bajo parámetros de estructura inquisitorial. Se trata de encontrar algún delito de los que ahora no existe ni el más mínimo indicio”. Y añade: “La juez instructora ya no tiene competencia para actuar en esta causa”.

En su duro escrito, el letrado critica la referencia que hizo Alaya sobre ella misma y los investigadores (“un equipo de unos pocos incansables”) y les achaca el retraso que arrastra el calendario de las declaraciones de los imputados. Mohedano achaca a Alaya haber incurrido en “dilaciones indebidas” que perjudican a los imputados, por los continuos retrasos al responder los recursos. Además, el letrado enfatiza la supuesta falta de transparencia porque las declaraciones no pueden ser grabadas.

Lo llamativo es que el escrito de Mohedano es premonitorio, ya que está fechado hace dos semanas, antes de que Alaya abriera la vía contra el Parlamento.