El fiscal pide al juez imputar a dos exlíderes de UGT en Andalucía

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de los exlíderes de UGT Andalucía Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla en el caso de las facturas falsas, al acusarles por “financiación ilícita del sindicato”. El caso que analiza las cuentas del mayor sindicato andaluz toma cuerpo y desde hoy atañe a su excúpula, a la que previsiblemente imputará el juez Juan Jesús García Vélez tras la petición del fiscal.

Pastrana, histórico dirigente al frente de UGT Andalucía durante 15 años, y su número dos y sucesor durante seis meses de 2013, afrontan una severa acusación como actores fundamentales en la supuesta financiación irregular destapada por la Guardia Civil en su investigación: “No solo eran conocedores sino que tomaron decisiones en relación con los hechos (…) La central de compras fue inspiración directa de Manuel Pastrana (…) y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández”, sostiene el escrito del fiscal.

Tras la detención de 16 personas imputadas y su posterior puesta en libertad el pasado junio, el fiscal ha atado cabos sobre el sistema que sirvió a UGT para financiarse a partir de las subvenciones de la Junta, y ayer avanzó con la petición de imputación de sus principales responsables. Entre los detenidos figuró el extesorero de la formación Federico Fresneda, que subrayó al juez cómo toda la ejecutiva anterior estaba al tanto de los beneficios obtenidos a partir de las subvenciones de la Junta. De ahí la imputación de Pastrana y Fernández Sevilla.

Mientras que Pastrana, convaleciente de una grave enfermedad, afronta su primera imputación, Fernández Sevilla se enfrenta a la misma petición de Anticorrupción para que se le impute en el caso ERE junto a otros sindicalistas por el ERE de la empresa tabacalera Altadis que subvencionó la Junta en 2005 con 22 millones.

Anticorrupción explica que esta financiación ilícita se llevaba a cabo por medio de dos vías: el 'rápel ' y el bote

Basándose en las declaraciones de los exresponsables del departamento de Administración, el fiscal detalla el modus operandi de la central: “Este modo de financiación irregular habría llegado a tener tal magnitud que, prácticamente, casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación. Tan solo un porcentaje muy residual, injustificables per se y codificados con los dígitos 91, no se sufragaban de tal forma".

El fiscal recuerda en su escrito que el mecanismo de financiación se inició con la “llamada central de compras”, que derivó en el cobro del denominado “rapel”. Por esta figura, un porcentaje en las compras del sindicato a un proveedor, se destinaba a las cuentas del sindicato. “Luego ante la Administración, el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban a la Administración”. Desde la comisión ejecutiva se decidía en qué porcentajes iban estos fondos hacia la estructura regional y las uniones provinciales, según el fiscal. Está por ver si el fiscal propone la imputación del resto de la comisión ejecutiva por haber conocido este reparto de fondos a partir de las subvenciones.

Otro aspecto clave fue el llamado bote: “Mediante esta figura el sindicato encargaba la elaboración de facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, y siempre previo pago de esas facturas”. El sindicato pagó sus gastos corrientes con fondos destinados a la formación gracias a la retención del 20% de las subvenciones de la Junta, según el escrito del fiscal. Y la cúpula estaba al corriente de las cuentas dado que Fresneda "presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva una rendición de cuentas" con el monto total obtenido por el rapel.