Ayudas+justas propone excluir de la RGI a inmigrantes irregulares

La iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por la plataforma Ayudas+ justas para reformar la leyde la renta de garantía de ingresos (RGI) propone excluir del sistema a los inmigrantes sin permiso de residencia y elevar de tres a cinco años el requisito de empadronamiento.

La comisión promotora registró este viernes en el Parlamento vasco el texto articulado de la ILP con el fin de que reciba el visto bueno de la institución legislativa en las próximas semanas --la Mesa tiene que certificar que se ajusta a la ley-- y comenzar a recoger firmas.

Su previsión es empezar a recabar apoyos a mediados del próximo mes de enero.

Los impulsores de la ILP defienden la necesidad de reformar el sistema de RGI para que sea "más justa y eficiente" y evite el fraude y los abusos en la percepción de esta prestación. La norma vigente, según argumentan, es inadecuada y abre la puerta a estos casos y, por lo tanto, debe ser adaptada para "ganar respaldo social" y hacer realidad el principio "ayudas sí, abuso no".

El grueso de las modificaciones que plantea el texto afecta al artículo de la ley que establece quiénes tienen derecho a solicitar y percibir la RGI y cuáles son los requisitos. La ILP propone así introducir como nuevo requisito el permiso de residencia, lo que en la práctica equivale a excluir del sistema a los más de 3.000 inmigrantes irregulares que cobran hoy esta ayuda.

Los promotores defienden también la inclusión de otra condición hasta ahora inexistente: carecer de antecedentes penales por delitos graves o reiterados. Así, y en el caso de que la ILP fuera aprobada, no podrían cobrar la RGI los condenados por delitos de terrorismo, homicidio, contra la libertad sexual, tráfico de drogas o hurto continuado.

También se alteran algunos requisitos ya vigentes, como el tiempo mínimo de empadronamiento, con el fin de endurecerlos. La ILP plantea así elevar de tres a cinco años el tiempo mínimo de empadronamiento dentro de la década anterior a la tramitación de la solicitud, aunque contempla como alternativa un año de padrón acompañado de cinco de cotización a la Seguridad Social.Aquí exceptúa a los pensionistas y a las víctimas de violencia machista.

El texto recoge de esta forma el decálogo que presentó el pasado 10 de noviembre el alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), si bien hay algunas diferencias, la mayoría de matiz. La más relevante es que Maroto abogó por exigir un mínimo de diez años de empadronamiento, mientras que la ILP deja finalmente esta cifra en cinco años.

Otros cambios propuestos por Maroto y recogidos en la ILP son permitir cobrar la RGI a quienes tengan un inmueble de "escaso valor" distinto a la vivienda habitual o mejorar el complemento que reciben los pensionistas a través de la RGI en aquellos casos en que no puedan hacer frente a las facturas energéticas (electricidad, gas, agua.).

También coinciden a la hora de no computar como ingresos los préstamos obtenidos por una persona para una actividad empresarial cuando haya cesado.

La comisión promotora fue recibida en el Parlamento vasco por Maroto.El parlamentario y alcalde de Vitoria expresó su apoyo absoluto a la ILP y anunció que va a firmar personalmente para respaldar su proyecto e intentar que el debate sobre la RGI llegue al Parlamento Vasco y obligue al resto de grupos a "quitarse la venda de los ojos" en torno a este problema.