Las ruinas gallegas de Fadesa

El mayor concurso de acreedores de la historia en España, el de la constructora Martinsa-Fadesa en el verano de 2008, así como sus actuales dificultades para evitar la quiebra, pone aún más cerca del abismo y de la ruina económica a dos Ayuntamientos coruñeses, Miño y O Pino. Ambos, bajo el bastón de mando del PP desde hace décadas, abocaron las arcas municipales a una bancarrota por el mismo camino: encargarse, con condiciones preferentes para la entonces todopoderosa inmobiliaria fundada por el coruñés Manuel Jove pero nefastas para sus vecinos afectados, de expropiar los terrenos necesarios para albergar negocios privados a gran escala, como la descomunal pero aún inacabada urbanización Costa Miño Golf (1.217 viviendas y parcelas), o un inexistente polígono industrial de un millón de metros cuadrados en O Pino. Era el boom del ladrillo y a principios del siglo atraer macroproyectos constituía la vía preferida de los alcaldes para supuestamente llevar el progreso a sus pequeños municipios.

Unas desatinadas y rocambolescas tramitaciones de expropiaciones acabaron, tras más de una docena de años de entuertos, litigios, impagos y condenas judiciales, por ser tumbadas por los tribunales y ponen a ambos Ayuntamientos en la obligación de pagar millonarias indemnizaciones que duplican o quintuplica sus presupuestos municipales, ya de por sí mermados por la escasez y deudas importantes. El motivo siempre es el mismo: los gobiernos locales pagaron precios irrisorios por las parcelas destinadas a la constructora, unos seis euros el metro cuadrado que tras años de pleitos fueron revisados a alza, hasta seis veces más, por los tribunales.

Pese a todos los varapalos judiciales recibidos en 12 años y tras haber rechazado el Tribunal Supremo la pasada primavera su último intento de evitar el pago de 26 millones de euros a los propietarios expropiados en 2002 para la gigantesca urbanización de Fadesa, el alcalde de Miño, Jesús Veiga Sabín (PP), continúa su estrategia de ganar tiempo con nuevas acciones judiciales. Con ayuda de la Diputación coruñesa, presentó un nuevo recurso, esta vez ante el Tribunal Constitucional, contra la sentencia en firme que condena al Ayuntamiento a pagar los 25 millones de euros (intereses de demora incluidos) por el excesivamente bajo precio de las expropiaciones realizadas en su día para Martinsa-Fadesa.

Si la corporación es responsable, sentenciaron los jueces, es entre otras razones porque ni siquiera pidió aval alguno a la constructora para hacer frente a posibles reclamaciones por el precio, anormalmente bajo, que se pagó inicialmente a los expropiados. Los afectados siguen sin ver un euro pese a haber logrado ganar en los tribunales. Y con la constructora en vías de liquidación si no logra renegociar el concurso de acreedores y el Ayuntamiento, por su parte en la ruina, no parece que los vecinos vayan a cobrar en breve. Los 25 millones quintuplican el presupuesto anual de Miño, una localidad costera de apenas 5.700 habitantes y sin industrias que engrosen las arcas municipales que ya arrastran una deuda importante, que ronda los cuatro millones. Damnificados son también aquellos ciudadanos que compraron vivienda en la macrourbanización inacabada, fantasmal y carente de cualquier servicio básico.

Idéntica es la situación del Ayuntamiento de O Pino, condenado también a pagar casi dos millones de euros a los vecinos a quienes expropió hace más de una década y a bajo precio parcelas para otro negocio de Fadesa Inmobiliaria, un polígono industrial de un millón de metros cuadrados que incluía un hotel pegado al aeropuerto compostelano de Lavacolla. Un proyecto que iba a traer, según su alcalde, Manuel Taboada (PP), “progreso económico y poblacional” a este pequeño municipio del rural, con apenas 4.700 habitantes.

La indemnización que Taboada tratará con nuevos recursos judiciales de evitar pagar, o cuando menos retrasar al máximo su ejecución, arruina a O Pino, cuyo presupuesto anual es tan sólo de 2,8 millones de euros. El alcalde intercedió además ante los vecinos para favorecer a Fadesa y convencerles de aceptar precios tres veces por debajo de lo que al final los tribunales reconocieron a un puñado de expropiados que se embarcaron en largas reclamaciones judiciales. El parque empresarial así como el hotel no existen. Al suspender pagos la constructora, todo se fue al garete.