El TSJ expresa la “necesidad urgente de más medios” por la carga de trabajo

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana , Pilar de la Oliva, ha destacado en la memoria de este órgano del año pasado la "necesidad urgente" de más medios materiales y humanos ante la "importantísima carga de trabajo" que tienen los órganos judiciales, que si bien se mantiene en niveles "prácticamente idénticos" a años anteriores o "incluso ligeramente inferiores", sí que hay un crecimiento "preocupante" en los órdenes Mercantil, Social y Civil. La memoria se ha dado a conocer este jueves.

De la Oliva resalta la "obligación" de reflexionar sobre la organización del trabajo para "modernizarla" de manera "inaplazable" y la necesidad de contribuir a la recuperación económica", ya que "pueden" y "deben" hacerlo, para lo que requieren "garantizar" una respuesta a los ciudadanos "con diligencia, aportando seguridad jurídica, en tiempos razonables" y "rentables".

Ante la "grave crisis" de años, reclama "medios para contribuir a solucionar algunos de los problemas que de su virulencia se derivan" y que se solventan en los tribunales.

Por órdenes jurisdiccionales, en la Sala de lo Civil y Penal, destaca que no existe variación en el número de asuntos, que en todo caso presentan problema por la "complejidad". Al respecto, subraya que los procesos con aforados -aunque tras la renuncia al aforamiento de varios diputados a lo largo de este 2014 se reducirá la cifra- generan "una carga de trabajo muy superior a la que puede soportar" y requieren de una atención "casi exclusiva" de los instructores.

En este caso, aboga por, además de las tradicionales medidas de refuerzo de secretario y funcionarios, "otras fórmulas" en relación con los magistrados como la adopción de medidas legislativas oportunas en materia de planta para crear un Gabinete Técnico de Información y Documentación como existe en el Tribunal Supremo.

La Sala, en el orden Penal, tenía en trámite 14 asuntos al finalizar el pasado año tras ingresar 111 (más ocho pendientes) y resolver 105.

En Contencioso-Administrativo, subraya dos hechos llamativos: la disminución de entrada de asuntos motivada por la aplicación de las tasas judiciales y la nueva regla en materia de imposición de costas (aunque arrastra un retraso que le impide estar en una situación ideal), y la mayor complejidad de los casos. La sala tenía en trámite al finalizar el periodo 16.336 asuntos.

En el orden Social, De la Oliva destaca el descenso de la pendencia de recursos y procesos, ya que en 2013 ingresaron 2.961 casos, de los que el 63 por ciento (1.866) fueron resueltos en el mismo año y el resto quedará concluido antes de este mismo mes. En lo que va de año, la cifra de entrada es de 406, únicamente nueve más que en el anterior. En este caso, cree necesario un magistrado más y critica las instalaciones, que califica de "deplorables".

Respecto a las Audiencias Provinciales, en Valencia, las secciones civiles ingresaron 5.158 asuntos y resolvieron 5.739 mientras que en las penales, hubo 11.257 casos y se dictaron 10.320 resoluciones. En este caso, la presidenta del TSJCV constata un incremento progresivo de medios de entrada de asuntos, que le lleva a considerar necesario mantener la medida de refuerzo de dos magistrados en comisión de servicio para las secciones penales, cuya prórroga estima que se debe mantener al menos un año y ampliarse en una plaza más para la sección primera.

La memoria recoge el informe del magistrado decano de los juzgados de Valencia, Pedro Viguer, que detectó en 2013 un descenso "generalizado" en la entrada de asuntos, en primer lugar "debido a que probablemente lo peor de la crisis ha pasado" y por el efecto de las tasas en la jurisdicción civil (un 14,49 por ciento menos); mercantil (un 9,71 por ciento menos) y contencioso-administrativa (un 20,67 por ciento menos".

No obstante, recalca que el índice de entrada de casos es "muy superior" al de 2007, en especial en primera instancia, social y mercantil (con cifras que reflejan un 21,5 por ciento, un 48,5 por ciento y un 148,5 por ciento más).

El decano hace constar que los asuntos "más preocupantes" en los juzgados de Valencia son la "entrada masiva" de demandas sobre productos financieros complejos (más de 2.000 el pasado año y 800 más en los primeros meses de 2014), unas cifras que "no tienen parangón en ningún tiempo ni en ningún otro lugar de España".

En segundo lugar, cita la situación de los juzgados de lo social, que llevó a solicitar en octubre de ese año cuatro jueces de refuerzo. La petición se elevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) previa aprobación por el TSJCV, aunque aún no hay respuesta. Según el decano, ésta es la jurisdicción "más castigada con diferencia" ya que los señalamientos urgentes se realizan a un año vista y el resto a año y medio. La entrada de casos está un 50 por ciento por encima de 2007. En el resto de órdenes se ha experimentado un descenso.

En relación con la Audiencia de Alicante -con dos sedes, en la capital y en Elche-, De la Oliva destaca la existencia de un elevado número de causas de "especial complejidad" por las características "muy especiales" en materia de delincuencia, con múltiples acusados, y que derivan en suspensiones de juicios.

Para la sede de Alicante, ve preciso crear una nueva sección penal, mientras que ve "óptima" la situación civil, y en Elche reclama mantener los refuerzos en penal. Aquí había en trámite 3.086 asuntos penales al finalizar el año y 1.285 civiles.

Al hilo de esta provincia, la memoria incluye el informe del magistrado decano de los juzgados de Alicante, Juan Carlos Cerón, respecto al palacio de justicia de Benalúa, un edificio que no ve adecuado para desempeñar las labores jurisdiccionales, por ser "antiguo" y con instalaciones "muy deterioradas" y con problemas de espacio. En este sentido, el decano advierte de que cualquier órgano que se ponga en funcionamiento debe hacerlo fuera de la sede judicial.

Sobre la Audiencia de Castellón, De la Oliva sostiene que la situación "venía estando equilibrada", aunque corre el peligro de no estarlo por la diferencia de carga de trabajo de secciones. Al respecto, adjunta un informe del presidente, José Manuel Marco, quien ve conveniente que la sección tercera asuma todo los recursos civiles, para lo que debería integrarse por cinco magistrados.