La jefa de FGV niega que se instruyera a nadie sobre el accidente de metro

Marisa Gracia, gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en el momento en que se produjo el accidente de metro de Valencia que causó 43 muertos y heridas a 47 personas en el año 2006, ha mantenido este jueves que no se instruyó a ninguno de los comparecientes en la comisión de investigación parlamentaria que se celebró en el Parlamento autonómico pocas semanas después del siniestro.

Según ha dicho Gracia en su comparecencia en la nueva comisión del metro que están celebrando las Cortes Valencianas, se recurrió a una empresa de comunicación, H&M Sanchis para que explicase a los empleados de FGV que debían acudir a la Cámara "qué era una comisión de investigación y cómo iban a tener que contestar", porque ellos no estaban "acostumbrados" a hacerlo.

La exdirectiva ha negado, en cambio, que se les instruyera "sobre lo que tenían que decir". Las conclusiones que expusieron, ha afirmado Gracia, achacando la responsabilidad del accidente al exceso de velocidad, las extrajeron los mismos "técnicos" que iban a declarar, "no el consejero ni ninguna otra persona".

Gracia ha rechazado que H&M elaborase un "cuestionario" con lo que debían responder los comparecientes en la anterior comisión. "Lo que hizo la agencia fue poner en un papel las explicaciones de los técnicos para que hablasen en un lenguaje que se entendiera", se ha defendido la exgerente ante las preguntas de Podemos, Ciudadanos, Compromís y socialistas, muy críticos con su actuación.

La exgerente ha afirmado que tras el accidente puso su cargo "a disposición" del Gobierno valenciano, pero que el entonces consejero de Transportes, José Ramón García Antón, ya fallecido, lo rechazó. "Me dijo: 'No vas a dimitir y esto lo vamos a llevar entre los dos". Gracia ha dicho que decidió no presentar su dimisión irrenunciable "por responsabilidad". "Pensé que en aquellos momentos trágicos y convulsos era más responsable quedarme allí y ayudar a que FGV pudiera seguir trabajando". Gracia renunció en 2012, según ha dicho, al sentir que había "perdido la confianza del consejo de administración" de FGV, esto es, del Gobierno valenciano.

Caja negra

La exgerente ha asegurado que la caja negra fue llevada desde el lugar del accidente a la sede de FGV porque solo podía leerse en otro tren, pero ha afirmado que su manipulación estuvo siendo supervisada por la policía judicial.

Gracia ha vuelto a defender el exceso de velocidad como causa única del accidente. Ese fue el argumento que llevó a la juez a archivar la causa judicial abierta en su momento, ya que el responsable de la conducción del convoy murió en el accidente y la magistrada consideró extinguida la responsabilidad penal.

Según la exdirectiva, la curva donde tuvo lugar el siniestro no había sido considerada hasta aquel momento un "punto negro" y por ella habían pasado trenes 1,5 millones de veces sin que se produjeran incidencias. Preguntada por si la Línea 1 de Metrovalencia era segura, Gracia ha insistido en que lo era. "Sí, si se hubieran cumplido todas las condiciones que se debían dar. Si el conductor no hubiera ido a 80 kilómetros por hora, el tren no habría volcado y no se habría producido el accidente. Cualquier tren que hubiera pasado a esa velocidad hubiera volcado. El maquinista no cumplió el reglamento de circulación", ha declarado.

Más seguridad

José Vicente Dómine, que era director general de Transportes cuando se produjo el accidente, ha admitido que una baliza extra en el lugar de la curva donde se produjo el vuelco del convoy hubiera disminuido la probabilidad del accidente. "Nadie puede hablar de un sistema de señalización completamente seguro, existen mayores probabilidades o no", ha declarado.

"No me plantee la dimisión en ese momento", ha añadido. "No sé qué hubiera hecho si hubiera conocido entonces la información adicional que se ha sabido más tarde".

Las otras dos personas citadas a declarar en la comisión, Vicente Contreras y Francisco García, que ocupaban puestos directivos en el momento del siniestro, han rechazado hacerlo con el argumento de que están imputados en la causa penal abierta en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia después de que la Audiencia Provincial decretase hace dos años su reapertura.