El juez investigará solo al cura Román y considera prescrito el resto de delitos

El juez Antonio Moreno, que investiga los supuestos abusos sexuales a menores por parte de un grupo de sacerdotes en Granada, ha acordado que la investigación judicial sólo continúe para el padre Román (R. M. V. C.), considerado el cabecilla, mientras que ha declarado prescritos todos los delitos para el resto de los 11 imputados.

El juez argumenta en un auto que la prescripción no se aplica a capricho o arbitrio judicial, sino que es "de obligado cumplimiento, si concurren plazos y requisitos legales", según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia Andaluz (TSJA) en una nota.

A las 11 personas acusadas de supuestos abusos sexuales sin introducción, exhibicionismo o encubrimiento les corresponderían penas que, con sus agravantes, no superarían los tres años de prisión por cada tipo. Desde que se produce la mayoría de edad del denunciante (enero de 2008) hasta que se incoa el procedimiento en noviembre de 2014, “han transcurrido en exceso los tres años previstos en la ley como plazos de prescripción para dichos delitos”, explica el juez.

“Por imperativo aplicativo de la Ley Penal procede declarar prescritos” dichos delitos, afirma el juez en su auto. En cuanto a los hechos presuntamente cometidos por el otro imputado, R. M. V. C., podrían ser constitutivos de delito de abuso sexual continuado con introducción de miembro corporal por vía anal y prevalimiento, castigado con penas de prisión de 4 a 10 años. En ese caso, el plazo de prescripción sería de 10 años, por lo que dicha conducta y delito no estaría prescrito.

La prescripción de la mayoría de los delitos por los que estaban imputadas 12 personas —10 sacerdotes y 2 seglares— en Granada era también la teoría del fiscal encargado del caso, Francisco Hernández.

Solo contra el cabecilla se mantiene la acusación por supuesto delito de abuso sexual con prevalimiento contra el primer denunciante, el joven que puso los hechos en conocimiento del Arzobispado de Granada, del Vaticano y, después, de la autoridad judicial.

La investigación se inició después de que el primero de los dos denunciantes, un joven que ahora tiene 24 años, pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía el pasado mes de octubre, tras recibir en agosto la llamada del Papa, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia al leer el escrito que le envió relatando los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17 años.

La dificultad de la investigación radica fundamentalmente en el tiempo transcurrido desde que supuestamente ocurrieron los hechos y cuando se interpuso la denuncia, que fue el pasado mes de octubre.

Las 12 personas involucradas en este caso de supuestos abusos sexuales a menores en la Iglesia de Granada contaban, según las denuncias, con diferentes grados de participación: cooperantes, encubrimiento, participación necesaria o autores.

Por los hechos fueron detenidos en noviembre tres sacerdotes y un laico, un profesor de Religión, que quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración ante el juez. Solo el padre Román tuvo que abonar una fianza de 10.000 euros para no entrar en prisión preventiva.