El TSJPV muestra su solidaridad hacia la jueza de la lanzadera

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) se ha solidarizado con la jueza que revocó el permiso para que la lanzadera de Galdakao al metro de Etxebarri dejara a sus pasajeros junto al suburbano por las informaciones publicadas con datos personales de la magistrada.

La sala de gobierno del alto tribunal ha adoptado este viernes una acuerdo en relación a la publicación ayer de la noticia que revelaba que la magistrada Ana María Martínez, titular del Juzgado de lo Contencioso número 6 de Bilbao, vive en la misma calle por la que pasaba la lanzadera camino de la estación del metro en Etxebarri.

La jueza anuló las medidas cautelarísimas solicitadas por la Diputación y que habían sido aprobadas días antes por el juzgado, y obligó de nuevo a hacer cumplir la prohibición del Ayuntamiento de Etxebarri, que impide a la lanzadera, una línea de Bizkaibus, a estacionar junto al metro.

El TSJPV ha puesto de manifiesto que "el ejercicio de la libertad de información no ampara el desvelamiento y la difusión de datos personales y de opinión" sobre la jueza, que "sean innecesarios para la realización del interés público al que sirve la crítica informativa".

La magistrada no ha pedido ninguna medida de preservación de la independencia judicial

El alto tribunal ha señalado que la magistrada no ha solicitado ninguna medida de preservación de la independencia judicial, por lo que no procede su adopción por la sala de gobierno.

Sin embargo, el TSJPV ha expresado su solidaridad por "la situación resultante de desvelamiento y difusión mediática de datos personales y de opinión" de la que ha sido objeto.

El tribunal ha demandado al medio de comunicación que publicó el lugar de residencia de la magistrada que "atendiendo a elementales motivos de protección de la seguridad y de la intimidad, se abstenga de dar publicidad sobre datos referidos a los domicilios y a los espacios de privacidad de los integrantes del Poder Judicial".

Por su parte, el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha vuelto a respaldar el proceder de la jueza por el "ataque injustificado" que ha sufrido y ha defendido su independencia en la toma de decisiones.

"Se trata -ha indicado en una nota- de una magistrada intachable, muy querida en su juzgado, respetada por sus compañeros" y respecto a quien "no consta en el Juzgado Decano queja alguna sobre su actuación profesional".

A su juicio, lo ocurrido con las informaciones periodísticas en torno a este caso se sitúa "en el polo diametralmente opuesto" al escenario "deseable". Según ha argumentado, "lejos de plantear un argumento jurídico con el que rebatir la decisión de la magistrada, la crítica se centra exclusivamente en el plano personal", en función de su lugar de residencia, junto con "una serie de informaciones inexactas sobre "la trayectoria" de la jueza.

El juez decano de Bilbao ha reiterado que las referencias a la vida personal de la magistrada "incurren en un grave ataque" a su seguridad, al incluirse "una fotografía del edificio donde reside".

También ha cuestionado que se haya insistido en "una supuesta infracción de un deber de abstención" por parte de la jueza a partir de "la opinión de una fuente jurídica ajena al procedimiento, entendiendo que como residente en Etxebarri, tenía un interés particular en la resolución del conflicto".

"Lo alarmante de tal argumento -ha indicado- es que ninguna de las partes lo ha puesto de manifiesto en el proceso judicial y que se introduce a posteriori, de manera interesada", después de que la decisión cautelar no se haya recurrido ante el TSJPV y haya devenido en firme.