El juzgado imputa al alcalde de Tarragona por prevaricación

El juzgado que investiga la supuesta prevaricación en el ayuntamiento de Tarragona, el que fue bautizado como caso Inipro, ha citado al alcalde de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros, para que declare como imputado por los hechos. Las diligencias judiciales tratan de aclarar los pagos que el Ayuntamiento de Tarragona hizo a la empresa Inipro, afín al PSC, por unos servicios de asesoramiento a la población inmigrante. Inipro se adjudicó unos contratos para potenciar el asociacionismo de los colectivos inmigrantes sin pasar por concurso público.

Más tarde la empresa también se benefició de una prórroga irregular de la concesión. Una investigación coordinada por la Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil destapó el asunto y el juzgado entiende ahora que puede darse la concurrencia de delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios en subastas públicas. Los primeros imputados —figura que por un cambio en la normativa procesal ha pasado a rebautizarse como investigados— declararán en el juzgado a partir del próximo día 26. Entre ellos estará el alcalde socialista, a pesar de que desde el equipo de gobierno siempre se han atribuido los desmanes en el área de servicios sociales a error de gestión y no a un episodio de corrupción.

De hecho, la portavoz municipal, Begoña Floría, ha destacado en varias ocasiones que el gobierno municipal relevó del cargo a quien fue el gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), Antonio Muñoz, detenido por la Guardia Civil en octubre pasado. Sin embargo, desde el grupo municipal de la CUP, personada en el caso en calidad de acusación, mantienen que Múñoz abandonó el IMSS con premio, ya que le fue asignado otro puesto municipal y le mejoraron las condiciones de trabajo.

A parte de Ballesteros, también están imputados, entre otros, la exconcejal Victoria Pelegrín y el que fuera cabeza visible de las juventudes socialistas en Tarragona, Alejandro Caballero.