La policía rastrea los ordenadores de Grupo Boluda por el fraude a la UE

Fue una visita relámpago pero productiva. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que hace dos semanas registraron por segunda vez en cuatro meses Unión Naval de Valencia, el astillero del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ultiman un informe sobre los ordenadores de la compañía. La policía analiza el posible rastro digital de las facturas de proveedores presuntamente manipuladas por Grupo Boluda para cobrar de forma fraudulenta entre 2008 y 2011 ayudas del Fondo Social Europeo a la formación por valor de 400.000 euros, según fuentes de la investigación.

Los agentes se interesaron en su último registro a Grupo Boluda por la información contenida en los discos duros y la red que conectaba los ordenadores del astillero. Técnicos informáticos de Hacienda refuerzan desde hace dos semanas a la policía en unas pesquisas atenazadas por la escasez de medios al servicio del juzgado de Instrucción número dos de Valencia.

La UDEF dispone de facturas a proveedores de Grupo Boluda desde 2008. Y se ha interesado por los datos del ordenador que utilizó en la sede de la empresa del puerto de Valencia el antiguo proveedor de riesgos laborales Progene Segurlabor. Fernando Sánchez, exgerente de esta firma, activó con su denuncia la investigación del presunto fraude cometido por la sociedad del presidente de AVE.

El objetivo de las pesquisas es ahora aclarar si los cursos se impartieron o fueron una ficción de la compañía de Boluda para recibir de forma irregular 400.000 euros de la UE. La UDEF ha preguntado por las aulas donde se dieron las clases bajo sospecha.

El juzgado de instrucción número dos de Valencia continúa tomando declaración a los posibles afectados por el fraude. El exproveedor de Unión Naval Ignacio Pitarch relató que el director de recursos humanos del astillero, Francisco T. H., le pedía cada año que firmase unos documentos en blanco. Estas hojas podrían haber sido utilizadas por la compañía de Boluda para duplicar las facturas e introducir el concepto de docencia. El objetivo: enmascarar trabajos rutinarios por cursos que nunca se impartieron.

Fuentes próximas a la investigación mantienen inalterables las sospechas de que Unión Naval de Valencia cobró de forma irregular subvenciones de la UE. Un delito penado con entre uno y cinco años de cárcel y la obligación de devolver la cantidad defraudada multiplicada por seis. No existen imputados en esta causa en la que podría personarse como acusación particular la Abogacía del Estado, ya que fue la Intervención General de la Administración del Estado quien destapó el presunto fraude al requerir de forma aleatoria el pasado junio al exproveedor Progene Segurlabor una factura para cotejar la legalidad de una subvención recibida por Grupo Boluda por unos supuestos cursos de formación. La investigación no descarta que participe en las pesquisas la propia UE, la gran damnificada.

Los responsables de las dos empresas que fueron presuntamente utilizadas por Grupo Boluda para engañar al Fondo Social Europeo —Progene Segurlabor y Angloval— han explicado en el juzgado que nunca prestaron los cursos de formación de la discordia.

Unión Naval de Valencia trabajó con una veintena de firmas externas para la construcción de buques hasta que cerró, en mayo de 2012. No se descartan más empresas afectadas.

Fuentes jurídicas declinaron ayer valorar la investigación policial aduciendo que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Este periódico tampoco pudo recabar la versión de Grupo Boluda.