La fiscalía reclama la inhabilitación del Consejo de Administración de Spanair

La Fiscalía de Barcelona reclama la inhabilitación durante dos años del Consejo de Administración de Spanair al considerar que el juez de lo Mercantil número 10 debería declarar “culpable” el concurso de acreedores de la aerolínea. En el informe que ha enviado al juez, la fiscalía coincide con los administradores concursales en que la línea aérea se hallaba en “situación de insolvencia por imposibilidad de atender regularmente sus obligaciones de pago” el 30 de junio de 2011, lo cual significa que se solicitó el concurso con cinco meses de retraso. Ese hecho agrandó el agujero de Spanair en 72,1 millones de euros que la fiscalía pide que asuman también los miembros del consejo de administración, entre los cuales están el expresidente de la compañía, Ferran Soriano, el hotelero Joan Gaspart y los representantes de Fira de Barcelona y la Generalitat.

La administración concursal, integrada por Gispert Abogados y PricewaterhouseCoopers, ya consideró que el concurso de acreedores era “culpable” por haber retrasado la solicitud del concurso de acreedores. Ahora la fiscalía coincide con esa valoración. Según ha avanzado hoy El Periódico, la sociedad estaba ya “materialmente en situación de fondos propios negativos no reequilibrados” en junio porque “el mantenimiento en el activo de créditos por bases imponibles negativas” de ejercicios anteriores “no estaba justificado por las previsiones del plan de negocio”. Este contemplaba sacar del pozo a la compañía gracias al hallazgo de un socio industrial inversor que aportara el capital necesario para reequilibrar el patrimonio. La fiscalía considera que “tales previsiones adolecían objetivamente de incertidumbre e inconcreción”.

El ministerio pone un ejemplo de esa incertidumbre. La sociedad Volcat 2009, constituida por empresarios vinculados a la patronal nacionalista Femcat, no inyectó fondos mediante préstamos “en ningún momento” más allá del capital inicial que puso gracias a créditos otorgados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el banco público de la Generalitat. En cambio, la fiscalía señala que sí bombearon fondos la sociedad pública Avançsa, dependiente de la Generalitat, y Fira de Barcelona, integrada por el Ejecutivo catalán, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio.

El informe dedica un capítulo entero a explicar la “implicación” del Gobierno de la Generalitat y determina que “las decisiones que sucesivamente se fueron adoptando por el Consejo de Administración de Spanair vinieron determinadas por actuaciones llevadas a cabo” por el Ejecutivo catalán, “directamente o a través de Avançsa”. La fiscalía se refiere a las aportaciones que iba haciendo regularmente la Generalitat y que permitían a la aerolínea “ir tirando en el pago a proveedores y trabajadores”. Además, el informe recuerda que la Administración también se implicó en la búsqueda de un socio, y recuerda que la Generalitat firmó un “memorándum de interés” con Qatar Airways jurídicamente “no vinculante”.

La fiscalía pide que sean inhabilitados “para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante el periodo de dos años” el expresidente de la aerolínea Ferran Soriano, hoy consejero delegado del Manchester City; el exvicepresidente Benny Zkrisson; y los consejeros Miquel Martí (Moventia), Josep Mateu (RACC), Jordi Bagó (Grup Sehrs), Josep Maria Benet (Mediapro), Joan Gaspart (Turismo de Barcelona), Manuel Albanell (Catalana d’Iniciatives), Michael Szucs (SAS), Karl Mats Erik Lönqvist (SAS), además de Inversions Turístiques i Comercials 2009, Fira de Barcelona y Avançsa. En el caso de Gaspart, el ministerio fiscal se desmarca de la administración concursal, que lo había dejado al margen de la petición de inhabilitación, al considerar que el hotelero “ejerció de hecho las funciones de consejero de Spanair que solo y aparentemente correspondían a ITICA [filial de Turismo de Barcelona].

En el caso de haya oposición a la calificación del concurso como culpable, la fiscalía pide que se cite para declarar, entre otros altos cargos de la Generalitat, al consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell; el secretario general de la consejería, Albert Carreras; el exdirector general de Industria Joan Sureda; al director del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), Damià Calvet.