Imputada la candidata del PP en El Boalo

El Juzgado de Instrucción número 6 de Colmenar Viejo ha abierto diligencias e imputado, a raíz de una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid, a Carmen Díaz Carralón, exalcaldesa de El Boalo (7.000 habitantes) y candidata municipal del PP en las elecciones del 24 de mayo, y a los miembros de las juntas de gobierno de las legislaturas de 2003-2007 y 2007-2011 por los presuntos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios. Desde el PP negaron tener constancia de las imputaciones.

El actual equipo de Gobierno de El Boalo, Cerceda y Mataelpino —un cuatripartito formado por PSOE (con Javier de los Nietos como alcalde), IU y los grupos independientes Juntos por el Boalo y Soy Vecino, que entre todos suman seis ediles, como el PP— presentó en febrero de 2014 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por supuestas irregularidades detectadas durante los ejercicios 2006 y 2011.

Por ejemplo, denunciaron “deficiencias e irregularidades que no sería exagerado calificar de graves y muy graves” en expedientes municipales. El informe puso de manifiesto que “existían indicios de adjudicaciones de numerosas obras públicas a dedo”, señala el regidor del PSOE. El Gobierno local destaca además la desaparición de “la totalidad de los expedientes de contratación y de la documentación relacionada” de los archivos municipales.

La fiscalía entiende, tras más de un año de investigaciones, que Díaz Carralón y los integrantes de las dos juntas de gobierno bajo sospecha “aprobaron la tramitación tanto de expedientes como de adjudicaciones de contratos plagados de irregularidades”. Y se centra en varios contratos que se realizaron con la “omisión de las normas esenciales en la tramitación de los mismos”.

En concreto, se refiere al edificio sociocomunitario de El Boalo, cuya construcción se adjudicó a la empresa Rico en marzo de 2006, en contra del informe del interventor y pese a que el arquitecto municipal había informado de una oferta mejor por parte de la firma Arkiter Prodesa. “Se desconocen los criterios de valoración de las ofertas presentadas por los licitadores (que no se encuentran en el expediente) ni los motivos de interés público que determinaron la adjudicación a Rico”, dice la fiscalía.

Lo mismo sucedió con el edificio administrativo-social de Cerceda y el complejo sociocultural de Mataelpino, adjudicados a Rico en las mismas fechas, con los reparos de la intervención municipal. Alfonso Baeza (Juntos por El Boalo), responsable de seguridad y obras, incide en que la construcción del centro cultural de Cerceda se adjudicó en 1,8 millones y tuvo un sobrecoste del 42%. “Un caso similar al de Mataelpino, que partió de 1,5 millones y los modificados lo elevaron un 35%”. “Paralizamos el convenio aprobado por nuestros predecesores para el pago de la deuda pendiente de estos edificios. Los tribunales nos han dado la razón”, aprecia De los Nietos. “El grueso de la deuda municipal, de nueve millones, con seis de presupuesto anual, se debe a estos edificios”, sentencia Blanca Ruiz (Soy Vecino), concejal de Hacienda y Urbanismo. José Ángel Guerrero (IU) recuerda que para costear las obras “se vendieron unas parcelas a posteriori, cuando además no se podían destinar los ingresos a los edificios”.